Cocinera autodidacta y creadora del tacu tacu piurano, Teresa Pimentel de Márquez convirtió un humilde chicherío en un referente de la cocina popular peruana y dejó un legado que hoy continúan sus hijos. Desde una choza de esteras en el corazón de Piura, forjó una historia de esfuerzo, sazón y familia que trascendió generaciones y fronteras.
Un año después del derrame de crudo que contaminó el mar y golpeó el corazón de su economía, Lobitos sigue pagando el precio de la desidia estatal y la impunidad ambiental. Este balneario piurano, reconocido por sus olas y su biodiversidad, enfrenta hoy una lenta y desigual recuperación marcada por la caída del turismo, la precarización de pescadores y hoteleros, y una indemnización que nunca llegó. Entre promesas incumplidas, pasivos petroleros sin remediar y una fiscalización ausente, Lobitos se convierte en un espejo de cómo en el Perú los daños ambientales pueden quedar sin justicia ni reparación real.
El Gobierno Regional de Piura invertirá casi S/ 70 millones en el drenaje pluvial del centro de la ciudad, para evitar que se inunde cada vez que llueve. La obra ya fue convocada y la contratista se conocerá en las próximas semanas. Sin embargo, cientos de ciudadanos se oponen a la construcción de un estanque de tormentas —que forma parte del proyecto— debajo de la Plaza Pizarro o Plaza Tres Culturas, pues se talarán árboles longevos en una localidad que necesita más áreas verdes y se afectará el patrimonio cultural e histórico de la Zona Monumental. El martes realizarán una marcha de protesta.
Frente a la embestida de varios proyectos de ley que buscan modificar la Ley General de Pesca y la Ley 31749, que protege la pesca artesanal dentro de las cinco millas marítimas, diversos gremios de pescadores de Cabo Blanco, La Islilla, El Ñuro, La Tortuga y otras zonas del norte peruano protestaron y anunciaron medidas de fuerza si se retrocede en la protección de la pesca ancestral.
El Ejecutivo destinó casi S/ 100 millones en la instalación de Sistemas de Recolección y Evacuación de agua de lluvia (SARE) en Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad, sin embargo, dichas inversiones (cuestionadas por Contraloría) no evitaron que las ciudades se inunden de nuevo. En respuesta, el Ministerio de Vivienda anunció un plan de contingencia para asegurar el funcionamiento de los SARE en Piura.
Aunque Piura es uno de los departamentos con menor acceso a agua potable, según el INEI, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, insistió en la construcción de una obra que terminó costando 428% más que su valor inicial. Pero lo más grave es que, a pesar de que lo negaron desde la comuna, el proyecto utiliza 25 m3 diarios de agua potable de la red pública. Dicha cifra equivale al consumo de 35 viviendas. Los expertos consideraron un derroche del recurso en plena crisis hídrica así como una obra inmoral.
En un contexto donde se necesitan más áreas verdes y pulmones en las metrópolis, el consorcio ejecutor de los trabajos —en coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura— taló 15 árboles existentes en el otrora parque Néstor Martos, el segundo más grande de la ciudad. El costo inicial del proyecto, valorizado en S/ 2.9 millones, se incrementó en 428%, es decir, más de S/ 12 millones, que incluye un aumento en el valor de la liquidación de la obra.
En los últimos años se ha incrementado el consumo de agua embotellada en el país, pero sobre todo en el norte peruano, debido a las altas temperaturas y la reciente crisis hídrica. Las familias piuranas consumen cada vez más agua de mesa en bidones de 20 litros, muchas veces sin saber la fuente de procedencia o si la empresa cuenta con registro sanitario. Norte Sostenible obtuvo la lista actualizada de las únicas empresas autorizadas para procesar y comercializar agua de mesa en Piura, un negocio donde abunda la informalidad.
Ha pasado un mes desde que se produjo el derrame de petróleo de Petroperú que afectó a las costas de Lobitos, en la región de Piura, y los rezagos de crudo aún manchan las playas que alguna vez atrajeron a turistas y surfistas de todo el mundo. Las Capullanas y La Punta, dos de los balnearios más icónicos de la zona, continúan con rastros visibles de contaminación, mientras la promesa de una remediación ambiental efectiva sigue sin cumplirse. El turismo y la pesca son los dos sectores más golpeados.
Un reciente fallo del Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda presentada por Agroaurora, del Grupo Gloria, contra la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y reafirmó la obligatoriedad de retirar el dique construido por la empresa en el río Chira, en la región de Piura. En cinco oportunidades los agricultores fueron a la zona para romper la estructura que impedía el pase del recurso en medio de la fuerte crisis hídrica que vive la región.
