Senamhi Piura confirmó que la lluvia de 14 milímetros registrada el último fin de semana rompió un récord de más de seis décadas, y descartó que esté vinculada al Fenómeno del Niño.
El Ministerio Público de Piura abrió una investigación preventiva por noventa días contra los responsables del proyecto de drenaje pluvial en el Centro Histórico de Piura, tras denuncias por tala de árboles y daños al patrimonio ecológico y cultural de la Plaza Tres Culturas.
La batalla por la «justicia azul» se intensifica en las costas de Tumbes y Piura, en el norte de Perú, donde las comunidades de pescadores de pequeña escala enfrentan una represión creciente mientras intentan proteger sus medios de subsistencia y un ecosistema marino vital de la pesca industrial ilegal. A pesar de que las primeras cinco millas náuticas han estado legalmente protegidas durante 30 años como una zona de reproducción crítica reservada para los pescadores artesanales, la vigilancia es deficiente, permitiendo que embarcaciones industriales utilicen artes de pesca no selectivas y prohibidas (como redes de cerco y arrastre) para operar ilegalmente en esta área.
La contratista encargada del proyecto no puede iniciar los trabajos debido a que aún no cuenta con la aprobación del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR), requisito indispensable del Ministerio de Cultura para prevenir daños al patrimonio histórico de la ciudad. En paralelo, la JUVECO de la Plaza Tres Culturas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Ambiental contra los responsables de la destrucción y alteración del ambiente en dicha plaza histórica.
Tras una mesa técnica marcada por tensiones, el Ministerio de la Producción y los pescadores artesanales de pota alcanzaron un acuerdo: se autorizarán cinco salidas al mar hasta fin de año. Aunque provincias como Sechura y Talara aceptaron de inmediato, Paita —donde se concentra más del 60% de las capturas— fue el principal foco de resistencia antes de sumarse al consenso.
La pesquería del calamar gigante (pota) atraviesa un momento crítico de ordenamiento, a pesar de haber registrado un máximo histórico mensual de aproximadamente 130 mil toneladas en mayo de 2025. Sin embargo, el Ministerio de Pesca defiende la veda, argumentando que si no se cuidan los temas reproductivos, se pone «en peligro la pesquería del futuro más próximo del 2026». El informe técnico de IMARPE justifica esta medida recomendando que las medidas para el aprovechamiento sostenible del recurso comprendan un periodo de al menos 30 días calendario.
A pesar de los reconocimientos internacionales, el turismo en Perú enfrenta graves problemas: infraestructura limitada, sobreexplotación de sitios arqueológicos, amenazas ambientales y patrimoniales, derrames petroleros y turismo sexual. Machu Picchu, una de las siete maravillas modernas del mundo, corre el riesgo de perder su máxima categoría.
En La Matanza, Morropón, el banano orgánico no solo sostiene la economía de cientos de familias, también ha empezado a transformar sus vidas. Gracias al modelo de comercio justo (Fair Trade), los trabajadores de Agronegocios San Miguel Arcángel deciden en asamblea cómo invertir los fondos para mejorar sus comunidades. Cocinas dignas, baños, techos y pisos seguros se han convertido en símbolos de un cambio silencioso que se expande en el corazón del campo piurano.
La disputa por la Ley N.º 31749, que reserva las primeras cinco millas marinas para la pesca artesanal, ha originado un enfrentamiento legal y político que pone en juego el futuro de la sostenibilidad pesquera en el Perú. En Piura, epicentro de esta pugna, gremios artesanales defienden la norma como un escudo contra el colapso ecológico, mientras sectores con embarcaciones mecanizadas impulsan acciones judiciales que podrían frenar su aplicación. Lo que está en juego es el sustento de miles de familias y la definición de un modelo de desarrollo pesquero para el país.
José Ordinola Boyer, rector electo de la Universidad Nacional de Piura, ha denunciado amenazas de muerte y presiones por parte de un grupo de poder que habría controlado la UNP durante 25 años. Afirma que las amenazas comenzaron tras conocerse su victoria en elecciones avaladas por la ONPE y la Defensoría del Pueblo. “No me cabe duda de que quieren torcer la voluntad del pueblo universitario”, señaló.
