Los océanos cubren el 70% de la superficie terrestre, sustentan la vida en el planeta y son depósitos vitales de biodiversidad y alimentos para miles de millones de personas. Sin embargo, la creciente demanda de recursos ha impulsado una rápida expansión económica en los mares, conocida como la «aceleración azul», que incluye el crecimiento exponencial de sectores como el petróleo y el gas, la acuicultura, la pesca industrial, el turismo y la minería.
Esta expansión ejerce una presión acumulativa sobre los entornos marinos y costeros, provocando la sobreexplotación de las pesquerías, la destrucción de hábitats y la contaminación. Como resultado, las comunidades costeras se ven obligadas a adoptar el rol de “defensores del océano”.
Los defensores del océano son individuos, grupos y comunidades, incluyendo pescadores de pequeña escala, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, que se organizan y actúan para proteger el medio ambiente marino y sus derechos humanos frente a amenazas existenciales.
Amenazas y ataques a defensores
A pesar de su labor crucial, los defensores del océano se enfrentan a una represión generalizada y ataques que son totalmente inaceptables y que deben detenerse. Las formas de agresión incluyen marginación política, amenazas, acoso, represión, deslegitimación, criminalización, detenciones, violencia física e incluso asesinatos, señala el informe “Defensores del océano: Protectores del ambiente marino y de los derechos humanos”.
La investigación indica que, aunque la documentación histórica se ha centrado más en los defensores terrestres, existe una evidencia alarmante de que los asesinatos de defensores del océano están aumentando, pero a menudo permanecen “ocultos bajo las olas” debido a datos incompletos. Es preocupante que los estudios de caso analizados en el informe, a pesar de su limitado número, ya documentaran asesinatos en al menos cuatro de ellos.
La impunidad es un factor clave en esta crisis: los perpetradores de la violencia y los actos represivos (a menudo agentes del sector privado o estatal) actúan sin rendir cuentas.
Para resistir, los defensores del océano emplean diversas tácticas, como intervenciones legales y políticas, creación de organizaciones y redes, campañas de concientización, protestas y documentación. Su éxito varía, pero los logros están fuertemente influenciados por el nivel de represión y el apoyo de organizaciones aliadas.
El caso Perú: amenazas e impunidad
La lucha por la justicia azul se manifiesta de manera aguda en el norte de Perú, específicamente en las regiones de Tumbes y Piura. El conflicto principal es la pesca industrial ilegal que opera dentro de la zona de las primeras cinco millas náuticas (5 millas), un área legalmente protegida que funciona como zona de reproducción crítica para muchas especies y está reservada para los pescadores artesanales.
La pesca ilegal se lleva a cabo principalmente mediante redes de cerco y arrastre, artes de pesca no selectivas y prohibidas en la zona de 5 millas. Esta práctica afecta negativamente la abundancia de peces, capturando juveniles y poniendo en peligro los medios de subsistencia de los pescadores de pequeña escala, quienes dependen de estas aguas y mantienen una fuerte relación cultural con el océano.
Ante ese problema, las comunidades de pescadores artesanales, incluidas Cabo Blanco, El Ñuro y Los Órganos, se han organizado para exigir protección. Su estrategia principal ha sido la promoción de un Área Marina Protegida (AMP) denominada Mar Tropical de Grau, buscando una capa adicional de protección legal y una aplicación de la ley más estricta, dado que la vigilancia actual es deficiente.
Los defensores han recurrido a peticiones en línea, la presentación de un proyecto de ley en el Congreso, maratones públicos y la participación como voceros en eventos. Anteriormente, los pescadores se dedicaban a documentar y denunciar actividades ilegales, grabando videos y tomando fotos para las autoridades.
Sin embargo, los esfuerzos de los defensores se han visto obstaculizados por la inestabilidad política, la corrupción generalizada y, fundamentalmente, por la fuerte influencia de las empresas petroleras. La zona propuesta para el AMP colinda con una concesión de extracción de petróleo, y las empresas del sector presionan activamente contra la creación del área, beneficiando indirectamente a los pescadores ilegales. Esta situación ha tenido un impacto nefasto: el activismo ha aumentado la vulnerabilidad de los pescadores de pequeña escala.
El caso de Perú, resalta el informe internacional, ilustra cómo los intereses corporativos (petróleo) y la mala gobernanza pueden marginar y criminalizar a los defensores, permitiendo que florezcan las actividades ilegales (pesca industrial ilegal).
El miedo a represalias ha llevado a los pescadores a temer denunciar las actividades ilegales. Se han reportado incidentes de injusto encarcelamiento de un pescador bajo acusación falsa y graves amenazas de muerte contra otros defensores del AMP en 2022.
El caso de Perú, resalta el informe internacional, ilustra cómo los intereses corporativos (petróleo) y la mala gobernanza pueden marginar y criminalizar a los defensores, permitiendo que florezcan las actividades ilegales (pesca industrial ilegal).
A nivel global, los gobiernos y el sector privado tienen la obligación de proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a un océano limpio, saludable y sostenible, y deben salvaguardar a los defensores del océano de represalias. Las comunidades peruanas, como muchas otras a nivel mundial, necesitan voluntad política y apoyo externo para lograr que se cumplan las regulaciones, se establezca el AMP y se protejan los ecosistemas y sus medios de subsistencia.
El apoyo de organizaciones aliadas (ONG, universidades, organizaciones de derecho, medios de comunicación) es fundamental para proporcionar asesoría legal, investigación científica y aumentar la visibilidad de estas luchas en el ámbito nacional e internacional, especialmente donde la gobernanza es débil, indica la investigación.
