La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) se encuentra bajo sospecha tras la revelación de tres informes de control concurrente que exponen una crisis sistémica en la ejecución del Paquete 11 de la cartera de salud en Piura. Los proyectos de los centros de salud de Talara I-4, Sechura I-4 y Máncora I-3 (que forman parte del añejo Plan de la Reconstrucción con Cambios) presentan retrasos críticos que siguen alargando el inicio de las obras en desmedro de miles de piuranos.
La Contraloría alertó que el Consorcio GHEMET, responsable del diseño de estos establecimientos, ha incumplido los plazos contractuales de manera alarmante. En el caso de Talara y Sechura, el retraso para la entrega del expediente técnico asciende a 60 días calendario. Sin embargo, la situación en Máncora es aún más grave, superando los 130 días de demora.
Lo más preocupante es que, según los informes, ANIN no habría aplicado las penalidades correspondientes a pesar del evidente incumplimiento del consultor. Esta falta de rigor administrativo no solo perjudica el erario nacional, sino que impide disponer de los diseños finales para iniciar el proceso de procura de las obras.
Centros de salud esperados por los piuranos
En el Centro de Salud Talara I-4, la Contraloría detectó que el consultor no ha conseguido la aceptación de los entregables finales en todas las especialidades. A pesar de que el plazo venció el 12 de enero de 2026, el avance en el desarrollo del expediente técnico apenas alcanzaba el 48.3% al cierre de la evaluación.
Similar es el panorama en Sechura I-4, donde el avance se detuvo en un 62.8%. El consultor ha excedido el plazo establecido en el contrato NEC3 Opción A, lo que mantiene paralizado el flujo de trabajo necesario para la futura construcción de un establecimiento de categoría I-4.
El informe sobre Máncora I-3 revela un nivel de desatención contractual extremo, con un avance físico de apenas 61.2% frente a un cronograma ya vencido. Aquí, el consultor justificó parte de los retrasos alegando oposición social en el Barrio Leticia, lo que impidió realizar estudios de suelos y geotecnia en el terreno designado.
A pesar de que el consultor presentó notificaciones de eventos compensables por estos conflictos sociales, muchos de ellos fueron rechazados por la gerencia del proyecto al no estar debidamente sustentados. Esta disputa legal y administrativa solo ha servido para dilatar aún más la entrega de los documentos técnicos básicos.
Observaciones ambientales
Un punto crítico común a los tres proyectos es la deficiencia técnica en el instrumento ambiental (IGAPRO). La Contraloría advierte que los documentos aceptados por ANIN no cumplen con los estándares mínimos del Ministerio del Ambiente (MINAM) para la elaboración de la línea base.
Específicamente, se ha omitido la identificación precisa de la biodiversidad y flora en las áreas de influencia de los proyectos. En Máncora y Sechura, el consultor no precisó el estado de conservación de especies vulnerables como el algarrobo (Prosopis pallida), el palo santo o el zapote.
Esta negligencia ambiental implica que no se han garantizado medidas de prevención, mitigación o rehabilitación ante los impactos que generará la construcción. De persistir estas omisiones, las obras podrían enfrentar paralizaciones futuras por sanciones de las autoridades ambientales competentes, alertó el órgano de control.
En el ámbito financiero, la inversión total estimada para estos tres centros supera los 23 millones de soles. Sin embargo, la brecha entre el dinero desembolsado y la infraestructura real es cada vez más ancha debido a los retrasos administrativos.
En Talara I-4, la valorización acumulada del consultor es de S/ 4 millones 950 mil 218,24, lo que representa un avance financiero del 49.63%. En Sechura I-4, el monto aceptado alcanza los S/ 5 millones 648 mil 221,71, equivalente al 59.35% de lo presupuestado para el diseño.
Por su parte, en Máncora I-3, se han aceptado pagos por S/ 2 millones 517 mil 026,20, lo que significa un avance del 59.28%. Resulta irónico que el consultor continúe tramitando solicitudes de pago mensuales mientras los hitos de control demuestran que los plazos contractuales están largamente vencidos.
¿ANIN resolverá los contratos?
La Contraloría ha alertado que, según el Código Civil peruano y las cláusulas del contrato NEC3, la ANIN tiene la potestad de resolver automáticamente el contrato si el consultor supera el límite de penalidades. No obstante, la entidad parece haber optado por una postura de tolerancia que afecta la continuidad del servicio público.
A los retrasos en el diseño se suma un riesgo técnico mayor en Talara y Sechura: los terrenos seleccionados se encuentran en zonas de riesgo alto por inundación ante lluvias intensas asociadas al Fenómeno de El Niño. La falta de un Estudio de Evaluación de Riesgos (EVAR) adecuado pone en peligro la futura infraestructura sanitaria.
En Máncora, la situación del terreno es igualmente delicada debido a la susceptibilidad a movimientos en masa. Los informes advierten que el consultor no ha señalado la delimitación del área de estudio de forma correcta, lo que podría generar reprocesos e intervenciones no planificadas durante la construcción.
Las recomendaciones de los auditores son urgentes: la ANIN debe notificar estas situaciones adversas al consultor y adoptar medidas correctivas inmediatas. Es imperativo que se apliquen las penalidades por mora para salvaguardar los intereses del Estado y forzar el cumplimiento de los plazos.
Finalmente, los informes subrayan que la responsabilidad recae directamente sobre las unidades orgánicas de la ANIN, incluyendo la Dirección de Estudios y Obras y la Dirección de Adquisición para Infraestructura. Son estas oficinas las llamadas a garantizar que el Paquete 11 de la Cartera Salud no termine siendo un monumento a la desidia estatal.
