La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Sullana ha formalizado la investigación preparatoria contra una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de más de 650,000 kilogramos de palo santo, una especie forestal protegida y catalogada en «peligro crítico». La red, según la tesis fiscal, operaba en la sierra de Piura utilizando a las comunidades campesinas de Chocán, Cujaca y Túpac Amaru de Anchalay, en la provincia de Ayabaca, como fachada para legalizar el producto maderable de origen ilícito.
La investigación, contenida en la Disposición N° 24-2025 a la que accedió Norte Sostenible, alcanza a un exalto funcionario de Serfor-Piura, Roberto Seminario Trelles (quien hasta el 28 de agosto se desempeñó como jefe del Serfor Piura), así como a otros siete funcionarios y exfuncionarios de la entidad, consultores, regentes forestales, dirigentes comunales y un grupo de inversionistas. En total, son más de veinte los imputados. A todos se les atribuyen los delitos de organización criminal y tráfico ilegal de productos forestales maderables, con agravantes.
El modus operandi, según detalla la fiscalía, consistía en una operación sistemática y estructurada en tres fases. Primero, la organización elaboraba Planes de Manejo Forestal (PMFI) con información técnica presuntamente falsa, consignando volúmenes de aprovechamiento que no correspondían con la realidad del recurso disponible en las comunidades.
Posteriormente, funcionarios de Serfor-Piura, presuntamente contrario a sus deberes, participaban en inspecciones oculares deficientes que validaban la información fraudulenta, permitiendo que el entonces Administrador Técnico, Antero Martínez, emitiera resoluciones administrativas que otorgaban permisos irregulares. Finalmente, con estos permisos, se emitían guías de transporte forestal para movilizar el palo santo, dándole una apariencia de legalidad para su comercialización.
La red identificada por Fiscalía
La fiscalía ha identificado dos núcleos dentro de la organización. El «Núcleo Técnico-Administrativo», que estaría liderado por la consultora Edith Varinia Phumpiú Cuba, se encargaba de confeccionar los documentos técnicos y obtener los permisos. En este grupo se encuentran funcionarios de Serfor como Roberto Seminario Trelles, Hermenegildo Cortez Neira, Nelly Pilco Díaz y Winson Ramirez Lequernaque, quienes son investigados por presuntamente validar información falsa en las inspecciones.
El segundo grupo, el «Núcleo Económico-Comercial», era liderado por Ely Asdrubal Calle López e integrado por un consorcio de inversionistas. Este núcleo financiaba todo el proceso y se encargaba de la comercialización del producto ya «blanqueado». La fiscalía sostiene que su participación era activa desde el inicio, pues los contratos de asociación que firmaban con las comunidades los obligaban a «participar en la elaboración del expediente técnico», lo que les habría dado conocimiento de la presunta ilegalidad de la operación.
Un caso emblemático es el de la comunidad de Chocán. El expediente, que ya contaba con múltiples observaciones técnicas por parte de la sede de Serfor en Ayabaca, fue derivado irregularmente a la sede de Chulucanas. Allí, el equipo liderado por Roberto Seminario realizó una inspección en la que, según el propio informe resultante, «no se verificó ningún vértice de los 34 consignados» y solo se evaluaron 86 de los más de 3,600 árboles declarados. A pesar de ello, se recomendó aprobar un permiso para extraer más de 211,000 kilogramos de palo santo.
En la comunidad de Anchalay, el permiso se otorgó por silencio administrativo positivo, a pesar de que la ley lo prohíbe para casos que afecten recursos naturales y de que existían informes técnicos con serias observaciones pendientes de subsanar. La Fiscalía ha solicitado un plazo de 36 meses para la investigación preparatoria debido a la complejidad del caso, al tratarse de una presunta organización criminal.
La participación del exjefe del Serfor
El 17 de noviembre de 2022, un expediente técnico espinoso, el de la Comunidad Campesina de Chocán, fue derivado al despacho de Seminario Trelles. El plan de manejo forestal ya había sido revisado por la sede de Ayabaca, la jurisdicción correcta, donde el Ing. Nelvyn Meléndez Pereyra había levantado múltiples banderas rojas: observaciones técnicas y legales que ponían en duda la viabilidad y legalidad del aprovechamiento solicitado.
Pero en un movimiento que la fiscalía considera sospechoso, el entonces Administrador Técnico de SERFOR-Piura, Antero Martínez González, decidió sacar el expediente de Ayabaca y enviarlo a la sede de Chulucanas, bajo la responsabilidad de Seminario Trelles. Con esta decisión, el destino del bosque de Chocán cambió de rumbo.
El 30 de noviembre de 2022, el Ing. Seminario Trelles lideró la crucial inspección ocular en Chocán. Junto a él estuvieron otros funcionarios de SERFOR: Hermenegildo Cortez Neira, Nelly Esther Pilco Díaz y Winson Ramírez Lequernaque. Su misión era una sola: verificar en el terreno que lo declarado en el papel —un censo de más de 3,600 árboles de palo santo listos para ser aprovechados— fuera real.
Sin embargo, lo que ocurrió en campo, según admite el propio informe que se generó después, distó mucho de ser una verificación exhaustiva. «No se verificó ningún vértice de los 34 consignados en el expediente técnico», reconoce el documento. De los miles de árboles declarados, el equipo solo evaluó 86. A partir de esa minúscula muestra, se realizó una «extrapolación» para validar el volumen total solicitado por la comunidad y sus socios inversionistas.
A pesar de estas graves deficiencias, el 6 de enero de 2023, Seminario Trelles visó el infoeme N° D000002-2023-MIDAGRI-SERFOR-ATFFS-PIURA-Sede Chulucanas. Su firma avaló la recomendación final: Aprobar el plan de manejo. Dos semanas después, Antero Martínez emitió la resolución administrativa que otorgaba el permiso para extraer la asombrosa cantidad de 441.4164 m³, equivalentes a más de 211,000 kilogramos de palo santo.
Para la fiscalía, la participación de Roberto Seminario no fue un mero descuido administrativo. Se le considera coautor de los delitos y una pieza fundamental dentro del «Núcleo Técnico-Administrativo» de la presunta organización criminal. Este núcleo, liderado según la investigación por la consultora Edith Varinia Phumpiú Cuba, se habría encargado de la «elaboración fraudulenta de documentos técnicos y la obtención irregular de permisos».
La tesis fiscal es clara: la firma y el aval de Seminario y otros funcionarios en inspecciones deficientes fueron una contribución esencial para dar una fachada de legalidad a toda la operación. Su conocimiento técnico como ingeniero forestal, argumenta la fiscalía, le permitía saber que la extrapolación de una muestra tan pequeña no podía reflejar la realidad del recurso disponible, configurándose así el dolo eventual.
Norte Sostenible se comunicó en varias oportunidades al teléfono de Seminario para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta edición no contestó las llamadas.
Foto de portada: Incautación de palo santo por parte de Serfor Piura. Crédito: Serfor Piura.
