Por: Cindy Chanduvi
A pocos meses de las Elecciones Generales 2026, el mapa político de Piura vuelve a mostrar un patrón conocido: la búsqueda de continuidad por parte de los mismos rostros. Y es que cinco de los siete congresistas actuales de la región han confirmado su intención de seguir en el Legislativo: Eduardo Castillo Rivas, César Revilla Villanueva, Cruz María Zeta Chunga (todos de Fuerza Popular); además de Miguel Ciccia Vásquez (Renovación Popular) y Heidy Juárez Calle quien ahora postulará con Podemos Perú, después de ser expulsada de Alianza Para el Progreso por la filtración de unos audios en 2022.
Pero no son los únicos. A este grupo se suman al menos cuatro excongresistas piuranos que buscan retornar al Parlamento. Destacan Karla Schaeffer Cuculiza, Maritza Jiménez García y Edward Zárate Antón, los tres con pasado fujimorista pero hoy atomizados en distintos partidos. Schaeffer sigue leal a Keiko Fujimori; Jiménez apuesta por el partido de Martín Vizcarra; y Zárate ha recalado en las filas de César Acuña. El cuarto aspirante es Víctor Velarde Arrunátegui, quien intenta regresar con el Apra, organización política por la que ya ocupó una curul entre 2002 y 2006.
La campaña está a la vuelta de la esquina y un par de preguntas caen por su peso: ¿por qué tantos buscan reelegirse o volver a ocupar un escaño, pese al descrédito del Congreso y el hartazgo ciudadano? ¿Merecen la reelección?
Con el retorno del sistema bicameral en 2026, el país elegirá 60 senadores y 130 diputados, redistribuidos entre las regiones según población y circunscripción. En ese nuevo escenario, Piura adquiere un peso particular: será, después de Lima, una de las regiones con mayor representación, al elegir un senador y siete diputados. Esta relevancia contrasta con el panorama político local y la intención de los parlamentarios actuales que buscan volver a postular, abriendo una vez más el debate sobre cuánta renovación puede esperarse realmente en una región clave para la configuración del próximo Legislativo.
En ese contexto, resulta fundamental revisar cómo han actuado estos congresistas durante su mandato, qué leyes impulsaron o respaldaron, cuál ha sido su nivel real de productividad legislativa a favor de la región que los eligió, así como conocer en qué denuncias y/o procesos de investigación están involucrados.
A favor de leyes pro crimen
Pese a que la inseguridad ciudadana es hoy la principal preocupación en el Perú, el Congreso ha impulsado y aprobado un paquete de normas conocidas como “leyes pro-crimen”, cuestionadas por debilitar la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. Lo más cuestionable es que estas iniciativas contaron con el respaldo de congresistas por Piura, una de las regiones más afectadas por la violencia y que ahora enfrentan las elecciones de 2026 buscando su reelección.
Una de las normas conocidas como ‘pro crimen’ es la Ley Nº 32326, promulgada el 9 mayo de este 2025. Si bien fue presentada por el congresista Jorge Morante, también contó con las firmas de 6 parlamentarios, entre ellos el piurano César Revilla Villanueva. Esta ley que, condiciona el proceso de extinción de dominio a la existencia de una sentencia firme, bloqueando al Estado en la recuperación temprana de activos ilícitos provenientes de la corrupción y el lavado de activos, obtuvo el voto a favor de dos fujimoristas piuranos que buscan mantenerse en el Congreso por cinco años más: Eduardo Castillo y Mary Cruz Zeta. A pesar de que promovió la norma, el día de la votación Revilla no estuvo presente debido a una licencia personal, según consta en el acta de asistencia y votaciones del Congreso.
Otra medida cuestionada y que tuvo el respaldo de los representantes de Piura en el Congreso es la Ley Nº 31990 aprobada en marzo de 2024 y que modifica los artículos 473, 476-a y 481-a del Código Penal, referidos al proceso especial por colaboración eficaz. Antes la Fiscalía tenía libertad de plazos para corroborar la información entregada por los colaboradores. Ahora, el trámite entre la solicitud del aspirante y la firma o rechazo del acuerdo no puede superar los 8 meses, prorrogables por 4 meses más, y excepcionalmente 8 meses adicionales si se trata de crimen organizado, esto limitaría el trabajo fiscal debido a la carga procesal y favorecería a las organizaciones criminales investigadas.
