Un informe de la Contraloría General de la República pone bajo cuestionamiento las actuaciones del alcalde con licencia de Ayabaca, Darwin Ivani Quinde Rivera, al advertir que habría continuado ejerciendo funciones propias del cargo pese a encontrarse legalmente apartado de este para participar en las elecciones regionales y municipales de 2026.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 012-2026-2-0450-AOP, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Darwin Quinde Rivera suscribió el 2 de julio de 2026 un convenio específico de cooperación interinstitucional entre la comuna y Cofopri cuando ya no ejercía legalmente el cargo de alcalde.
Para esa fecha, Quinde se encontraba con licencia sin goce de haber, vigente del 5 de junio al 4 de octubre de 2026, otorgada por el Concejo Municipal para participar como candidato a consejero regional por Podemos Perú. Durante ese periodo, sus funciones quedaron suspendidas y la representación legal de la municipalidad fue encargada al primer regidor, Eligardo López López, conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.
El propio municipio confirmó al OCI que dicho encargo nunca fue revocado ni modificado. Pese a ello, Quinde firmó el convenio con Cofopri en calidad de alcalde y representante legal de la comuna.
Para la Contraloría, este hecho compromete la legalidad del acuerdo, ya que quien lo suscribió carecía de competencia para representar a la entidad. En consecuencia, el informe advierte que la actuación «afecta la validez y eficacia jurídica de los compromisos institucionales asumidos» mediante ese convenio.
El informe también cuestiona la participación de Quinde Rivera en una reunión realizada el 20 de julio en Lima con alcaldes de Piura y la entonces presidenta electa, Keiko Fujimori.
Según el OCI, durante ese encuentro intervino públicamente como alcalde de Ayabaca para abordar proyectos de la provincia, pese a que seguía con licencia.
La situación se agrava porque la Municipalidad Provincial de Ayabaca informó que nunca recibió una invitación oficial para participar en dicha reunión y que tampoco emitió resolución, credencial o documento que autorizara a Quinde Rivera a representar a la institución.
Para la Contraloría, estos hechos generaron incertidumbre sobre quién ejercía la representación legal de la comuna frente a terceros y vulneraron el régimen de reemplazo previsto en la legislación municipal.
La entidad deberá presentar un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles, precisando las medidas que implementará para atender las observaciones formuladas por el órgano de control.
Ciudadanos exigen anular el convenio
Tras conocerse el informe, ciudadanos, organizaciones sociales y comunidades campesinas de Ayabaca difundieron un pronunciamiento público en el que exigen que la municipalidad ejecute las recomendaciones de la Contraloría.
El colectivo pidió que se declare la nulidad del convenio firmado con Cofopri, al considerar que fue suscrito por una autoridad que ya no ejercía legalmente la representación del municipio. Asimismo, demandó que se determinen las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder y que la comuna informe sobre todos los actos realizados durante el periodo en que el alcalde permaneció con licencia electoral.
En paralelo, la Contraloría dispuso que la Municipalidad Provincial de Ayabaca remita, en un plazo de 20 días hábiles, un plan de acción en el que detalle las medidas que adoptará para atender las observaciones formuladas y, de ser el caso, iniciar el deslinde de responsabilidades.
