La adjudicación directa del saldo de obra del estadio Miguel Grau de Piura, uno de los proyectos más esperados por los hinchas del Atlético Grau, ha sido observada por la Contraloría General de la República. El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Piura ha emitido una grave alerta y ha señalado que la gestión regional de Luis Neyra León avanzó en la contratación de la obra ignorando controles técnicos fundamentales.
Según el Informe de Hito de Control N° 016-2026-OCI, la administración de Neyra León elaboró los términos de referencia para el saldo de obra sin considerar la opinión técnica vinculante del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Esta omisión constituye una vulneración directa al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional suscrito el 11 de enero de 2024 entre el Gobierno Regional y el IPD. El documento técnico de control advierte que esta falta de coordinación pone en serio riesgo la calidad técnica y el cumplimiento de los estándares deportivos internacionales requeridos para una infraestructura de esta magnitud.
El informe detalla que el IPD tiene la obligación contractual de revisar y emitir una opinión técnica vinculante tanto en la fase del anteproyecto arquitectónico como en la ejecución. Sin embargo, el Gobierno Regional de Piura procedió con el requerimiento de las bases para la contratación del saldo de obra bajo la metodología “Fast Track” de manera autónoma.
No se justifica la modalidad Fast Track
La Contraloría enfatiza que la entidad regional no ha presentado una justificación técnica sólida que demuestre las ventajas de utilizar la metodología de diseño y construcción paralelos (Fast Track) frente a un método de ejecución secuencial. El ente de control señala que la decisión de gestión no cumple con los requisitos de viabilidad técnica exigidos por la normativa de contrataciones públicas.
Adicionalmente, se detectó que el requerimiento del Gore Piura omitió el uso de metodologías colaborativas obligatorias como el BIM (Building Information Modeling). Esta herramienta es crucial para optimizar procesos y reducir interferencias en obras complejas, y su exclusión contraviene las disposiciones vigentes para proyectos de gran envergadura.
El historial técnico del estadio agrava la preocupación del órgano de control, dado que el contrato anterior con el Consorcio EPiura fue resuelto en diciembre de 2025 tras alcanzar apenas un 1.64% de avance físico. Aquella intervención dejó al descubierto errores críticos en el diseño proyectado, incluyendo deficiencias en las cimentaciones de las tribunas superiores.
Entre los hallazgos técnicos más alarmantes del informe previo se encuentran estudios de mecánica de suelos que resultaron ser incompatibles con la magnitud del proyecto. Las investigaciones determinaron que las cimentaciones diseñadas sobrepasaban la presión admisible del suelo, lo que representaba una amenaza de colapso estructural.
Asimismo, el ente de control documentó superposiciones entre las zapatas existentes y las proyectadas, así como desfases en las columnas que comprometían el diseño sismorresistente de la edificación. Estos vicios ocultos obligaron a la paralización absoluta de los trabajos y a la necesidad de una reformulación integral que ahora el Gore Piura pretende ejecutar mediante adjudicación directa.
¿Quién diseñará el expediente técnico y ejecutará la obra?
En este escenario de incertidumbre técnica, la gestión regional aprobó, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2026, la entrega de la obra a la Constructora Bidolino EIRL. El monto de la adjudicación directa asciende a S/ 223,414,673.69, bajo un sistema de suma alzada y con un plazo de ejecución de 450 días calendario.
Lo más raro es que, a pesar de que inicialmente el Gore Piura invitó solo a Bidolino EIRL, más tarde se firmó el contrato del saldo de obra del estadio con el Consorcio Grau, integrado por Bidolino EIRL (10%), Constructora Sánchez Cerro EIRL (89% de participación) y Jipsi Ingenieros SAC (1% de participación). De las dos primeras es propietario Carlos Wilfredo Cunya Cánova.
Como hemos revelado en este medio, Bidolino EIRL ha experimentado un crecimiento financiero exponencial durante la actual administración regional. La empresa ha pasado de manejar contratos modestos a concentrar el 83.3% de sus ingresos históricos solo en contratos con el Gobierno Regional de Piura bajo la gestión de Neyra León.
Esta firma, liderada por Carlos Wilfredo Cunya Cánova, ha obtenido adjudicaciones por casi S/ 700 millones en los últimos tres años y medio. Resulta llamativo que la empresa no registre experiencia previa en la construcción de estadios de escala internacional antes de la actual administración.
Bidolino EIRL ha experimentado un crecimiento financiero exponencial durante la actual administración regional
El GRP ha intentado justificar la entrega directa a Bidolino apelando a una “necesidad urgente” para frenar el deterioro del estadio, que permanece cerrado desde 2015. Sin embargo, la Contraloría advierte que esta urgencia no exime a la entidad de cumplir con los parámetros técnicos y legales que garanticen la libre competencia y la eficiencia del gasto público.
El informe de control subraya que, al tratarse de un saldo de obra, no se deberían modificar aspectos que cambien la naturaleza o la finalidad original de la contratación. No obstante, el plan actual de diseño y construcción en paralelo sugiere una reformulación sustancial que carece del aval del ente rector deportivo del país.
La situación es considerada por el OCI como una situación adversa determinante que afecta directamente el logro de los objetivos del proyecto. El riesgo es que, una vez terminada la obra, el IPD no reciba la infraestructura debido al incumplimiento de los estándares técnicos establecidos en el convenio original.
Ante estos hallazgos, la jefa del OCI del Gobierno Regional, Regina Patricia García Bustamante, notificó formalmente los resultados al gobernador Luis Ernesto Neyra León el pasado 25 de junio de 2026. El gobernador ha sido instado a adoptar acciones correctivas urgentes para mitigar los riesgos identificados en el proceso.
El reporte de Contraloría también pone en duda la capacidad de la empresa para subsanar los graves errores estructurales heredados sin un acompañamiento técnico adecuado. La metodología «Fast Track», sin las herramientas colaborativas como BIM, podría derivar en nuevas paralizaciones por incompatibilidades de diseño durante la ejecución.
