El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1,025 a S/1,300, anunciado por la presidenta Keiko Fujimori durante su primer mensaje a la Nación, ha encendido las alertas del sector empresarial. Aunque la Cámara de Comercio y Producción de Piura reconoció que la medida busca mejorar los ingresos de los trabajadores y dinamizar la economía, advirtió que un aumento de esa magnitud podría traducirse en mayores precios, pérdida de empleo formal e incertidumbre para miles de pequeñas empresas si el Gobierno no aclara el alcance del bono ofrecido a las mypes.
«El objetivo es positivo, pero la forma en que se implementará todavía deja muchas preguntas», afirmó el presidente del gremio empresarial, Javier Bereche, tras una reunión en la que la Cámara analizó los principales anuncios económicos del nuevo Gobierno.
Bereche explicó que el aumento salarial alcanzará a 1,5 millones de trabajadores que perciben la remuneración mínima, la mayoría vinculados a micro y pequeñas empresas. Precisó que las mypes representan el 95% de las más de tres millones de empresas que existen en el país y que, solo en Piura, operan alrededor de 200.000 unidades empresariales, muchas de ellas en la informalidad.
Sin embargo, sostuvo que el discurso presidencial omitió explicar cómo se financiará el bono que acompañará la medida y si este será suficiente para cubrir el mayor costo laboral que enfrentarán las empresas.
«No sabemos cuánto será ese bono, cuánto tiempo durará ni si alcanzará para cubrir no solo el aumento del sueldo, sino también CTS, gratificaciones, vacaciones, EsSalud y AFP. Esa información es fundamental para saber si la medida será sostenible», sostuvo.
Para el dirigente empresarial, esa incertidumbre cobra especial importancia porque el incremento no solo impacta en la remuneración mensual, sino en todos los beneficios laborales vinculados al salario.
Inflación e informalidad
Otra de las preocupaciones planteadas por la Cámara de Comercio es el posible efecto que el aumento salarial tendría sobre los precios.
Bereche explicó que, al incrementarse el ingreso disponible de aproximadamente un millón y medio de personas, también crecerá la demanda de bienes y servicios, lo que podría generar un rebote inflacionario si la producción no responde al mismo ritmo.
«Las reglas económicas son claras. Si aumenta significativamente la demanda y la oferta no crece al mismo nivel, los precios tienden a subir. Es un escenario que el Gobierno debe prever», indicó.
Además, el representante empresarial sostuvo que el mayor riesgo es que las empresas con menor capacidad financiera no logren absorber el incremento de la planilla una vez concluido el apoyo estatal.
«Si el bono no alcanza o dura muy poco, algunas empresas podrían verse obligadas a retirar trabajadores de planilla. Paradójicamente, una medida pensada para promover la formalización podría terminar incentivando la informalidad», advirtió.
En Piura, explicó, este escenario preocupa especialmente porque sectores como la agroexportación concentran alrededor de 90,000 empleos formales, muchos de ellos remunerados con el salario mínimo.
«Es un cambio muy fuerte de un mes para otro. Las empresas necesitan saber cómo van a afrontar ese incremento», afirmó.
Bereche también cuestionó que el incremento salarial no haya sido acompañado por medidas para elevar la productividad de las empresas.
A su juicio, los aumentos de remuneraciones suelen responder a mayores niveles de producción o eficiencia, por lo que una subida del 27% sin ese componente puede generar desequilibrios, especialmente en los negocios más pequeños.
«Si una empresa no produce más ni vende más, pero debe asumir un costo laboral mucho mayor, evidentemente tendrá dificultades para sostener el empleo formal», señaló.
Piden gradualidad y reglas claras
La Cámara de Comercio consideró que una aplicación progresiva del incremento habría reducido el impacto sobre las empresas.
Bereche planteó que el aumento pudo ejecutarse por etapas, elevando la remuneración mínima de manera escalonada mientras el Estado implementaba incentivos para mejorar la productividad y consolidar la formalización laboral.
Pese a las observaciones, el dirigente remarcó que el gremio comparte el objetivo de mejorar el ingreso de los trabajadores y considera positivo que el nuevo Gobierno busque reconstruir el diálogo con el sector privado.
«Queremos que la medida funcione. Lo único que pedimos es que se expliquen las reglas y que las empresas tengan condiciones para sostener el empleo formal en el tiempo», concluyó.
