La Universidad Nacional de Piura (UNP) enfrenta una severa crisis. Tras un proceso electoral cargado de controversia, la reciente anulación de los comicios para elegir a su rector ha desatado una ola de críticas, denuncias penales y preocupación por la gobernabilidad y transparencia de la institución. En un giro sin precedentes, el Dr. Enrique Cáceres Florián, quien fuera el candidato perdedor, ha sido designado como rector encargado, una decisión que, para muchos, convalida la cuestionada nulidad.
El proceso electoral en la UNP culminó con una segunda vuelta en la que el Dr. José Ordinola Boyer obtuvo una victoria contundente sobre el Dr. Enrique Cáceres Florián, con un amplio margen de 1500 votos de diferencia. Inicialmente, un miembro del Comité Electoral anunció a la prensa que el Dr. Ordinola era el ganador y que las elecciones habían sido transparentes, sin fraude significativo.
Sin embargo, en un movimiento sorpresivo y en la madrugada del 16 de julio, el Comité Electoral emitió la Resolución N° 020, declarando la nulidad de las elecciones. Esta decisión ha sido fuertemente cuestionada, ya que se produjo a pesar de que la Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo y la ONPE habían señalado que no había motivo ni causa para anular los comicios y que el proceso debía concluir con la proclamación del ganador.
Juan Carlos Álamo, abogado especialista en temas electorales, dijo que «una de las características principales de todo proceso electoral… es la preclusividad de los plazos«. El plazo para proclamar los resultados oficiales vencía recién el 18 de julio, pero la nulidad fue declarada el 14 de julio.
La Fiscalía de Prevención del Delito, la Defensoría del Pueblo y la ONPE habían señalado que no había motivo ni causa para anular los comicios.
La resolución de nulidad ha sido objeto de serias dudas sobre su validez legal; en primer lugar, la resolución fue publicada con una sola firma, a pesar de que, según las directrices de la SUNEDU, se requieren al menos cinco firmas de los nueve miembros del Comité Electoral para que los actos colegiados sean válidos. Además, cuatro miembros del Comité Electoral se deslindaron de toda responsabilidad mediante una carta notarial, afirmando no haber participado en la sesión que acordó la nulidad. Asimismo, los argumentos esgrimidos en la resolución, como la supuesta presencia de un alumno con propaganda a favor del Dr. Ordinola el 9 de julio, son considerados «totalmente inoficioso, totalmente inexacto» y no constituyen una base contundente para anular todo un proceso electoral, especialmente si no fueron reportados por entes externos y competentes como la ONPE o la Defensoría del Pueblo.
Denuncias penales y la preocupación por los estudiantes
La Dra. Socorro Granda, excandidata, ha presentado una denuncia penal contra los miembros del Comité Electoral por presuntos delitos como falsedad ideológica, falsedad genérica y abuso de autoridad, tipificados en el artículo 428 del Código Penal, con penas privativas de libertad de 3 a 6 años.
El Dr. Víctor Belarde, miembro de la Asamblea Universitaria, ha expresado una profunda preocupación, no tanto por los seis docentes implicados, quienes «tienen cómo defenderse», sino por los tres estudiantes que también enfrentan denuncias penales. Los delitos imputados incluyen falsedad ideológica, falsedad genérica y abuso de autoridad, contemplados en el artículo 428 del Código Penal, con penas privativas de la libertad de 3 a 6 años.
«Esos chicos cuando se gradúen con con una foja de servicio, con un antecedente de una denuncia penal, no van a poder conseguir empleo. Esos chicos van a ser perseguidos… esto no dura un año, dura dos, 3 años, sino 6, 8 años que van a tener que estar citados… Eso es lo que me preocupa y me apena. Han sido conducidos a esto», indicó.
«Esos estudiante [tres miembros del Comité Electoral] van a ser perseguidos…con un antecedente penal, no van a poder conseguir empleo…esto no dura un año, sino seis a ocho años que van a ser citados».
En este contexto de nulidad, se convocó a una Asamblea Universitaria, la cual, según el Dr. Belarde, «prácticamente se convalida… la resolución número 020 de nulidad».
La Ley Universitaria y los estatutos establecen un orden de prelación para la asunción del rectorado ante la ausencia del titular. El vicerrector académico, Dr. Sancarranco, y el vicerrector de investigación, Dr. Orlando Zapata , declinaron asumir el cargo por motivos de salud y carga laboral, respectivamente. En consecuencia, se recurrió a la figura del docente más antiguo, resultando en la designación del Dr. Enrique Cáceres Florián.
Esta situación es considerada «anecdótica, pero muy seria» por el Dr. Belarde, quien afirma que la UNP es «la única universidad en el mundo donde el candidato perdedor de las elecciones para rector es ungido como rector encargado».
