La gestión del alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orue, enfrenta uno de sus momentos más críticos tras la decisión de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Piura de reabrir y ampliar la investigación preliminar por el presunto delito de colusión y, alternativamente, negociación incompatible. El caso, centrado en el polémico proyecto del Parque de las Aguas, ha pasado de ser una queja vecinal por la pérdida de áreas verdes a un complejo expediente judicial que investiga los vínculos políticos y financieros del burgomaestre.
La disposición fiscal, emitida el 14 de enero de 2026, declara fundada la queja de derecho interpuesta contra el archivo inicial del caso, ordenando que se realicen diligencias que la fiscalía provincial omitió. Entre los investigados no solo figura Madrid, sino también Joy Killer Villarán Zagazeta, representante del Consorcio Supervisor Santa Ana, cuya adjudicación está bajo sospecha de concertación ilícita.
Esta investigación se suma a la reciente condena del alcalde por el delito de violencia contra la mujer, una sentencia de primera instancia que lo aleja de sus aspiraciones de convertirse en gobernador regional de Piura, en las próximas elecciones municipales y regionales de octubre de este año.
Una polémica y millonaria obra
El trasfondo de esta investigación fiscal se remonta a la transformación del otrora Parque Néstor Martos, el segundo espacio urbano verde más grande de Piura, en un conjunto de piletas y cemento. Tal como hemos publicado de manera amplia, esta obra se ejecutó en una ciudad donde las temperaturas superan los 35° centígrados, destruyendo un pulmón vital para la metrópoli sin contar con consenso social ni criterios de sostenibilidad.
Uno de los puntos más alarmantes es la exorbitante escalada de costos. El proyecto nació en la gestión anterior de Juan José Díaz Dios con una viabilidad de S/ 2.9 millones, pero terminó siendo adjudicado y ejecutado por más de S/ 15 millones, lo que representa un incremento del 428%. Especialistas consultados por Norte Sostenible indicaron que subvaluar proyectos para luego inflar sus costos mediante adicionales es una estrategia común para favorecer intereses particulares.
En ese sentido, la Fiscalía Superior cuestiona duramente cómo se seleccionó al consorcio supervisor. Se advierte que el comité de selección descalificó a otros postores, como el Consorcio Grimaneza, basándose únicamente en una “comparación visual” de firmas, determinando supuestas falsedades sin contar con un peritaje grafotécnico. Para la instancia superior, esto constituye un indicio de direccionamiento del proceso.
Vínculos sospechosos
El vínculo entre el alcalde y el supervisor beneficiado, Joy Killer Villarán, es un eje central de la tesis fiscal. Villarán y su esposa, Angelina Castillo Saldarriaga, son afiliados de Unidad Regional, la misma organización política que llevó a Madrid a la alcaldía. Además, Castillo Saldarriaga fue designada como Gerente General de la Beneficencia de Piura por un directorio puesto por el propio alcalde.
A esta red de conexiones políticas se suma el historial empresarial de los ejecutores. La empresa Fuerte Roble, integrante del consorcio que construyó el parque, ya había ganado 10 obras por más de 33 millones de soles cuando Madrid era alcalde del distrito de Tambogrande entre 2015 y 2018. Esta recurrencia en las contrataciones alimenta las sospechas de favoritismo sistémico.
El impacto ambiental ha sido otro flanco de severas críticas. Para levantar las piletas y “armatostes de cemento”, la municipalidad y el consorcio talaron 15 árboles existentes. A pesar de la necesidad de áreas verdes frente al cambio climático, se priorizó una infraestructura que, según expertos, destruyó el ecosistema del parque para imponer un diseño que no responde a las necesidades climáticas de Piura.
Las irregularidades administrativas también alcanzan el plano documental. Norte Sostenible detectó que la Municipalidad de Piura presentó dos expedientes ambientales diferentes: un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la viabilidad y una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) totalmente distinta ante el Ministerio del Ambiente. Este procedimiento fue calificado como “raro e irregular” por especialistas en gestión pública.
