La investigación por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, ingresó a una etapa decisiva durante el segundo día de audiencia de prisión preventiva contra los presuntos integrantes de la organización involucrada en el crimen. En una sesión marcada por extensos debates jurídicos, las defensas de algunos investigados buscaron desacreditar los principales elementos presentados por el Ministerio Público, mientras la Fiscalía insistió en que existen indicios suficientes para sustentar la medida coercitiva de 18 meses solicitada contra los imputados.
La audiencia estuvo centrada principalmente en los argumentos de defensa de Deyvis Omar Gallo Lozada y Stefanie Selene Criollo Aguirre, quienes son investigados por los delitos de sicariato, lesiones graves y otros ilícitos vinculados al caso que conmocionó a Piura el pasado 21 de mayo.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el hallazgo de armas de fuego y explosivos en una vivienda ubicada en el centro poblado Yuscay, distrito de Las Lomas, donde fueron intervenidos algunos de los investigados horas después del atentado.
El abogado Luis Cruz Mendoza, defensor de Deyvis Gallo Lozada, sostuvo que la Fiscalía pretende atribuir una responsabilidad penal basada en presunciones y no en elementos concretos.
“En una audiencia de prisión preventiva se requiere de un elemento fuerte, sólido, casi al 100 % de una seguridad. No por una simple conjetura que porque yo llego a visitar a mi hermano a las 7 de la noche, yo he llevado las armas para esconderlas ahí”, afirmó durante su intervención.
La defensa argumentó que su patrocinado no residía en el inmueble donde se encontraron las armas y que únicamente acudió al lugar para buscar a su hermano Deyvis Omar Gallo Lozada. Según su versión, no existe evidencia que demuestre que Deyvis tuvo dominio, posesión o conocimiento de los objetos incautados por la Policía.
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que los hechos deben analizarse de manera integral y no como actos aislados. La representante del Ministerio Público argumentó que los investigados actuaron de forma coordinada antes y después del atentado, y que el inmueble intervenido habría servido como punto de refugio tras el crimen.
“No es un solo acto, no son dos, es una concertación que lleva a varias voluntades, varias personas, varios roles, varios partícipes”, sostuvo la fiscal durante la audiencia.
Otro de los momentos centrales de la sesión fue la exposición de la defensa de Stefanie Criollo Aguirre. Su abogado, Wilmer Saavedra, aseguró que no existe ningún elemento de convicción que vincule directamente a su patrocinada con el asesinato del alcalde ni con las labores de seguimiento previas al atentado.
“Ninguno de los actos de investigación que se han desarrollado en la presente carpeta fiscal vinculan mínimamente a mi patrocinada con el evento criminoso que hoy se investiga”, afirmó.
Según explicó, las imágenes obtenidas por las cámaras de videovigilancia únicamente muestran a hombres movilizándose en las motocicletas utilizadas durante el reglaje al alcalde. Asimismo, señaló que no existe pericia técnica, declaración testimonial ni registro audiovisual que ubique a Criollo Aguirre en la escena del crimen o participando en actividades vinculadas al ataque.
La defensa también presentó material audiovisual extraído del teléfono celular de la investigada, con el propósito de demostrar que una intervención policial previa en su vivienda de Sullana no permitió encontrar armas, explosivos ni otros elementos ilícitos.
Cuando la audiencia se encontraba en la etapa final de las exposiciones, el debate fue interrumpido por una situación imprevista. El juez decidió suspender la sesión luego de que uno de los abogados informara sobre una emergencia familiar relacionada con su menor hijo.
Tras escuchar a las partes, el magistrado dispuso reprogramar la continuación de la audiencia para el próximo 5 de junio a las 8:30 de la mañana. En la siguiente sesión se espera que la Fiscalía concluya la absolución de los cuestionamientos formulados por las defensas y que el Poder Judicial continúe evaluando los elementos presentados para determinar si corresponde imponer prisión preventiva a los investigados.
