En medio de las elecciones generales de 2026 y a puertas de los comicios regionales, las encuestas vuelven a estar en el centro del debate público. Para Fernando Huamán Flores, docente de la Universidad de Piura y director del Centro de Investigación en Opinión Pública, el problema no radica únicamente en los resultados dispares, sino en un sistema de control que no logra adaptarse a los nuevos tiempos.
Una semana antes de las elecciones, cuando todavía se podían publicar encuestas, las empresas principales del país, Ipsos, Datum y CPI, coincidían en un escenario relativamente estable: Keiko Fujimori lideraba con más del 15% de intención de voto, mientras Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga disputaban el segundo lugar con cifras cercanas al 11%. Más atrás, Jorge Nieto y Roberto Sánchez aparecían rezagados, con un 3% de diferencia con los punteros.
Sin embargo, unas horas antes de la elección, los simulacros confidenciales comenzaron a alterar ese panorama. Ipsos, por ejemplo, proyectaba un ascenso de Ricardo Belmont al segundo lugar, desplazando a López Aliaga y Álvarez, mientras ampliaba la distancia con Nieto y Sánchez. Nada de eso se reflejó en las urnas.
Según Fernando Huamán el problema es estructural. La legislación vigente no responde al contexto actual. “La prohibición de publicar encuestas una semana antes del proceso electoral termina siendo bastante anacrónica. El llamado ‘silencio electoral’ que impide difundir sondeos en los días previos, pierde sentido en un entorno donde la información circula sin control a través de redes sociales y canales informales’’, explicó.
El 12 de abril, el conteo rápido de Ipsos mostró un escenario completamente distinto al descrito anteriormente: Roberto Sánchez (12,4%), Rafael López Aliaga (11,3%) y Jorge Nieto (10,7%) disputaban el segundo lugar en empate técnico, mientras Belmont (10,2%) y Álvarez (8%) quedaban fuera de la contienda decisiva.
Datum, por su parte, difundió a medianoche, cuando ya se sabía que el proceso electoral se extendería al día siguiente, un resultado diferente: Fujimori con 16,8% y López Aliaga con 12,9% serían los que pasarían a una segunda vuelta. Mientras que Nieto (11,6%), Belmont (10,1%) y Sánchez (9,4%) quedarían fuera. Pero lo que también llamó la atención es que Datum relegó al quinto lugar a quien, según el escrutinio oficial de la ONPE al 93% de actas computadas, se perfila como el segundo de la contienda con un 12% detrás de Keiko Fujimori que mantiene un 17%, aunque con una diferencia mínima con López Aliaga (11,9%) y un poco más atrás, Nieto con 11%.
Fiscalización incompleta
Uno de los puntos más críticos señalados por Huamán es el rol del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad encargada de supervisar a las encuestadoras. Si bien existe regulación, esta es parcial e insuficiente.
“El Jurado solo fiscaliza la encuesta previa a la semana electoral, pero la que se filtra en los días previos no tiene ningún tipo de fiscalización”, advierte.
Además, cuestiona la falta de mecanismos técnicos para verificar el trabajo de campo. Un elemento clave, según el especialista, es la geolocalización de los encuestadores.
“No se exige a las empresas encuestadoras que entreguen un informe de geolocalización. Sin eso, no hay forma de saber si realmente se recogió información donde se debía”, explica.
Este vacío resulta especialmente preocupante en un país con marcadas diferencias territoriales como el Perú, donde el voto rural puede cambiar el rumbo de una elección.
Otro de los grandes vacíos normativos se evidenció en estas elecciones con los conteos rápidos. A diferencia de las encuestas de intención de voto, estos no están sujetos a fiscalización.
“La reglamentación vigente no fiscaliza los conteos rápidos. Ni siquiera es obligatorio presentar informes sobre ellos”, señala Huamán.
La situación se agravó cuando empresas encuestadoras difundieron resultados mientras el proceso electoral aún no había concluido completamente, en referencia a los 52 251 electores que no pudieron votar el domingo 12 por falta de material electoral.
Para el especialista, esto generó una evidente desigualdad: “Tenemos un grupo de ciudadanos que votó sin información y otro que votó con datos de conteo rápido y procesamiento de actas. Eso no está bien”.
Falta de coordinación institucional
El problema no solo se limita a las encuestadoras. Huamán también apunta a la débil articulación entre organismos electorales. Mientras el JNE recomendaba no difundir conteos rápidos, la ONPE continuaba publicando el avance del procesamiento de actas en su plataforma. Esta contradicción, según el experto, expuso una falta de coordinación que terminó afectando la transparencia del proceso.
“Hubo una falta de coordinación entre los organismos electorales. La información igual existía y circulaba, pese a las recomendaciones del JNE”, afirma.
En el ámbito regional, el panorama no es más alentador. En Piura, diversas encuestas anticipaban resultados que finalmente no se concretaron en las urnas, lo que ha generado desconfianza en la población.
Huamán señala que, ante estas discrepancias, las explicaciones pueden ser varias: errores metodológicos, cambios en la opinión pública o incluso sesgos en la recolección de datos. Sin embargo, el problema de fondo siempre termina siendo la imposibilidad de verificar la calidad del trabajo.
“El Jurado recibe fichas técnicas y bases de datos, pero no información detallada del trabajo de campo. Hay bastantes vacíos legales que deben corregirse”, indica.
De cara a los próximos procesos regionales, Huamán considera imprescindible una reforma integral del sistema de regulación de encuestas en el Perú. El objetivo, sostiene, no es restringir la información, sino garantizar su calidad, transparencia y equidad en el acceso.
“Es momento de actualizar nuestro sistema de reglamentación. Esta elección nos deja grandes lecciones sobre la fiscalización de las encuestadoras”, concluye.
Foto de portada: compuesta por IA
