El Ministerio de la Producción (PRODUCE) ha dado un giro inesperado al respaldar la formalización de más de 2,000 embarcaciones construidas ilegalmente, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de recursos críticos como la pota y el perico.
El centro de la controversia es el Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, presentado por el congresista Bernardo Pazo Nunura el pasado 12 de marzo, el cual busca habilitar un proceso excepcional para legalizar naves que operan al margen de la ley.
Dicho procedimiento representa el tercer intento del legislador por impulsar un mecanismo similar, tras iniciativas previas que fueron contundentemente rechazadas por entidades técnicas como la DICAPI, el IMARPE y el propio PRODUCE en el pasado.
No obstante, el 15 de mayo de 2026, PRODUCE cambió radicalmente su postura al declarar el proyecto como “viable con observaciones”, a pesar de que los recursos hidrobiológicos afectados están declarados como plenamente explotados desde 2021.
Preocupación de pescadores artesanales
Esta decisión ha sido calificada como incongruente, dado que en marzo de este mismo año el ministerio consideró «no viable» una propuesta legislativa similar que pretendía formalizar embarcaciones construidas de forma ilícita.
Ante este escenario, la Sociedad Nacional de la Pesca Artesanal (SONAPESCAL) ha emitido una nota técnica urgente advirtiendo que esta medida impactará de manera irreversible en la sostenibilidad de los recursos del mar peruano.
Uno de los puntos más críticos es que la iniciativa constituye una regularización de actividades ilícitas, ignorando que los procesos extraordinarios de formalización previos, como el SIFORPA II, concluyeron definitivamente en julio de 2023.
Expertos advierten que el respaldo de PRODUCE contradice la Política Nacional de Pesca, la cual tiene como objetivos principales la lucha contra la pesca ilegal y la erradicación de la construcción informal de embarcaciones.
Asimismo, la decisión podría acarrear responsabilidades penales y civiles para los funcionarios públicos que avalen el incremento masivo del esfuerzo pesquero sobre stocks que ya enfrentan un exceso de flota.
Actualmente, la pesquería de pota ya cuenta con más de 6,000 embarcaciones legales, una cifra que supera ampliamente la capacidad operativa y la disponibilidad del recurso, según informes técnicos recientes.
El IMARPE ha recomendado priorizar límites al esfuerzo pesquero tras detectar un aumento considerable de naves; sin embargo, este proyecto de ley incrementaría la flota en un 30 % adicional, agravando la sobreexplotación.
El impacto económico también es alarmante, ya que la sobreoferta ha provocado que el precio de la pota caiga de S/ 7.32 a S/ 1.90 por kilogramo, destruyendo la rentabilidad de los pescadores artesanales.
Por otro lado, existe una contradicción institucional interna, ya que el Ministerio del Ambiente (MINAM) concluyó en abril de 2026 que el proyecto no es viable por los altos riesgos para la conservación ambiental.
La aprobación de esta ley significaría legalizar una práctica ya tipificada como delito ambiental según el Código Penal, lo cual resulta paradójico considerando que el propio Congreso aprobó dicha tipificación recientemente.
Con exportaciones de pota que superaron los 1,400 millones de dólares en 2025, el sector se encuentra en una encrucijada donde los intereses políticos podrían acelerar el colapso de una actividad que sostiene 70,000 empleos directos e indirectos.
