Por: Andy Garay
Desde octubre del año pasado, la calle Cusco —una emblemática arteria del Centro de Piura— es territorio de las cabezas blancas. Suben y bajan. Dan órdenes. Otras veces solo miran. Pero, por lo general, menciona Cecilia Villalta, solo desfilan en grupo y no hacen nada.
Cecilia tiene 57 años, cabello ondulado y unos ojos pequeños y profundos que parecen auscultar a primera vista. Es dueña de la ferretería Santa Rosa, frente a El Martillo, y desde su esquina observa los avances de la obra. El ambicioso proyecto, ejecutado por el Gobierno Regional, contempla una inversión de 110 millones de soles e incluye la renovación de pistas, veredas y drenaje pluvial. Sin embargo, el proyecto avanza con tropiezos. A inicios de febrero su avance físico era apenas de casi el 3%, frente al 33% programado. Es decir, presenta un retraso del 30%.
Ella no cree que la obra termine el próximo año. Su rostro enrojece y frunce los labios al ser consultada. No es la única, dice con el gesto aún tenso, que ve amenazado su negocio. Pero sí le gustaría una respuesta del gobierno regional. Porque los días pasan y el avance es mínimo.
Lo único que aumenta, además de la basura y el polvo, son los cascos blancos o «las cabezas blancas» como les llama Cecilia. Calcula que a diario se desplazan unos «cincuenta ingenieros»; mientras tanto, el personal obrero es escaso. Y esos «cincuenta» ni siquiera reaccionan cuando se les llama o se les pide celeridad. «Con ellos no funciona decirles señor o joven, prefieren ingeniero o ingeniera», dice Cecilia.
La llegada de la obra no estaba planificada en la avenida Cusco, afirman los comerciantes. Según les dijeron, primero avanzarían las calles Moquegua y Apurímac y, una vez concluidas, recién intervendrían la Cusco. Pero las máquinas llegaron igual, recuerda Carlos Zapata, dueño de Tiqti Restobar, «arrasando con todo, a las siete de la mañana, muy temprano». Desde entonces, hace más de cuatro meses, la calle parece un escenario de un circuito de motocross. Las motocicletas son las únicas capaces de sortear con suerte los obstáculos que el consorcio Diamantes Jubers SAC (la cuestionada contratista a cargo de la obra) va dejando en el camino.
Cuatro décadas en riesgo
Amparo Castillo Sánchez tiene 69 años y un semblante tranquilo, una calma que le sirve para combatir el estrés. Sentada junto a la puerta de su ferretería, al lado de los caballetes, compara la situación con la pandemia; incluso, dice, es peor. No siempre tienen agua. Aprovechan cuando llega para llenar un pequeño balde verde, destinado solo al baño. Además, no ha podido vender mucho, ni siquiera durante la campaña navideña, y, por eso, ha decidido bajar el precio de los productos.
ꟷAl menos, en pandemia no había la dificultad de esto, ¿sabe? Me refiero a las zanjas. En la pandemia la gente venía y había un lugar donde cuadrar la movilidad. Ahora, a lo mucho, llegan tres personas y con mucho sacrificio, porque vienen aquí cuando no encuentran en otro lugar el producto que buscan.
Desde que rompieron el desagüe de su local, El Martillo, permanece ahí con su celular, amenazando con tomar una foto o grabar un video. «Es la única forma de hacer que avancen», dice, entre risas.
Pequeña y vigilante, espera no cerrar El Martillo, aunque desliza, con cierto cansancio, que esa posibilidad ya ronda. Siente que el estrés es grande. No sabe qué hacer ahora. Ni siquiera puede asegurar el servicio de delivery: nadie quiere tomarlo porque los obreros cierran el pase para los vehículos. Además, asegura que la gente prefiere ir al local a observar, palpar y escoger. Teme que su destino sea el mismo que el de La Cabaña, una pizzería ubicada en la calle Ayacucho, que ya ha cerrado temporalmente por la obra.
ꟷEn estos momentos estamos afectados, nuestras ventas han bajado a un 90%, ¿no? Y los compromisos con los bancos no los podemos cumplir. Con eso te digo todo. Muchos negocios en el sector ya han cerrado, se han retirado. Nosotros estamos subsistiendo, pero no sé hasta cuándo.
ꟷ¿Y el Gobierno Regional se ha comunicado con ustedes?
Amparo niega. Solo la municipalidad ha llegado, menciona. Coge su celular, entra a Facebook y muestra un video. En la pantalla aparece una chica que invita al público a visitar su tienda, señala las ofertas y los materiales a encontrar. Mientras vemos la publicidad, ella sonríe. Recuerda que, antes de que graben, estaba muy enojada.
Alguien de Interbank la llamó ese mismo día y le dijo que debía hacerse cargo de sus deudas. Ella pidió paciencia, que sus hijos ahora la están apoyando. Del otro lado de la línea, la respuesta fue seca: «entonces pida a sus hijos que ya cancelen todo». Amparo respondió con rabia y cortó.
Entonces, cuando llegaron los de imagen de la municipalidad, Amparo descargó con ellos su rabia. No se lo merecían, dice ahora. Recuerda que por la cólera ni siquiera escuchó que querían grabar un video. Pero ella confiesa que esperaba, en realidad, escuchar soluciones.
ꟷTenemos cuarenta años aquí y sería una pena cerrar. Yo lucharía hasta lo imposible para mantenerlo, ¿no? Yo lucharé hasta donde pueda, porque El Martillo se hizo de la nada y nació de la nada.
Desamparados, luchan solos
El 3 de febrero, la Cámara de Comercio de Piura le ha dado nombre técnico a la pesadilla de Amparo y Cecilia. Para la institución, la obra es un «grave atentado contra el desarrollo económico, la seguridad y la salud pública». La inacción que Cecilia observa desde su ferretería es, según la Cámara, un factor crítico que pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de familias y la continuidad de negocios.
Solo en la calle Cusco, cuatro negocios han cerrado durante el avance de la obra. «Ese es el impacto social que no se ha medido», sostiene Juana Huaco, especialista en gestión pública. Señala que la Municipalidad de Piura debería sentarse a dialogar con los comerciantes y establecer una amnistía tributaria, pues considera injusto cobrar arbitrios por servicios que no se están prestando adecuadamente debido al desorden de la obra como la recolección de basura.
ꟷEl GORE y la municipalidad deberían convertir a los comerciantes en proveedores del Estado, garantizando al menos un flujo mínimo de ingresos para pagar personal y deudas bancarias.
Sin embargo, en cuatro meses de obra, el Gobierno Regional no se ha comunicado con los comerciantes. Solo el 31 de enero, durante la Inauguración del Polideportivo en el Asentamiento Humano Chiclayito, el Gobernador Regional, Luis Neyra, tomó la palabra. Con micrófono en mano, dijo que quienes critican su gestión por las obras que realiza «no solamente son feos por fuera, sino también por dentro». Añadió que en febrero se vienen más obras en la ciudad.
ꟷ¡Porque Piura es la capital más importante del Perú después de Lima! ꟷsostuvo, entre aplausos.
Mientras tanto, los negocios se sienten abandonados. Algunos han buscado estrategias para sobrevivir como las peluquerías o restaurantes que ahora envían «volanteros» o jaladores hasta la avenida Grau para guiar a los clientes a través de los escombros y puentes improvisados instalados por la contratista. Aun así, pocos se animan a acercarse. Cecilia Villalta, dueña de la Ferretería Santa Rosa, se pregunta:
ꟷ «¿Quién va a venir a comer tierra?».
