El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) firmó este martes el contrato para la ejecución del megaproyecto de agua potable y alcantarillado destinado a 105 asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla. La obra, largamente esperada por miles de familias que aún no cuentan con acceso a servicios básicos, tendrá un costo de S/ 658 millones y un plazo de ejecución de 720 días calendario.
El consorcio ganador, denominado Consorcio Castilla, está conformado por las empresas Proyectos de Ingeniería 63 S.L. Sucursal del Perú, Jagui S.A.C., Kibe Construcciones Generales S.A.C. y HGD Contratistas S.A.C.. Sin embargo, tres de estas firmas presentan antecedentes negativos en contratos públicos, lo que ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones civiles.
Empresas con antecedentes negativos
Una de las empresas más cuestionadas es Jagui S.A.C., que fue suspendida temporalmente para contratar con el Estado peruano entre marzo y agosto de 2023, por disposición del Tribunal de Contrataciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas (OECE). La razón fue haber incurrido en penalidad máxima por mora en la ejecución de un proyecto de electrificación en siete regiones del país, convocado por el Ministerio de Energía y Minas.
Además, entre 2021 y 2023, esta empresa recibió al menos 12 penalidades por obras de saneamiento en Sullana y Abancay. Los informes estatales indican deficiencias como ausencia de personal técnico en obra, retrasos en valorizaciones, incumplimiento de cronogramas y deficiencias ambientales, entre otros. Las multas acumuladas rondan el millón de soles.
Otra empresa integrante del consorcio, HGD Contratistas S.A.C., fue sancionada en 2022 con una multa de más de S/ 8,000 por incumplimientos durante una obra de saneamiento en Lima. Asimismo, Proyectos de Ingeniería 63 S.L. fue multada en marzo de 2024 con S/ 37,000 por deficiencias en la elaboración del estudio técnico del puente Tarata, contratado por Provías Nacional.
Antecedentes del proceso
Cabe recordar que esta megaobra ha tenido una historia de retrasos y controversias. En marzo de este año, la buena pro fue otorgada inicialmente al Consorcio Perla de Castilla, pero dicha decisión fue revocada por el OECE, que declaró fundada la apelación presentada por el Consorcio Castilla, que finalmente ejecutará esta magaobra.
La etapa de evaluación para contratar a la empresa supervisora —encargada de fiscalizar la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra y la operación asistida— concluyó el 12 de junio, con la elección del consorcio Supervisor Piura, integrado por las empresas Meta Engineering SA Sucursal del Perú y Dohwa Engineering CO. LTD. Sucursal del Perú. Esta última fue inhabilitada de manera temporal por 36 meses por el Tribunal de Contrataciones del Estado al haber presentado información falsa para una obra en Amazonas.
La imposibilidad de contratar con el Estado peruano se extendía hasta octubre del 2027, sin embargo, dicha sanción fue suspendida por una medida cautelar recogida en la resolución N.º 02 del 17.01.2025 (Exp. N.º 00023-2025-85-1801-SP-CA-03), emitida por los magistrados Carrasco Alarcón y Monzón Valencia de la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima.
Pero no fue el único castigo que ha recibido. De acuerdo con información de OECE, Dohwa Engineering CO. LTD. Sucursal del Perú también ha recibido 19 penalidades por más de 2 millones de soles a lo largo de su carrera, por haber incurrido en una serie de infracciones en diversas obras en Perú. Destacan la ausencia de personal, no haber entregado información de los avances a tiempo, penalidad por mora, etc.
Una obra urgente, pero con dudas
Pese a la importancia del proyecto para la calidad de vida de miles de piuranos, el historial de sanciones de las empresas contratadas pone en entredicho la capacidad técnica y la confiabilidad del consorcio Castilla. Desde distintos sectores, se insiste en la necesidad de una vigilancia ciudadana activa y de una supervisión técnica rigurosa por parte del Estado.
En tanto, la población espera que esta vez sí se cumplan los plazos y se garantice un servicio de agua digno y sostenible para una de las regiones más golpeadas por la crisis hídrica y el acceso al agua potable.