Nuevamente César Revilla de Fuerza Popular dio el visto bueno a otra cuestionada norma. A él se sumaron los votos a favor de Miguel Ciccia y de Heydi Juárez, una de los 33 congresistas que mantienen investigaciones fiscales y que aprobaron esta conveniente norma sobre la colaboración eficaz. En su caso es investigada por supuestos cobros irregulares a los trabajadores de su despacho.
Sobre la Ley Nº 32054 que impide sancionar a los partidos políticos por delitos cometidos mediante su estructura, además de Miguel Ciccia, los tres fujimoristas que buscan la reelección votaron a favor. En el caso de Heydi Juárez no se opuso, simplemente no respondió a la votación.
Esta norma ha generado fuertes críticas por ser considerada un retroceso en la lucha contra la corrupción porque prohíbe que los partidos políticos sean sancionados judicialmente como organizaciones, incluso cuando sus dirigentes o candidatos estén vinculados a delitos graves como lavado de activos o financiamiento ilícito. En la práctica, esto significa que un partido implicado en actos criminales no puede ser disuelto, clausurado ni suspendido; su sanción se limita a multas administrativas.
Para muchos analistas, la norma constituye un blindaje institucional que favorece la impunidad y debilita la capacidad del Estado para perseguir redes de corrupción y crimen organizado en el ámbito político.
Una quinta ley cuestionable es la Nº 31989 que modificó el Decreto Legislativo 1607 al derogar la disposición que permitía a la Policía Nacional intervenir, decomisar explosivos y confiscar maquinaria utilizada por personas inscritas —pero suspendidas— en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Con este cambio, la PNP pierde facultades esenciales para actuar ante la tenencia y uso ilegal de explosivos, reduciendo de manera significativa la capacidad del Estado para frenar operaciones mineras ilícitas.
Esta norma que también eliminó el plazo que obligaba a los mineros informales a presentar un contrato de concesión válido, lo que les permite mantener actividades sin avanzar hacia la formalización, una vez más contó con el voto a favor de cuatro de los cinco congresistas que buscan la reelección: Mary Cruz Zeta, Eduardo Castillo, César Revilla y Miguel Ciccia. Heydi Juárez no participó debido a licencia por enfermedad.
Para especialistas ambientales, organizaciones civiles y entidades que monitorean la actividad minera, esta ley constituye un retroceso regulatorio y facilita que la minería ilegal opere con mayor impunidad. Su aprobación ha llevado a que sea considerada una de las “leyes pro-crimen”, pues debilita herramientas clave para combatir actividades ilícitas y amplía los riesgos ambientales, sociales y de seguridad que ya genera la minería informal en diversas regiones del país.
Los congresistas que hoy buscan reelegirse votaron a favor de las leyes pro crimen.
Finalmente, están las leyes 32130 y 32138 que también han sido cuestionadas. La primera de ellas, es rechazada por organismos nacionales e internacionales porque permite que la Policía Nacional asuma la conducción de la investigación preliminar, desplazando al Ministerio Público de una función que la Constitución peruana le asigna de manera exclusiva. Para especialistas en derecho penal, esta norma rompe el modelo acusatorio vigente y genera un grave riesgo de “policía juez”, pues quien detiene e interviene también pasa a dirigir la investigación.
Pese a ello, los congresistas César Revilla y Heydi Juárez votaron a favor de la polémica norma que incluso diversos exfiscales de la Nación, la Defensoría del Pueblo, e incluso la Corte Interamericana han advertido que vulnera principios básicos del debido proceso, puesto que la PNP carece de autonomía constitucional, por lo que asignarle la conducción de investigaciones abre la puerta a presiones políticas, manipulación de casos sensibles y mayores probabilidades de abuso de autoridad.
César Revilla Villanueva es claramente el congresista piurano que más leyes conocidas mediáticamente como ‘pro crimen’ ha respaldado. Pero no es un parlamentario cualquiera. Es uno de los congresistas más alineados con la dirigencia central de Fuerza Popular. Dentro del partido, ha sido ubicado entre los cuadros técnicos de confianza y ha ocupado posiciones estratégicas en el Congreso que suelen asignarse a figuras cercanas a Keiko Fujimori.
El fujimorista Revilla habría cobrado más de S/280 mil por su labor docente en la Universidad Nacional de Piura entre 2022 y 2025.
