Las defensas ribereñas del río Piura que colapsaron en el tramo Represa Los Ejidos–Puente Cáceres recién estarían reparadas el 6 de diciembre de 2026, cuando la región ya podría afrontar lluvias intensas por el Fenómeno de El Niño. Así lo advierte la Contraloría en un informe de control que alerta sobre el retraso de los trabajos y el riesgo que representa mantener expuesta parte de la infraestructura de protección.
El Informe de Visita de Control n.° 030-2026-OCI/5349-SVC, emitido el 15 de octubre, señala que el Consorcio Los Ejidos incumplió el cronograma de reparación que presentó al Gobierno Regional de Piura (Gore). El documento establecía que las labores debían culminar el 4 de setiembre; sin embargo, durante una inspección realizada el 2 de octubre, los auditores constataron que los trabajos todavía estaban pendientes.
La demora preocupa porque Piura se encuentra en estado de emergencia por peligro inminente ante el Fenómeno de El Niño 2026-2027. Según las proyecciones consideradas en el informe, el periodo de mayor impacto se extendería de setiembre a enero, con lluvias intensas desde noviembre.
Contraloría advierte riesgo de colapso
Durante la inspección, la Contraloría verificó que el consorcio había demolido y retirado los elementos colapsados —la viga cabezal, las tablestacas y parte de la losa— en un tramo de aproximadamente 50 metros, cerca de la progresiva 1+700.
No obstante, el talud continuaba expuesto y las labores de reposición seguían pendientes. Para el Órgano de Control Institucional (OCI), esta situación pone en riesgo la infraestructura existente y podría ocasionar el desborde del río Piura, con posibles daños a la población.
El plazo proyectado para el 6 de diciembre se sustenta en el propio calendario de ejecución presentado por el contratista. Al 2 de octubre, la planta de tablestacas tenía 26 de las 49 unidades previstas. La empresa esperaba completar su fabricación el 7 de octubre, pero el concreto requiere 28 días para alcanzar la resistencia necesaria. Por ello, las últimas piezas podrían instalarse alrededor del 4 de noviembre.
Después de esa etapa, todavía quedarían siete partidas por ejecutar, entre ellas la construcción de la viga cabezal, el dique compactado, la colocación del geotextil y la losa, el sellado de juntas y la limpieza. Estas actividades suman 32 días adicionales, lo que desplaza la culminación de los trabajos hasta diciembre.
La Contraloría advierte que las lluvias podrían dificultar la reposición de las defensas y aumentar el riesgo de un nuevo colapso si las estructuras no están terminadas antes de que se intensifiquen las precipitaciones.
Gobernador cuestiona cambios de cronograma
El gobernador regional Luis Neyra aseguró que la garantía de la obra fue activada, pero atribuyó los retrasos al contratista. Según indicó, la empresa ha modificado en reiteradas ocasiones las fechas previstas para ejecutar las reparaciones.
“El problema es el contratista, que no se apura en la ejecución”, declaró al ser consultado sobre el avance de los trabajos.
Neyra insistió en que la empresa no se ha negado expresamente a intervenir la infraestructura, pero cuestionó que los plazos sigan cambiando sin que se cumplan las fechas comprometidas.
“No es que se rehúse, sino que están cambiando constantemente los cronogramas”, sostuvo. Añadió que el consorcio ha presentado varias modificaciones por distintos motivos y lamentó que no cumpla con los calendarios establecidos.
El gobernador también señaló que surgieron problemas con las tablestacas que la empresa mandó fabricar, pues algunas no alcanzaban la profundidad requerida. Sobre el periodo de 28 días necesario para el curado del concreto, indicó que se trata de un plazo señalado por la propia contratista.
Ante esta situación, anunció que llevará el último cronograma a la plataforma de Defensa Civil para que el seguimiento a los compromisos no dependa únicamente del Gobierno Regional.
Además, adelantó que solicitará que la Fiscalía de Prevención del Delito intervenga en el seguimiento de las reparaciones. La medida, explicó, busca respaldar las exigencias al contratista mediante un acuerdo de la plataforma. Según Neyra, vecinos de sectores como Los Cocos del Chipe han pedido participar en la próxima sesión para plantear esta solicitud.
Una obra recibida en 2022
La obra denominada “Mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla” fue ejecutada por el Consorcio Los Ejidos, integrado por Pronte Ingenieros SAC, Proyectos del Norte SAC, Construcciones Civiles y Topografía SAC y HC & Asociados SRL.
El contrato N°086-2017-GR se firmó el 25 de octubre de 2017 por S/57 millones 740 mil 643. El Gobierno Regional recibió la infraestructura el 10 de febrero de 2022, pero el contratista mantiene la responsabilidad por vicios ocultos durante siete años desde la conformidad de la obra.
El gobernador explicó que esta garantía no consiste en una carta fianza depositada en un banco, sino en la obligación del contratista de responder por los defectos que presente la infraestructura dentro del periodo establecido.
Neyra sostuvo que el problema se encontraría principalmente en la impermeabilización de la cara seca de las defensas y no en el concreto. Según indicó, un diagnóstico de 2023 ya había advertido el peligro de colapso y especialistas de la Universidad de Piura (UDEP) coincidieron con esa evaluación.
Sin embargo, afirmó que el Gobierno Regional no puede ejecutar directamente las reparaciones mientras la responsabilidad siga recayendo en la empresa.
“Estamos atados de pies y manos, ¿qué mantenimiento se le puede dar?”, sostuvo.
Antes de emitir el último informe, el Gobierno Regional había requerido al consorcio que atendiera los daños mediante una carta notarial del 22 de mayo, pedido que reiteró el 12 de junio. El 17 de junio, la empresa presentó un plan de trabajo con un cronograma que fijaba el término de las reparaciones para el 4 de setiembre.
Posteriormente, la entidad comunicó los atrasos mediante el oficio N°213-2026, del 1 de setiembre; la carta N°64-2026, del 4 de setiembre; y la carta notarial N°19-2026, del 21 de setiembre. Esta última otorgó al contratista tres días calendario para reanudar los trabajos. Al 2 de octubre, según el informe de control, no se había recibido una respuesta formal.
Ante los riesgos identificados, la Contraloría recomendó al titular del Gobierno Regional adoptar medidas preventivas y correctivas e informar sobre las acciones implementadas al Órgano de Control Institucional en un plazo máximo de cinco días hábiles.