La Asamblea ha sido criticada por no haber elegido al segundo docente más antiguo, lo cual, según el Dr. Belarde, «hubiera sido una decisión mucho más correcta y que le hubiese tranquilizado a la comunidad». El mismo Dr. Belarde votó en contra de la designación del Dr. Cáceres Florián, no por animadversión personal, sino para «salvarme de un proceso penal al que pueden poner al que pueden colocar a la asamblea».
Se sugiere que el Dr. Cáceres Florián, a quien se reconoce como una persona «seria, honesta» y con «valores», pudo haber evitado esta situación irregular al felicitar públicamente al Dr. Ordinola y aceptar su derrota, frenando así la anulación. El Dr. Cáceres ha anunciado que no volverá a postular al rectorado para evitar «malos mensajes a la comunidad».
Incertidumbre y desafíos para la universidad
La anulación del proceso electoral y la designación del rector interino dejan a la UNP en un ambiente de «desolación» y «preocupación». La universidad no está siendo «bien conducida», enfrentando incluso cuentas embargadas por juicios perdidos.
El Dr. Belarde, presidente de la comisión de fiscalización, ha revelado que están investigando una serie de irregularidades y se están «sorprendiendo con todo lo que estamos encontrando». Esto sugiere que la anulación podría estar relacionada con el temor de que una nueva administración descubra estas anomalías.
Mientras tanto, se espera el pronunciamiento de la SUNEDU, entidad rectora en materia electoral universitaria, sobre la legalidad de la anulación. El Dr. José Ordinola Boyer, como el candidato más perjudicado, tiene la facultad de emprender acciones legales, incluyendo impugnaciones en la vía judicial o cautelares administrativas.
«La UNP es «la única universidad en el mundo donde el candidato perdedor de las elecciones para rector es ungido como rector encargado».
VÍCTOR VELARDE
La falta de una autoridad legítimamente electa genera una «falta de gobernabilidad» que afecta directamente la calidad educativa y los avances necesarios para estudiantes y docentes. A ello se suma la restricción al ingreso de periodistas y representantes de «Dignidad Universitaria» a la última Asamblea Universitaria, lo que alimenta las dudas sobre la transparencia de los procesos internos.
Para el personero legal del Dr. José Ordinola, Alejandro Sarrieta, la norma reglamentaria de estas elecciones «dice con claridad que eso debería dar es que existe fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia que no se ha demostrado». Además, señala que instituciones como la Defensoría del Pueblo, la ONPE y la Fiscalía de Prevención del Delito estuvieron presentes y garantizaron la transparencia del proceso, declarando públicamente que «no han habido irregularidades».
Ante lo que consideran una «descarada arrebatamiento del poder», el equipo del doctor Ordinola ha interpuesto una acción de amparo, un recurso legal que busca revertir la anulación y asegurar el «irrestricto respeto de los resultados obtenidos». Se espera que esta acción se resuelva en un plazo no mayor a 15 días, dada su naturaleza urgente para evitar la vulneración de derechos. La ley permite acudir directamente al Poder Judicial en casos «donde la demora causaría un daño irreparable».
«Se espera que la acción de amparo se resuelva en un plazno no mayor a 15 días, dada su naturaleza urgente para evitar la vulneración de derechos».
Si las instancias nacionales no fallan a su favor, están «dispuestos a llegar hasta el Tribunal de Derechos Internacional de Derechos Humanos, en Costa Rica», considerando que se trata de una «violación de principios de los derechos humanos» y del fundamental «principio de elegir y ser elegido». Ya se han cursado informes a diversas entidades como el MINEDU, SUNEDU, la Comisión de Educación del Congreso, y foros internacionales.
La situación ha generado preocupación en todos los estamentos universitarios. El Dr. José Ordinola lamentó la baja participación de estudiantes en los plantones, aunque explicó que ello se debe a que la coyuntura coincidió con la «semana de exámenes finales», llevando a los estudiantes a priorizar sus estudios. Sin embargo, resaltó que «los estudiantes han estado presentes por las redes sociales dándole ánimo a toda la agrupación». También se subraya la importancia de la opinión de los padres de familia, quienes ven en riesgo el «futuro de sus hijos» y, por ende, el de la sociedad regional.
Ordinola manifestó su preocupación por el impacto de esta prolongada incertidumbre. Se percibe que la designación del doctor Cáceres como rector encargado podría tener la intención de permitirle volver a postular en el futuro, a pesar de que «él se habría comprometido en la asamblea… al no postular en el próximo proceso electoral». Para el equipo de Ordinola, esta situación representa la consolidación de una «verdadera mafia que se ha enquistado en la UNP y que no quiere dejar el poder».
El mensaje central de la parte afectada es el llamado a «prevalezca la legalidad y la justicia» y a que se respete «la voluntad de la comunidad universitaria» expresada en las urnas. Se busca «generar cohesión social» y evitar que este capítulo «muy triste para nuestra universidad» afecte el desarrollo regional. La resolución del Poder Judicial en la acción de amparo será clave para definir el rumbo de esta institución en los próximos días.