Prueba de ello es su designación como presidente de la Comisión de Economía en 2023 y, posteriormente, de la Comisión Especial de Lucha contra el Terrorismo y Crimen Organizado en 2025, espacios donde Fuerza Popular suele colocar a congresistas de su círculo político interno.
Revilla ha respaldado sistemáticamente las decisiones de la bancada y las posiciones de Keiko Fujimori en votaciones clave —incluyendo reformas polémicas, amnistías y la defensa de intereses partidarios dentro del Parlamento— lo que lo ubica como un legislador políticamente cercano a la lideresa. Su permanencia como uno de los cinco congresistas fujimoristas de Piura que buscan reelegirse en 2026 confirma su continuidad dentro del núcleo estable del partido.
A inicios de agosto de este año, Revilla se vio envuelto en un serio cuestionamiento. Infobae.pe informó que el fujimorista habría cobrado más de S/280 mil por su labor docente en la Universidad Nacional de Piura entre 2022 y 2025, pese a que su cargo como congresista exige dedicación exclusiva. Al ser consultado por los medios, el propio congresista admitió no recordar qué curso dictaba en el último ciclo.
De espaldas a los derechos humanos y el debido proceso
Pocas decisiones del Congreso han generado tanta indignación como la que fue respaldada por varios congresistas piuranos: una ley que abre la puerta a la prescripción de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, pese a la clara oposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En julio de 2024, la Comisión Permanente aprobó en segunda votación esta cuestionada medida, que claramente beneficiaba al fallecido expresidente Alberto Fujimori y a unos 600 militares investigados por presuntos crímenes durante el conflicto interno.
La norma que deja sin efecto cientos de procesos abiertos por la fiscalía desde hace más de tres décadas obtuvo el respaldo de los fujimoristas Eduardo Castillo, César Revilla, y Maricruz Zeta, junto con Miguel Ciccia de Renovación Popular. Todos ellos hoy buscan la reelección.
Bonus Track. Un último episodio que ha encendido las críticas hacia los congresistas piuranos que buscan la reelección es su voto a favor de la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. Los cinco parlamentarios respaldaron una sanción de diez años pese a que ni ellos ni el acusador, Jorge Montoya, pudieron acreditar su participación en los hechos cuestionados. La resolución aprobada tampoco establece relación alguna entre Espinoza y la norma 2246 —que regula la Ley 32130 y transfiere a la Policía funciones centrales de investigación fiscal—, disposición emitida por el entonces fiscal de la Nación Carlos Villena, quien, pese a ser el responsable directo, no recibió sanción alguna, según reveló el portal Congrezoo.pe.
Ranking de productividad legislativa
A pesar de que Piura arrastra problemas urgentes como obras abandonadas, un sistema de drenaje colapsado, crisis agrícola permanente y la falta de infraestructura básica, la representación parlamentaria que la región eligió entre 2021 y 2025 ha tenido una producción legislativa que poco responde a esas prioridades.
De los proyectos presentados por los cinco congresistas piuranos, una parte mínima estuvo realmente orientada a atender la agenda crítica del territorio: Eduardo Castillo solo impulsó dos iniciativas directamente relacionadas con Piura; César Revilla, cuatro; y aunque Cruz Zeta, Miguel Ciccia y Heidy Juárez alcanzaron un mayor número de propuestas regionales, la mayoría fueron declarativas, simbólicas o de impacto limitado, sin traducirse en soluciones concretas para los problemas estructurales que la región arrastra hace décadas.
Entre 2021 y 2025, el congresista piurano Eduardo Castillo Rivas presentó 35 proyectos de ley como autor principal, pero solo dos están directamente vinculados a las necesidades de la región que lo eligió. El primero es la ley que declara de necesidad pública la descolmatación del reservorio de Poechos, aprobada y publicada en octubre de 2023. El segundo es el proyecto que busca declarar de interés nacional la ampliación y mejora del servicio de agua para riego en la zona del canal Miguel Checa, presentado en 2021 y aún pendiente de debate en el Pleno. El resto de su producción legislativa se orienta a temas generales que no priorizan la agenda regional de Piura.
