El postulante a la alcaldía de Piura afirmó que la ciudad enfrenta un alto riesgo ante un eventual Fenómeno El Niño por el retraso de las obras de prevención. En Norte Electoral planteó acelerar los proyectos del Centro Histórico, priorizar agua y saneamiento para los 105 asentamientos humanos, fortalecer la lucha contra la delincuencia y revisar el contrato de las fotopapeletas.
A pocos meses del verano 2026-2027 y con la alerta de El Niño Costero vigente, una auditoría de la Contraloría reveló que 32 obras ejecutadas bajo la modalidad Gobierno a Gobierno incrementaron sus costos en 140.7 % y extendieron sus plazos de ejecución en 332.6 %. En Piura, tres colegios tardaron hasta ocho veces más de lo previsto, mientras miles de estudiantes continuaron estudiando en ambientes provisionales.
Una auditoría de Contraloría detectó que funcionarios de EPS Grau aprobaron ampliaciones de plazo irregulares en la reparación de tres pozos de agua potable durante la emergencia por déficit hídrico. Las decisiones impidieron aplicar penalidades al contratista Bettla Ingenieros E.I.R.L., ocasionando un perjuicio económico de S/ 174,894.06. El caso ya fue derivado a las procuradurías para evaluar acciones civiles y penales contra los presuntos responsables.
Especialistas del Colegio de Ingenieros de Piura alertan que la sedimentación del cauce ha reducido drásticamente la capacidad hidráulica del río. Advierten que un caudal de apenas 1.500 metros cúbicos por segundo podría provocar inundaciones en el Bajo Piura.
Mientras la atención se concentra en el riesgo de inundaciones, el expresidente del Instituto Regional de Apoyo a la Gestión de los Recursos Hídricos ( IRAGER) alerta sobre otra amenaza que podría afectar a cientos de miles de piuranos: un eventual colapso del canal Daniel Escobar dejaría sin agua potable a gran parte de la ciudad durante un Fenómeno El Niño de fuerte intensidad.
La Comisión Multisectorial ENFEN mantuvo la alerta de El Niño Costero y advirtió que, para el verano de 2027, el fenómeno podría alcanzar una magnitud fuerte con una probabilidad del 44%, mientras que la posibilidad de que sea moderado llega al 36%. El escenario genera preocupación en regiones vulnerables como Piura y Tumbes.
La directora de Meteorología del Senamgi, Grinia Ávalos, advierte que el calentamiento del Pacífico persistirá hasta el verano de 2027. Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad figuran entre las regiones más expuestas ante la posible coincidencia de El Niño Global y El Niño Costero.
La Municipalidad Provincial de Piura proyecta recaudar S/ 4.2 millones en apenas un año con el nuevo sistema de fotopapeletas, pese a que esta medida no figura entre las prioridades urgentes del Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible. La instalación de cámaras para multas automáticas ha desatado cuestionamientos por un posible afán recaudatorio, falta de transparencia y la ausencia de soluciones reales al caos vehicular. Expertos y transportistas advierten que la comuna prioriza sanciones millonarias mientras Piura enfrenta vías destruidas, semáforos deficientes y un transporte público desordenado. El millonario contrato con el consorcio Setrapi y la opacidad del proceso alimentan las dudas sobre el verdadero objetivo de las fotopapeletas.
Con apenas 8% de avance físico y casi 8 millones en adicionales, la cuestionada obra de drenaje del centro de Piura se hunde entre retrasos, errores técnicos y protestas ciudadanas. Vecinos denuncian quiebra de negocios y caos urbano mientras el Gobierno Regional sigue ampliando plazos y presupuesto. El proyecto, clave para evitar futuras inundaciones, avanza a paso lento y pone en riesgo a toda la ciudad ante un próximo Niño costero.
La adjudicación del Lote VI en Talara quedó en manos de Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., subsidiaria de SPT Energy. Según SUNAT, su gerente general es Gong Bencai, exCEO de SAPET, antiguo operador del mismo yacimiento. El vínculo reaviva cuestionamientos por el historial de derrames, multas y observaciones ambientales en la zona. Especialistas advierten riesgos de continuidad en prácticas operativas y exigen mayor fiscalización estatal.
