Por: Analí Valencia
A un año y medio de que termine su gestión, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra León ha comenzado una lluvia de adjudicaciones millonarias para construir polideportivos, pistas y veredas y dotar de “bandas de paz” a 300 colegios secundarios de la región. No obstante, estos proyectos, aplaudidos por sus fanáticos, han causado muchísima desazón y crítica por parte de especialistas y colegios profesionales, que consideran urgente priorizar otros temas, como el cierre de brechas en el acceso a agua potable y alcantarillado o la construcción de más escuelas y centros de salud.
Una de esas obras celebradas por el Gobierno Regional de Piura es el mejoramiento de la Av. Sullana, en el tramo comprendido entre las avenidas Sánchez Cerro y Cáceres, cuyo costo asciende a S/ 18 millones. En la actualidad, sin embargo, los trabajos están suspendidos desde el 07 de julio de este año, es decir, hace 18 días, debido a interferencias físicas no contempladas en el expediente técnico. En otras palabras: la presencia de redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones.
Por ese motivo, el consorcio a cargo de la obra ha solicitado una prestación adicional, que deberá ser aprobada por el Gobierno Regional de Piura, para que se reanuden los trabajos. En un reciente recorrido que realizamos, vecinos, comerciantes y conductores solicitaron el inmediato reinicio de los trabajos y que la constructora cumpla los plazos establecidos. El contrato contempla que la obra deberá concluirse a fines de octubre de este año, aunque con el adicional seguramente también habrá ampliación de plazo.
El costo de la obra se incrementó en 51% respecto de la viabilidad (11.9 millones), y en la actualidad presenta un avance físico de 17% según la última declaración realizada por la entidad regional el 15 de julio de este año. Sin embargo, el avance financiero es de 44.2%, ya que se ha cancelado hasta el momento casi S/ 8 millones.
Obra con retraso y nexos sospechosos
De acuerdo con la información de Inviertepe, la obra de la Av. Sullana actualmente se encuentra con un retraso del 13.33%. Lo que se ha avanzado es la demolición de pavimento rígido, veredas, gradas y rampas de concreto, corte de terreno a nivel de subrasante, compactación y base de afirmado. También se destruyó la ciclovía que ejecutó la Municipalidad de Piura, a cargo de Gabriel Madrid, y que costó casi S/ 800 mil. Es decir, se botó plata al agua que pudo servir para mejorar los servicios básicos en la ciudad.
El consorcio a cargo de la Av. Sullana está conformado por las empresas Construcciones y Servicios Yadimar EIRL y Constructora San Sebastián Piura SAC, cada una con 50% de participación en la ejecución de la obra. La última, sin embargo, tiene como principal accionista a Augusto Naquiche Yovera, un empresario detenido en agosto del 2023 acusado de formar parte de la presunta organización criminal “Los operadores de la reconstrucción”, liderada por el exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Robert López; y por el exalcalde de la Unión, Fernando Ipanaqué. Se los acusaba de haber direccionado obras a ciertas empresas, como la de Naquiche Yovera, a cambio de sobornos.
Naquiche Yovera es militante activo desde el 2010 del movimiento político Fuerza Regional, por el que también postuló para alcalde provincial de Piura en las elecciones del 2018, sin éxito, el actual gobernador regional Luis Neyra.
Constructora “con suerte” en el Gobierno Regional
Lo que llama la atención en las recientes adjudicaciones del Gobierno Regional de Piura es que la Constructora San Sebastián Piura SAC haya ganado tres contratos millonarios con esta entidad regional. Aunque todos son en consorcio, en la actualidad esta empresa ejecuta cinco obras en paralelo: tres de la entidad regional, una de la Municipalidad Provincial de Paita y una quinta de la Universidad Nacional de la Frontera.
Es el caso de la Av. Sullana, donde cuenta con el 50% de participación; el mejoramiento de la Av. Don Bosco por S/ 58 millones (40% de participación), la construcción de 24 polideportivos por S/ 85 millones (12% de participación). También ejecuta en paralelo por S/ 11 millones el mejoramiento de pistas y veredas en Paita (30% de participación), financiada por la Municipalidad Provincial de Paita. La quinta obra es la creación del servicio de laboratorio de gastronomía y hotelería de la Universidad Nacional de la Frontera por S/ 19 millones. Allí cuenta con el 50% de participación.
Esta última obra está contemplada concluir en julio del 2026, mientras que los trabajos en Paita deberían terminarse en septiembre de este año. En el caso de las obras del Gobierno Regional de Piura, la Av. Sullana está programada que finalice en octubre 2025; la Av. Don Bosco se terminaría en agosto del 2026; y los polideportivos en agosto de este año.
Al respecto, la experta en Gestión Pública y docente de la Universidad de Piura (UDEP), Juana Huaco, dijo a Norte Sostenible que eso ocurre cuando se contrata a empresas pequeñas, sin la capacidad técnica y económica. “Por eso es que se paralizan las obras, se suman adicionales y se piden ampliaciones de plazo. Esos son los riesgos. Nos llama la atención, porque finalmente se ejecutan obras mal hechas. Aquí debería intervenir la Contraloría y los entes fiscalizadores”, dijo.
Con ella coincidió el decano del Colegio de Arquitectos, Leopoldo Villacorta, quien sostuvo que “la supervisión de las obras deben hacerle un control estricto en el aspecto financiero y técnico;y si la obra no presenta retrasos. Puede haber riesgos pero deben ser controlados, se debe verificar que se cumplan los plazos; y el rol de la Contraloría es clave”, indicó.
Supervisión cuestionada
Como señala Villacorta, la empresa supervisora juega un rol trascendental en la correcta ejecución de la Av. Sullana. Se trata del Consorcio Supervisor Vial, conformado por H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción SAC (70%) y Roger Ipanaqué Sernaqué (30%). Este último también formó parte del equipo supervisor de la cuestionada obra del Parque de las Aguas. Entre sus antecedentes figura que en 2021 el Tribunal de Contrataciones del Estado del OECE le aplicó una penalidad de S/ 6,310, por no presentar su informe mensual en el plazo requerido de una obra en un colegio de Huarmaca, en la sierra de Piura.
Ese año también estuvo inmerso en la destitución del jefe de Infraestructura del municipio de Piura, Lenin Talledo Peña. ¿La razón? El entonces alcalde Juan José Díaz Dios se enteró que Talledo Peña, quien también era integrante del comité de selección de las obras, había favorecido con consultorías a su socio empresarial: Roger Ipanaqué.
Ipanaqué Sernaqué también supervisa a la Constructora San Sebastián Piura SAC (encargada de la Av. Sullana) en una obra de la Universidad Nacional de la Frontera
De igual manera, en marzo del 2023 la Municipalidad Distrital de Morropón resolvió el contrato con Ipanaqué Sernaqué, quien era supervisor en la obra de mejoramiento del colegio Antonio Raymondi de ese distrito, porque no se le encontró en su puesto cuando se le requería.
Sin embargo, lo más llamativo es que Ipanaqué Sernaqué también supervisa a la Constructora San Sebastián Piura SAC (encargada de la Av. Sullana) en la obra de creación del servicio de laboratorio de gastronomía y hotelería que ejecuta en la Universidad Nacional de la Frontera, ubicada en la provincia de Sullana. Los expertos esperan que la concentración de tantas obras en una sola empresa no genere retrasos, adicionales, ampliaciones de plazo u obras de mala calidad.
Foto de portada: Avenida Sullana/ Analí Valencia
