El Poder Ejecutivo declaró en estado de emergencia a 1.380 distritos de 191 provincias de 24 departamentos del país ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. De ese total, 65 distritos pertenecen a la región Piura, según el anexo del decreto supremo publicado este martes 3 de noviembre en el diario oficial El Peruano.
La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM. Su objetivo es ejecutar acciones inmediatas y necesarias para reducir el muy alto riesgo existente, así como implementar medidas de respuesta y rehabilitación frente a las posibles emergencias.
En Piura, la declaratoria alcanza a las ocho provincias de la región: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sullana, Talara y Sechura.
De acuerdo con la relación de distritos consignada en el anexo del Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, la distribución por provincias es la siguiente:
- Ayabaca (10): Ayabaca, Frías, Jililí, Lagunas, Montero, Pacaipampa, Paimas, Sapillica, Sicchez y Suyo.
- Huancabamba (8): Canchaque, El Carmen de la Frontera, Huancabamba, Huarmaca, Lalaquiz, San Miguel de El Faique, Sóndor y Sondorillo.
- Morropón (9): Buenos Aires, Chalaco, Chulucanas, La Matanza, Morropón, Salitral, San Juan de Bigote, Santa Catalina de Mossa y Santo Domingo.
- Paita (8): Amotape, Arenal, Colán, La Huaca, Paita, Tamarindo, Vichayal y Castilla.
- Piura (9): Catacaos, Cura Mori, El Tallán, La Arena, La Unión, Las Lomas, Piura, Tambo Grande y Veintiséis de Octubre.
- Sullana (9): Bellavista, Ignacio Escudero, Lancones, Marcavelica, Miguel Checa, Querecotillo, Salitral, Sullana y El Alto.
- Talara (6): La Brea, Lobitos, Los Órganos, Máncora, Pariñas y Bellavista de La Unión.
- Sechura (6): Bernal, Cristo Nos Valga, Rinconada Llicuar, Sechura y Vice.
¿Qué acciones deberán ejecutar las autoridades?
El decreto establece que los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán ejecutar las medidas correspondientes con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), además de la participación de los ministerios y otras instituciones públicas y privadas involucradas.
Las intervenciones deberán tener una relación directa con el peligro que motiva la declaratoria. Asimismo, podrán modificarse de acuerdo con las necesidades y las condiciones de seguridad que se presenten durante su ejecución, siempre que estén sustentadas en estudios técnicos de las entidades competentes.
La norma también precisa que las acciones previstas serán financiadas con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
El decreto supremo lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y cuenta con el refrendo del presidente del Consejo de Ministros y de los ministros de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.
