Una de las obras más esperadas por los piuranos, la reconstrucción del estadio Miguel Grau de Piura, ha caído en manos de una empresa favorita de la actual gestión del Gobierno Regional. La entidad, a cargo de Luis Ernesto Neyra León, ha oficializado la entrega directa, sin concurso público, del millonario proyecto deportivo a la Constructora Bidolino EIRL. Tras el fracaso anterior, al contratar a un consorcio sin experiencia en nuestro país, ahora el también presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) apuesta por una compañía que ha crecido exponencialmente bajo su gestión.
A través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2026, emitida el 7 de mayo de 2026 y firmada por el gobernador Luis Neyra León, la entidad aprobó un “procedimiento de selección no competitivo” para adjudicar el saldo de obra del coloso miraflorino, eludiendo la competencia que garantiza la transparencia de los procesos públicos. El monto de esta adjudicación asciende a S/ 223,414,673.69, un récord absoluto para una empresa que, hasta hace pocos años, solo manejaba contratos de mediana y pequeña envergadura.
La decisión se ampara en la metodología de ejecución rápida conocida como “Fast Track”, bajo un sistema de diseño y construcción. Es decir, Bidolino EIRL diseñará el expediente técnico y ejecutará la obra en paralelo. De esta manera se desecha el anterior expediente técnico elaborado por el Consorcio Alfa 360, que costó más de S/ 1.2 millones.
El ascenso de Bidolino en la gestión Neyra
El vertiginoso ascenso de Bidolino EIRL resulta excepcional en el sistema de contrataciones peruano. Tras una revisión exhaustiva de sus contratos públicos, Norte Sostenible comprobó que desde 2010 hasta la fecha, la empresa ha logrado 60 contratos por S/ 840 millones. De esa cifra, el 83.3% (casi S/ 700 millones) provienen exclusivamente de contratos con el Gobierno Regional de Piura, casi todos concentrados en la actual administración de Luis Neyra León, donde ha conseguido S/ 673.9 millones.
En apenas tres años y medio, desde que inició la gestión de Neyra, esta firma de Sullana ha pasado de facturar poco más de un millón de soles anuales a conseguir contratos por más de S/ 50 millones, convirtiéndose en uno de los contratistas predilectos de la sede regional.
Solo en el primer año de la gestión de Neyra, los ingresos de Bidolino pasaron de S/ 1.1 millones en 2013 a más de S/ 84 millones al cierre de 2023. Esta bonanza financiera continuó su escalada en 2024 con S/ 167 millones y en 2025 con S/ 222 millones conseguidos exclusivamente en la gestión regional actual. Ahora, en lo que va del 2026 ya acumula contratos por más de S/ 228 millones.
Si desglosamos sus ingresos, la Sede Central del Gobierno Regional, bajo la dirección directa del gobernador Neyra León, le ha adjudicado a Bidolino S/ 508.2 millones en apenas seis contratos: el 60.5% de todos sus ingresos históricos. La Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna suma otros S/ 105.1 millones en nueve contratos, y la Gerencia Subregional Morropón Huancabamba, S/ 86.6 millones en seis contratos. En conjunto, las tres sedes del Gobierno Regional de Piura le representan a Bidolino un flujo de caja acumulado que supera en más de cinco veces todo lo que contrató con cualquier otro tipo de entidad pública en su historia.
El representante y accionista principal de Bidolino EIRL es Carlos Wilfredo Cunya Cánova, quien además controla la Constructora Sánchez Cerro EIRL, otra habitual beneficiaria de la gestión de Luis Neyra León. En 2016, otra constructora de Cunya Cánova, CC & JQ SCRL, fue inhabilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado, sanción que logró sortear mediante una medida cautelar judicial que le permitió seguir contratando con el Estado.
Ahora la constructora de Cunya Cánova, CC & JQ SCRL, figura en Sunat como dada de baja desde marzo de este año, pero mantiene una deuda coactiva con el Estado por S/ 7.1 millones debido a pagos no realizados a la ONP y al Tesoro Público.
