Por: Analí Valencia
A tres años y tres meses de la desaparición de Anthony Camizán, la investigación por presunto encubrimiento dentro de la Comisaría de Canchaque avanza en dos despachos fiscales que ya han empezado a recabar declaraciones y documentos clave. La familia del joven reportado como desaparecido desde agosto del 2022 confirmó que cuatro policías están bajo investigación preliminar por falsificar información y realizar declaraciones falsas para beneficiar al principal investigado: el suboficial Rone Córdoba Godos.
“Esta denuncia va contra toda la comisaría de Canchaque, empezando por el entonces comisario”, afirmó el abogado de la familia, Raúl Coloma Barrios, en referencia al amplio alcance de la carpeta fiscal. Según precisó, los agentes denunciados no solo habrían mentido sobre su participación en un supuesto operativo la noche en que Anthony fue visto por última vez, sino que habrían manipulado cuadernos de control y registros internos.
El abogado explicó que la Fiscalía ya ha constatado contradicciones en las versiones de los policías. La noche del 21 de agosto del 2022, todos afirmaron haber participado en un operativo desde las 6 p.m., en el que —según ellos— también estuvo el suboficial Córdoba Godos. Sin embargo, el Ministerio Público verificó que ninguno de ellos estaba de servicio. “Quedó demostrado que ninguno estuvo laborando ese día. Estaban de franco”, señaló Coloma. Esa constatación desarma la coartada presentada por Córdoba, quien aseguró haber dejado a Anthony en Salitral antes de regresar a dicho operativo.
Para la familia, la intención detrás de estas falsedades es evidente. “Es por encubrimiento, ¿no? Porque falsificaron firmas, huellas digitales, nombres con tal de proteger al efectivo policial”, declaró Junior Camizán, hermano de Anthony.
Dos fiscalías, una misma línea de investigación
El avance del caso se formalizó en agosto, cuando se abrió la investigación preliminar contra cuatro agentes: Aníbal Pimentel Tribeño (excomisario), Javier Enrique Gómez Ipanaqué, Dimas Jordan Caruajulca Rubio y Manuel Arcadio Perales Díaz.
Según explicó el abogado a Norte Sostenible, la denuncia se divide en dos carpetas fiscales; Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, y la Primera Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Huancabambapor obstrucción a la justicia, falsificación de documentos y falsedad genérica.
Coloma confirmó que la etapa inicial ya está corriendo. “Está en investigación preliminar”, dijo. Añadió que el plazo es de 60 días, prorrogables por otros 60, lo que permitirá recoger nuevas pericias y contrastar registros internos de la comisaría.
A la investigación penal se suma un proceso administrativo en Inspectoría de la Policía Nacional, donde también se deberá determinar si los efectivos cometieron infracciones muy graves.
El caso principal: un acusado que sigue en funciones
Mientras la investigación por encubrimiento avanza, el principal investigado por la desaparición —el suboficial Rone Córdoba Godos— continúa trabajando sin restricciones. No ha sido separado de la institución ni existe una medida administrativa que limite su acceso a armas o patrullaje.
“La Policía sigue laborando como si nada”, lamentó Junior Camizán. “A tres años de lo sucedido, no hay ni una sanción administrativa que se le haya dado”.
El Ministerio Público ha solicitado cadena perpetua contra él por secuestro agravado. Sin embargo, el abogado Coloma señala que el requerimiento oficial aún no ha sido notificado. Explica que, en casos de secuestro, la pena puede ser de 20 a 30 años si se trata de un servidor público, y que la cadena perpetua solo aplicaría si se prueba la muerte de Anthony, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado.
Las pruebas que sustentan la acusación incluyen la geolocalización de las llamadas realizadas por el policía la noche de los hechos. Aunque dijo haber estado en Salitral, sus comunicaciones fueron ubicadas en la zona de Palo Blanco, Chulucanas.
Tres años de espera
Para la familia Camizán, el avance en la investigación contra los policías por encubrimiento es un paso importante, pero insuficiente. Su prioridad sigue siendo conocer el destino de Anthony.
“Mi pedido es que tanto la fiscalía como el Poder Judicial y el Ministerio Público se pongan una mano al corazón”, dijo Junior. “A nadie le gustaría tener un familiar desaparecido. Ya son tres años, tres meses, y hasta hoy no se sabe nada”.
La familia espera que, en el juicio oral, el suboficial Córdoba Godos finalmente declare y brinde información sobre el paradero del joven, algo que podría influir en la pena que reciba.
