La convocatoria a una reunión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) por parte del gobernador regional de Piura, Luis Neyra, se produce en medio de cuestionamientos por la demora en adoptar acciones frente a la creciente ola criminal que golpea a la región.
El anuncio se realizó luego del asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, atacado a balazos por sicarios cuando se dirigía a la vivienda de su madre. El crimen ha generado indignación ciudadana y reavivó las críticas hacia las autoridades regionales y nacionales por la falta de resultados frente al avance del sicariato.
La sesión extraordinaria del Coresec se desarrollará este sábado y buscará coordinar acciones inmediatas entre autoridades regionales, Policía Nacional y otras instituciones. Sin embargo, la convocatoria ocurre cuando Piura ya había alcanzado cerca de 60 homicidios en lo que va del año, convirtiéndose en una de las regiones más violentas del país.
De acuerdo con cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta inicios de mayo la región acumulaba 55 asesinatos, número que siguió aumentando con nuevos hechos de sangre registrados en Piura, Castilla, Sullana y Veintiséis de Octubre. Entre las víctimas figuran mototaxistas, jóvenes atacados por sicarios y ahora una autoridad edil en funciones.
La provincia de Sullana concentra más de la mitad de homicidios reportados este año y se ha consolidado como el principal foco del sicariato en la región. Especialistas han advertido que el crimen organizado, las extorsiones y las economías ilegales vienen expandiéndose mientras las respuestas del Estado resultan insuficientes.
El exministro del Interior Carlos Basombrío ya había alertado semanas atrás que Piura se encaminaba a registrar más de 60 homicidios en pocos meses y cuestionó que el estado de emergencia no esté acompañado de una estrategia sostenida contra la criminalidad.
En ese contexto, diversos sectores cuestionan que la reunión extraordinaria del Coresec recién se convoque tras el asesinato de una autoridad política, pese a que la región venía registrando una escalada de violencia desde hace varios meses. Mientras tanto, la ciudadanía continúa exigiendo resultados concretos frente a una crisis de inseguridad que ya deja decenas de víctimas en Piura.