Eduardo Castillo Rivas presentó 35 proyectos de ley como autor principal, pero solo dos están directamente vinculados a las necesidades de Piura
Por su parte, el congresista piurano César Revilla Villanueva presentó 47 proyectos de ley durante su periodo parlamentario, de los cuales solo cuatro estuvieron directamente relacionados con la región Piura. Entre ellos destacan la creación de la Universidad Nacional de Huancabamba (2024), la declaratoria de interés nacional para la culminación del Plan Hidráulico de la Región Piura (2024), la ley que reconoce al Señor Cautivo de Ayabaca como Santo Patrón de la religiosidad y cultura del norte peruano (2021), y la declaratoria de necesidad pública para la construcción de la represa Tapa del Cuy en Sechura (2021).
Entre 2021 y 2025, la congresista piurana Cruz María Zeta Chunga presentó 37 proyectos de ley durante su labor parlamentaria, de los cuales nueve fueron iniciativas directamente orientadas a la región Piura. Entre estas destacan normas para impulsar infraestructura hidráulica como la construcción de las represas satélites Chipillico y Samán en Sullana (2024) y el financiamiento de la represa Tapa del Cuy en Sechura (2021); así como propuestas para fortalecer la identidad regional, como la creación del Día del PEIHAP y la Semana de Identidad Intercultural en Morropón (2024). Su producción también incluye la creación de la Universidad Nacional de Arte de Piura (2022); el impulso a la seguridad con la construcción de la nueva sede de la Escuela Técnico Profesional de la PNP en la región (2022); el fortalecimiento de cadenas productivas con la incorporación de Piura al Instituto Nacional del Café y del Cacao (2022); y la revalorización ambiental mediante la recuperación de páramos y bosques húmedos de Ayabaca (2021).
Entre 2021 y 2025, la congresista piurana Cruz María Zeta Chunga presentó 37 proyectos de ley durante su labor parlamentaria, de los cuales nueve fueron iniciativas directamente orientadas a la región Piura.
Durante su gestión, Miguel Ciccia Vásquez presentó 74 proyectos de ley, de los cuales 21 están directamente relacionados con la región Piura, conformando una de las producciones más amplias de la delegación piurana. Sin embargo, la mayoría son declarativas como proyectos para declarar de interés nacional la descolmatación de Poechos (2023), el afianzamiento del sistema hídrico Chira-Piura (2022) y la construcción de reservorios satélites (2021). Así como promover la creación del distrito afrodescendiente de Yapatera (2025) y de Villa Paccha (2022); el reconocimiento de la danza de los Diablicos de Huancabamba (2023) y la denominación de la Universidad Nacional de Arte Ignacio Merino (2022). Asimismo, promovió la conservación de ecosistemas claves como Virrilá, Chulliyachi.
Desde que ingresó a ocupar una curul por Piura, la congresista Heidy Juárez Calle presentó 47 proyectos de ley durante su gestión, de los cuales diez están directamente vinculados con la región Piura. Al igual que Ciccia Vasquez, destacan sus iniciativas declarativas para la creación de instituciones superiores en Tambogrande y Vichayal, y la formación de nuevas universidades como la Universidad Nacional Tecnológica Miguel Grau de Paita (2024) y la Universidad Nacional de Talara (2024). Su agenda también incluye el reconocimiento cultural de Chulucanas como Capital Nacional de la Cerámica (2023), la declaratoria de intangibilidad del valle de San Lorenzo (2023) y el impulso turístico del Corredor La Costanera, que abarca Paita, Talara y localidades costeras (2022).
El balance evidencia una desconexión profunda entre la urgencia de los piuranos y la agenda legislativa de quienes, por mandato, debían defenderla.
En un contexto donde la inseguridad, la corrupción y la precariedad institucional marcan el pulso del país, la revisión del desempeño de los congresistas piuranos resulta indispensable antes de que la región vuelva a depositar su confianza en ellos. No se trata solo de evaluar cuántas leyes promovieron, sino de examinar con rigor qué intereses defendieron, a quién beneficiaron sus votos y qué impacto real tuvieron sus decisiones para una región que sigue esperando soluciones concretas a problemas que se agravan año tras año.
La evidencia muestra que, mientras Piura exige acción frente a obras paralizadas, infraestructura colapsada y economías locales debilitadas, varios de sus representantes optaron por respaldar normas que favorecen la impunidad, debilitan la lucha contra el crimen y poco aportan al desarrollo territorial. De cara a las elecciones de 2026, la ciudadanía de Piura enfrenta un desafío crucial: exigir cuentas y decidir si quienes hoy buscan la reelección merecen prolongar su permanencia en un Congreso sumido en el descrédito.