Investigan a Madrid por Parque de las Aguas de Piura by sosteniblenorte
Parque de las aguas en una ciudad sin agua
En el aspecto operativo, el Parque de las Aguas representa una contradicción ética en una región con severas crisis hídricas. Pese a las negativas iniciales de la comuna, confirmamos que el proyecto consume 25 m³ diarios de agua potable de la red pública, lo que equivale al consumo de 35 viviendas. Mientras miles de piuranos carecen de acceso diario al recurso, el parque lo derrocha en piletas ornamentales.
En el ámbito legal, la justicia parece haber caminado a un ritmo diferente al de las obras. Los vecinos de cuatro urbanizaciones interpusieron demandas de amparo y medidas cautelares para detener la destrucción del parque. Sin embargo, el Poder Judicial se pronunció declarándolas infundadas recién después de que la obra fuera inaugurada en febrero de 2025.
Un hallazgo reciente y sumamente grave dentro de la carpeta fiscal es la desaparición del expediente técnico. La Municipalidad Provincial de Piura comunicó a la Fiscalía que dicho documento no se encuentra en su archivo y que están realizando indagaciones para ubicarlo. Para la Fiscalía Superior, es indispensable recuperar este expediente para determinar la legalidad de los cambios que elevaron el costo de la obra de forma tan drástica.
La resolución fiscal también señala que la fiscalía de primera instancia incurrió en un análisis incompleto al limitarse solo a la etapa de selección. La nueva orden exige investigar la integridad del procedimiento, incluyendo la ejecución contractual, los retrasos injustificados, la aprobación de adicionales y la falta de aplicación de penalidades.
El Ministerio Público ha ordenado ahora realizar un peritaje grafotécnico oficial sobre las firmas cuestionadas de los postores descalificados. Esto busca corroborar si el comité de selección inventó causales de exclusión para limpiar el camino al Consorcio Supervisor Santa Ana, vinculado al partido del alcalde.
Asimismo, se ha solicitado a la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad de Piura que informe si se han realizado acciones de control sobre este proyecto. Cabe resaltar que la Contraloría ya había emitido cinco informes advirtiendo irregularidades, los cuales no fueron debidamente valorados en el primer archivo fiscal.
La defensa del alcalde y los implicados había sostenido que la coincidencia de afiliación política no era prueba de colusión. No obstante, la Fiscalía Superior replica que, aunque por sí sola no sea incriminatoria, sumada a las descalificaciones irregulares y los beneficios económicos, configura un cuadro de indicios razonables que amerita una investigación profunda.
Las pesquisas que se vienen
El proyecto, que inicialmente debía entregarse en agosto de 2024, sufrió múltiples ampliaciones de plazo por “trabajos no considerados en el expediente técnico”. Estos retrasos, lejos de ser incidentes aislados, son vistos ahora como parte de la “danza de partidas adicionales” que drenó el presupuesto municipal.
Para la sociedad civil y los ambientalistas piuranos, esta investigación representa una esperanza de rendición de cuentas tras lo que consideran una “obra inmoral”. El Parque de las Aguas se ha convertido en el símbolo de una gestión que rediseña el espacio público sin consenso y prioriza el cemento sobre la vida.
La situación legal de Gabriel Madrid se complica al añadirse la figura de negociación incompatible. Este delito sanciona el interés indebido de los funcionarios en provecho propio o de terceros en cualquier etapa de una contratación pública, lo que encajaría con el presunto favorecimiento.
Con la reapertura del caso, la Fiscalía tiene un plazo prudente para esclarecer si la transformación del Parque Néstor Martos fue un proyecto de modernidad urbana o, como sugieren los indicios, un esquema para beneficiar a un círculo político cercano mediante el uso irregular de fondos públicos y recursos vitales como el agua.