La adjudicación directa del estadio de los piuranos
La historia contractual de Bidolino EIRL con el Estado peruano comienza en 2010, con la adjudicación de una obra educativa en Marcavelica por S/ 1.7 millones, como integrante del Consorcio Flor de María. Durante los primeros trece años de actividad, la empresa se especializó en infraestructura educativa y vial: colegios en Tambogrande, ampliaciones en Marcavelica, mejoramiento de avenidas en Sullana y Piura. El valor promedio por contrato en ese período no superaba los S/ 3 millones.
Antes de la gestión de Neyra León, la constructora no había construido estadios. Sin embargo, en 2024 ya en la gestión regional actual se le otorgó la construcción de polideportivos por más de S/ 84 millones. Al año siguiente, en julio de 2025, el Gobierno Regional le entregó la construcción del Estadio Municipal Fernando Arámbulo Santín en Tambogrande, con una inversión superior a S/ 92 millones. El consorcio ganador está conformado por dos empresas de Cunya Cánova: Bidolino EIRL y Constructora Sánchez Cerro, que tienen el 75% de participación.
Este año le adjudicó de manera directa el anhelado estadio Miguel Grau de Piura, tras la estrepitosa salida del Consorcio EPiura en diciembre de 2025, que dejó la obra con un avance físico irrisorio de apenas el 1.64%. Ahora, el gobierno regional justifica la adjudicación directa citando una “necesidad urgente” de culminar los trabajos para evitar el deterioro de la infraestructura intervenida, un argumento que ha servido para obviar la licitación pública.
Bidolino no es una desconocida para el gobernador Neyra; la empresa ya tiene a su cargo otros proyectos críticos, como el mejoramiento de la avenida Sullana Norte por la suma de S/ 40 millones. Asimismo, forma parte del Consorcio Bosconia, responsable de la remodelación de la avenida Don Bosco por S/ 58 millones, obra que hoy es sinónimo de rechazo ciudadano por el “arboricidio” de más de 600 árboles.
En términos estadísticos, con la entrega directa del Estadio Miguel Grau, Bidolino ha generado más ingresos en los primeros cuatro meses de 2026 que en sus primeros doce años de existencia. La elección de la adjudicación directa impide garantizar que los S/ 223 millones se utilicen de forma eficiente, dejando en manos de una sola firma la responsabilidad de un diseño y construcción altamente complejos.
El Estadio Miguel Grau de Piura lleva más de una década como promesa. Fue clausurado por razones de seguridad en 2015, remodelado parcialmente para eventos que luego no se realizaron, y sometido a sucesivos procesos de licitación que terminaron en fracasos contractuales, expedientes técnicos cuestionados y paralizaciones de obra. Ahora que, finalmente, el Gobierno Regional adjudica de manera directa su diseño y construcción a Bidolino EIRL por S/ 223.4 millones —el mayor contrato individual en la historia de la empresa, otorgado sin concurso público—, la pregunta que los piuranos tienen derecho a hacerse no es solo si el estadio se construirá, sino bajo qué condiciones se tomó esa decisión.
La adjudicación directa elude la competencia; y en este caso exige una justificación técnica y legal sólida. La Contraloría General de la República, cuyo informe de noviembre de 2025 ya había evidenciado las deficiencias del proceso anterior, tiene ante sí un nuevo caso que monitorear: un contrato de diseño y construcción de S/ 223.4 millones adjudicado directamente a una empresa sin antecedentes en obras deportivas de esa escala internacional.
Los datos de los contratos públicos de Bidolino revelan que es una relación contractual de concentración entre una empresa sullanera, su representante legal y el Gobierno Regional de Piura bajo una gestión específica. Esa concentración —S/ 699.9 millones en tres años, el 83.3% del total histórico— es, por sí misma, un hecho de interés público que merece investigación, preguntas y, sobre todo, respuestas.
Foto de portada: Gobierno Regional de Piura.
