Aunque desde hace tres años, en 2011, el Congreso de la República buscaba modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, recién logró su cometido el pasado 10 de enero. De inmediato, diversos especialistas e instituciones defensoras del medio ambiente denunciaron que la aprobación y promulgación de dicha norma era irregular, pues no tomó en cuenta dos reconsideraciones interpuestas por las parlamentarias Ruth Luque y Susel Paredes.
La autógrafa fue firmada por el presidente del Congreso, el controvertido Alejandro Soto, famoso por haberse grabado en una entrevista a sí mismo cuando conducía un programa periodístico en Cusco; y Waldemar Cerrón, el hermano de Vladimir, quien hoy está prófugo de la justicia.
Sin embargo, el tema de fondo y preocupante es que dicha ley debilita la lucha contra los delitos ambientales en la Amazonía y abre la puerta a la deforestación de los bosques. Algunos expertos en materia ambiental señalan que detrás de su rápida aprobación están empresarios que enfrentan investigaciones por daño al medio ambiente.
Amazonía en peligro
El profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Marc Jean Dourojeanni, veterano conocedor de la Amazonía, señala que la modificación de la ley 29763 “va a provocar un caos en la gestión de los bosques del Perú y, sin duda, una aceleración de la deforestación, precisamente contra la corriente mundial en estos días de preocupación extrema por el cambio climático”.
Enterados del despropósito del Congreso, el Colegio de Sociólogos de Lima y Callao junto a expertos del Instituto de Defensa Legal (IDL) interpusieron una demanda de inconstitucionalidad. Por su parte, el congresista Alfredo Pariona presentó un proyecto de ley para derogar las modificaciones que realizó el Congreso a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
Al respecto, el reconocido abogado especializado en materia ambiental, César Ipenza, criticó la ley 31973, aprobada por insistencia en el Congreso, debido a varias razones. Una de ellas, dijo a Norte Sostenible, es que la norma incluye una disposición complementaria final que será agregada a la Ley Forestal actual y que modifica las reglas del cambio de uso de la tierra al crear “áreas de exclusión para fines agropecuarios”.
La norma debilita la protección a los bosques y la gestión ambiental, y se ignoran los derechos de los Pueblos Indígenas y se incentiva la deforestación.
“Estas áreas serían exceptuadas de realizar la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, así como de los requisitos del cambio de uso de la tierra (que son exigidos en el artículo 38 de la Ley Forestal). Con ello, esta norma se convertiría en un mecanismo de impunidad, destrucción y violación de derechos humanos, pues se instalarían actividades agropecuarias o agroindustriales sin evaluar previamente si un área tiene capacidad para ser usada como tierra forestal o agropecuaria”, explicó.
Agregó que esas modificaciones solo benefician a actores que han incumplido previamente con los requisitos exigidos en la Ley Forestal. Al mismo tiempo se debilita la protección a los bosques y la gestión ambiental, y se ignoran los derechos de los Pueblos Indígenas y se incentiva la deforestación.
Respecto a quienes sostienen que la reciente ley aprobada por el Congreso beneficia a los pequeños agricultores, Ipenza indicó que no es así. Por el contrario, “nos pone en una posibilidad de que la Unión Europea nos coloque en la lista roja, debido a que se pretende «sacar la vuelta a la ley» y no es exacto que esta nueva modificatoria resuelva ese punto”, dijo.
Los puntos controvertidos de una ley antiforestal
Las críticas a la reciente ley, que ha sido denominada antiforestal, se centran en el hecho de que promueve la deforestación de los bosques y alienta, de manera indirecta, las actividades ilegales, como minería informal, tala indiscriminada, tráfico de tierras y narcotráfico. De esa manera se debilita la lucha contra las mafias de madera, minería y narcotráfico. Además, se desprotege a los defensores ambientales, quienes ahora quedarán más expuestos.
Es decir, la norma solo beneficia a organizaciones criminales que destruyen la Amazonía. “Aquellos que promueven esta norma representan a intereses de grupos económicos grandes, que han generado deforestación y enfrentan procesos judiciales por delitos ambientales y organización criminal. El fin de ellos es generar un ambiente de impunidad”, enfatizó Ipenza.
Se debilita la lucha contra las mafias de madera, minería y narcotráfico. Además, se desprotege a los defensores ambientales, quienes ahora quedarán más expuestos.
La ley 31973 modifica dos artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El artículo 29, que establece que a partir de ahora los bosques de producción permanente serán establecidos por el Ministerio de Agricultura (Midagri). Antes esta tarea la realizaba el Ministerio del Ambiente (Minam). El otro artículo, el 33, señala que la aprobación de la zonificación forestal será realizada también por el Midagri; ya no por el Minam.
A través de un comunicado, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) indicó que las modificaciones a la Ley Forestal “promueven y legalizan la deforestación y degradación de los bosques, y ponen en riesgo los medios de vida de las familias agricultoras en la Amazonía. Además, vulnera los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”. En diciembre, diversas organizaciones ambientalistas y ONG rechazaron la norma que vulnera la soberanía de los pueblos indígenas y es una grave amenaza contra la Amazonía.
Adicionalmente, unos 3 mil casos que se encuentran en etapa de investigación en las fiscalías ambientales y en etapa de juzgamiento en el Poder Judicial irían al archivo por efectos de la modificación de la ley forestal, reveló un informe de Epicentro TV, que sustenta su investigación en datos de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente . Casos como el de los Menonitas en Ucayali o Tamshi en Loreto se beneficiarían con la reciente norma aprobada por el Congreso de la República.
