El Consorcio Vial Turicarami cuestiona la resolución de su contrato en Sullana, la califica de ilegal y advierte que la medida ha paralizado una obra clave por presuntas fallas en el expediente técnico.
A casi una década del Niño Costero de 2017, los grandes proyectos de drenaje pluvial del norte del país siguen atrapados en la fase de diseño y revisión técnica. Informes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) revelan que ciudades como Chiclayo, Trujillo y Tumbes aún no logran iniciar obras físicas. Solo Sullana y Talara han comenzado trabajos en campo, aunque con avances lentos frente a las lluvias del verano de 2026. La falta de presupuesto amenaza con postergar estas infraestructuras clave hasta el 2030.
Desde el año pasado, informes internacionales alertaban sobre las regiones con alto estrés hídrico, entre las que se encontraba Perú. Asimismo, a inicios de este año Cenepred elaboró y difundió un documento sobre las regiones del país que enfrentarían escasez de agua. Pero el documento clave fue el que cursó hace casi dos meses el Senamhi al Gobierno Regional de Piura y al Consejo Regional de Recursos Hídricos sobre la falta de agua y la ausencia de lluvias para fines de año. ¿Por qué no se pidió antes la declaratoria de emergencia; o por qué no se implementó un plan de contingencia para evitar llegar a la situación actual?
Las muertes de los ingenieros Kevin Palacios Zapata, Fabián Cabrera Nima y la topógrafa Ana Yarlequé han dejado una estela de miedo en toda la región Piura y han expuesto las graves carencias en la lucha contra la delincuencia. Para los especialistas consultados por Norte Sostenible, la declaratoria del Estado de Emergencia no es la solución a un problema añejo que no ha sido atacado de raíz: se necesitan respuestas más drásticas y un trabajo articulado entre diversas instituciones.
