Gremios arroceros y juntas de usuarios anuncian paralización indefinida en rechazo a los bajos precios del arroz, las importaciones y la falta de apoyo estatal. Advierten bloqueo de actividades si el Gobierno no instala una mesa de diálogo.
Con apenas 8% de avance físico y casi 8 millones en adicionales, la cuestionada obra de drenaje del centro de Piura se hunde entre retrasos, errores técnicos y protestas ciudadanas. Vecinos denuncian quiebra de negocios y caos urbano mientras el Gobierno Regional sigue ampliando plazos y presupuesto. El proyecto, clave para evitar futuras inundaciones, avanza a paso lento y pone en riesgo a toda la ciudad ante un próximo Niño costero.
La comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos buscaba la restitución de cerca de 10 mil hectáreas que denuncia fueron transferidas irregularmente en 1998. Especialistas del Instituto de Defensa Legal advierten que la decisión contradice el Nuevo Código Procesal Constitucional y profundiza las barreras de acceso a la justicia para los pueblos indígenas.
Abogado Juan Mario Peña sostiene que la Fiscalía no ha probado la existencia de seguros de vida millonarios y advierte que la investigación no puede centrarse únicamente en su patrocinado.
Juzgado consideró que existe peligro de fuga debido a la gravedad de las penas y los elementos de convicción expuestos por la Fiscalía. Defensas apelarán la decisión.
Piura acumula 51 homicidios en menos de cinco meses y alcanza su registro más crítico de los últimos años. Mientras el Gobierno extiende por tercera vez el estado de emergencia, Sullana concentra más de la mitad de los asesinatos y se consolida como el principal foco del sicariato en la región. El exministro Carlos Basombrío advierte que Piura ya figura entre las zonas más golpeadas por el crimen organizado en el país y cuestiona la eficacia de la estrategia de seguridad del Ejecutivo.
La constructora Diamante Jubers SAC evita pronunciarse sobre el contrato del by pass del óvalo Cáceres (S/ 85 millones), pese a las observaciones sobre su adjudicación. Su defensa se sostiene en una medida cautelar obtenida en marzo de 2026, de carácter estrictamente temporal. Para acceder a este recurso legal, la empresa pagó una contracautela de S/ 150 mil. El proceso contencioso administrativo —que definirá su situación— está en manos de la misma sala que le otorgó dicha medida cautelar.
El contrato para construir un puente clave en el Óvalo Cáceres fue firmado pese a que la empresa líder del consorcio ya estaba sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La inhabilitación, emitida antes de la firma del contrato, fue luego ratificada por 26 meses. Aun así, se comprometió más de S/ 85 millones del presupuesto público de todos los piuranos. Expertos advierten posibles irregularidades y cuestionan la transparencia del proceso.
El proyecto de pistas y drenaje pluvial, clave para evitar inundaciones en el Centro Histórico, fue adjudicado por S/ 113 millones a una contratista sancionada por presentar información falsa. La Corporación Diamante Jubers SAC arrastra antecedentes, falta de experiencia en drenaje y cuestionamientos en otras regiones. La obra registra un retraso crítico de casi 50% y presenta fallas en su expediente técnico. Especialistas y sociedad civil exigen investigar al Gobierno Regional por presunto favorecimiento y riesgos de corrupción.
El avance de la obra no supera ni el 10% de lo programado y enfrenta serias dificultades técnicas, como interferencias no previstas y cambios en el diseño, lo que pone en duda el cumplimiento del nuevo plazo y prolonga el impacto en la población del centro histórico.
