Un nuevo escándalo de presunta corrupción y negligencia administrativa sacude a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS Grau S.A. tras la publicación del Informe de Auditoría N° 013-2026-2-3470-AC de la Contraloría General de la República. La auditoría de cumplimiento ha detectado graves irregularidades en tres contrataciones directas efectuadas para la reparación de pozos de agua potable en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, las cuales han generado un perjuicio económico de S/ 174,894.06 para la entidad.
El informe detalla que, bajo el amparo de una situación de emergencia por déficit hídrico declarada a finales de 2024, la entidad contrató de manera directa al proveedor Bettla Ingenieros E.I.R.L. para intervenir los pozos Cortijo, La Planicie y Monteverde. Sin embargo, lo que debió ser una respuesta rápida y eficiente ante la crisis, se convirtió en un proceso plagado de beneficios indebidos para el contratista, quien incumplió sistemáticamente los plazos pactados sin recibir las sanciones correspondientes.
Los hallazgos e irregularidades
Uno de los hallazgos más alarmantes es la manipulación de los Términos de Referencia (TDR) durante la etapa de selección. Según el ente de control, funcionarios de EPS Grau adecuaron los requisitos técnicos a la propuesta de Bettla Ingenieros, permitiendo incluso que el proveedor redujera su plazo ofertado de 125 a solo 60 días para asegurar la contratación directa, a pesar de que originalmente no cumplía con la inmediatez requerida por la emergencia.
La Contraloría advirtió que esta celeridad inicial fue solo una fachada. Una vez firmados los contratos, el proveedor solicitó ampliaciones de plazo que sumaron 41 días calendario para el pozo Cortijo, 40 días para La Planicie y 51 días para el pozo Monteverde. Estas demoras afectaron directamente la atención oportuna de la población que enfrentaba el peligro de desabastecimiento de agua por el déficit hídrico en la región.
Las justificaciones presentadas por la empresa para estas prórrogas se basaron en una supuesta «escasez de componentes a nivel mundial». No obstante, la auditoría determinó que el contratista no presentó documentación fehaciente que acreditara que estos retrasos fueran ajenos a su responsabilidad, lo que invalidaba legalmente la concesión de más tiempo.
A pesar de que la Gerencia General de EPS Grau denegó inicialmente las solicitudes de ampliación por carecer de sustento, otros altos funcionarios maniobraron para revertir esta decisión. El informe señala directamente al Gerente de Operaciones y Mantenimiento, así como a responsables del área legal, por emitir memorandos que recomendaban reconsiderar los plazos, contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado que no contempla figuras de «reconsideración» en estos casos.
El impacto financiero de estas decisiones fue devastador. Al aprobarse ampliaciones de plazo irregulares, la entidad se vio impedida de aplicar la penalidad máxima por mora al contratista. El perjuicio se desglosa en S/ 54,383.41 por el pozo Cortijo, S/ 43,861.03 por La Planicie y S/ 76,649.62 por Monteverde, sumando el total de S/ 174,894.06 que la EPS Grau dejó de percibir por la inacción de sus funcionarios.
¿Y los controles internos?
La auditoría también puso al descubierto una preocupante deficiencia en el control interno de la empresa municipal. Se constató que EPS Grau no cuenta con lineamientos internos que regulen las responsabilidades de los funcionarios que participan en la resolución de ampliaciones de plazo, lo que genera un riesgo permanente de inobservancia de la ley.
Asimismo, se detectaron irregularidades en el registro de las inversiones ante el sistema Invierte.pe. La entidad tipificó estas reparaciones como inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR) por emergencia, pero lo hizo inobservando los criterios técnicos exigidos, lo que afecta la transparencia y eficiencia de la gestión pública.
En el caso específico del pozo Cortijo, cuya estación de bombeo tiene 53 años de antigüedad, la emergencia era real, pero la gestión fue deficiente. La Contraloría resalta que el equipo de bombeo ya había cumplido su vida útil y presentaba vibraciones peligrosas, lo que exigía una intervención técnica impecable que no se vio reflejada en la ejecución contractual con Bettla Ingenieros.
Similar situación se vivió en el pozo La Planicie, donde el rendimiento de agua se había reducido drásticamente de 45 a 38 litros por segundo. A pesar de la urgencia de recuperar el caudal para la población de Veintiséis de Octubre, los funcionarios permitieron que el contratista extendiera los trabajos más allá de lo legalmente permisible, priorizando el beneficio del proveedor sobre el servicio público.
En cuanto al pozo Monteverde, la situación operativa era crítica al punto de que el equipo instalado era prestado por otra inmobiliaria. El informe subraya que, aunque se aprobó un presupuesto de inversión de S/ 895,459.72 para su rehabilitación, la gestión de los plazos fue igualmente irregular, resultando en la mayor penalidad inaplicada de los tres pozos analizados.
¿Quiénes son los responsables?
El ente auditor ha identificado responsabilidad en diversos funcionarios claves de la institución. Entre los señalados se encuentran Eduardo Vásquez Figueroa, gerente de Operaciones y Mantenimiento; Giovanni Milla Risco, gerente de Asesoría Jurídica; la abogada Carla Rázuri Santur; y Judith Oquelis Cabredo, jefa del Departamento de Logística, quienes habrían actuado al margen de sus deberes funcionales establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF) y el Reglamento Interno de Trabajo (RIT).
La Contraloría ha calificado estas acciones como transgresiones directas a la Ley de Contrataciones del Estado y sus principios de eficacia y eficiencia. El informe recalca que las decisiones tomadas por los funcionarios no buscaron maximizar el valor de los recursos públicos, sino que facilitaron el incumplimiento contractual del proveedor.
Ante estos hallazgos, el órgano de control ha recomendado al Titular de EPS Grau S.A. iniciar de inmediato las acciones para el deslinde de responsabilidades administrativas de los funcionarios comprendidos en los hechos. La impunidad con la que se manejaron los fondos destinados a mitigar la crisis hídrica ha puesto en tela de juicio la capacidad de gestión de la actual administración.
Pero las sanciones no se quedarían solo en el ámbito administrativo. La Contraloría ha derivado el informe a la Procuraduría Pública para que se inicien las acciones civiles correspondientes con el fin de recuperar el dinero perdido. Además, se ha solicitado a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción que evalúe el inicio de acciones penales contra quienes resulten responsables por estos hechos.
Este informe pone en evidencia una red de decisiones que, lejos de proteger el acceso al agua de los piuranos, pareció diseñada para favorecer a un único postor. Bettla Ingenieros E.I.R.L. se adjudicó los tres contratos a pesar de que inicialmente sus propuestas no se ajustaban a los tiempos de inmediatez requeridos por la ley de contrataciones para situaciones de emergencia.
La noticia ha generado indignación en la sociedad civil de Piura, especialmente en los sectores de Castilla y Veintiséis de Octubre, quienes durante meses sufrieron restricciones en el servicio mientras los documentos de ampliación de plazo circulaban irregularmente por las oficinas de EPS Grau.
Mientras la entidad prestadora de servicios intenta justificar su accionar, los números son claros: más de 174 mil soles en penalidades perdidas y tres pozos cuya reparación se extendió mucho más allá de lo prometido en plena crisis. La población ahora exige una reestructuración profunda de las áreas de logística y operaciones para evitar que el agua de Piura siga siendo objeto de manejos cuestionables.
