El Perú es, por definición, un país de abundancia natural. Sus ecosistemas, que abarcan desde los desiertos costeros hasta la Amazonía más densa, lo colocan entre las naciones con mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, esa riqueza contrasta con una realidad alarmante: los territorios más diversos son también los más degradados y vulnerables.
El reciente Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental (IRESA) 2025, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), ofrece una radiografía de esa contradicción. El estudio, que evalúa el desempeño ambiental de las 25 regiones del país entre 2018 y 2024, muestra que la sostenibilidad ambiental en el Perú sigue siendo un desafío estructural, estrechamente vinculado con la desigualdad económica, las actividades ilícitas y la debilidad institucional.
El IRESA mide el desempeño regional a través de dos pilares: Calidad ambiental y Gobernanza ambiental y gestión de riesgos. Cada uno agrupa indicadores sobre acceso a agua segura, manejo de residuos, calidad del aire, tratamiento de aguas residuales, delitos ambientales, conflictos sociales y vulnerabilidad ante desastres. El resultado es un puntaje de 0 a 10 que refleja cuán sostenible es el desarrollo en cada región del país.
Un país que avanza a distintas velocidades
Los hallazgos son contundentes. Mientras regiones del sur como Tacna (8.4 puntos), Arequipa (8.1) y Lima Metropolitana y Callao (8.05) encabezan el ranking, otras como Loreto (4.6), Huánuco (4.7) y Madre de Dios (4.8) se ubican en el extremo opuesto. Entre ambas realidades se abre un abismo ambiental que retrata no solo diferencias geográficas, sino profundas brechas en gobernanza, infraestructura y gestión pública.
De estos resultados podemos decir que, las regiones más sostenibles son, en su mayoría, las de la costa sur y centro, mientras que las de la selva siguen rezagadas. Esta tendencia coincide con el mapa de competitividad económica elaborado por el mismo IPE, donde siete de las diez regiones más competitivas también figuran entre las más sostenibles ambientalmente.
Tacna, líder del ranking, sobresale por su sólido desempeño en ambos pilares. En el ámbito de Calidad Ambiental, ha alcanzado un tratamiento del 98% de sus aguas residuales y ha reducido la degradación de ecosistemas. En Gobernanza y gestión de riesgos, destaca por la ausencia de conflictos socioambientales y la mínima incidencia de incendios forestales.
Arequipa, segunda en el índice, mantiene una gestión institucional robusta, aunque muestra retrocesos en acceso a agua segura, un reflejo de los desafíos urbanos y del crecimiento poblacional. Lima Metropolitana y Callao, tercera en el ranking, sobresale en disposición adecuada de residuos y cobertura de agua segura, aunque sufre altos niveles de contaminación del aire y un parque automotor envejecido.
En el extremo opuesto, Loreto, Huánuco y Madre de Dios concentran los peores puntajes. En estos territorios, la deforestación, la minería ilegal y la informalidad urbana crean un círculo vicioso de deterioro ambiental y pobreza. Loreto, por ejemplo, redujo en casi 20 puntos porcentuales la proporción de población con municipios que disponen adecuadamente sus residuos. En Madre de Dios, la contaminación por mercurio y los incendios forestales están dejando huellas irreversibles sobre la salud humana y los ecosistemas.
Piura a mitad de tabla
Con 6.2 puntos, Piura se ubica en el grupo medio del ranking nacional. Es la región más destacada del norte, superando a Lambayeque (6.7) y La Libertad (6.1), pero todavía lejos de los estándares de sostenibilidad del sur. Su posición refleja tanto progresos en gobernanza como limitaciones estructurales en calidad ambiental.
El informe del IPE destaca que nuestra región enfrenta graves problemas de acceso a agua segura: más del 93% de la población no recibe agua con niveles adecuados de cloro residual. Este déficit no solo compromete la salud pública, sino que revela una débil capacidad institucional para garantizar un servicio básico de calidad. A ello se suma un elevado porcentaje de agua no facturada (62.5%), lo que refleja pérdidas en la red y debilidad financiera de la EPS Grau.
En materia de residuos sólidos, los avances son limitados. La mayoría de los municipios aún dispone su basura en botaderos informales, sin rellenos sanitarios ni programas de reciclaje significativos. Esta carencia afecta directamente la calidad del aire, contamina los ríos y aumenta la proliferación de vectores de enfermedades.
La vulnerabilidad de Piura se agrava por su exposición a los desastres naturales. En 2024, el CENEPRED estimó que más de 369 mil personas en la región estaban en riesgo muy alto de inundaciones, especialmente durante los episodios del Fenómeno El Niño. La falta de infraestructura resiliente y de planificación urbana ha convertido a las lluvias intensas en crisis recurrentes. Aunado a ello, las prácticas ineficientes terminan afectando la gestión del riesgo: se implementan pistas y veredas, pero sin antes cambiar las redes obsoletas de agua y alcantarillado; peor aún, los llamados SARES (sistemas alternativos de recolección y evacuación de aguas de lluvia) han demostrado ser un fracaso al resultar inoperativas ante lluvias mínimas, como las registradas el 3 y 4 de noviembre de este año.
Por lo tanto, Piura representa la realidad peruana: avances parciales, pero sin resolver los cimientos del problema ambiental. Presenta cierta mejora en gobernanza ambiental, gracias al fortalecimiento de sus oficinas locales y a una mayor ejecución del gasto en prevención de desastres, pero se sigue priorizando cemento sobre árboles, tal y como sucedió en la Av. Don Bosco, donde se talaron más de 500 árboles (la mayoría algarrobos), para pavimentar la zona.
Los desafíos en sostenibilidad
El IRESA 2025 no solo clasifica regiones; también expone las raíces del problema. Los datos confirman que el deterioro ambiental en el Perú no es producto del azar, sino de fallas estructurales acumuladas: débil gestión del agua, informalidad urbana y rural, expansión de economías ilegales, y una gobernanza ambiental fragmentada entre niveles de gobierno.
Pese a que el Perú posee una de las mayores reservas hídricas de América Latina, su distribución es profundamente desigual. La costa, donde se concentra el 60% de la población y el 80% del PBI, solo dispone del 2% del agua dulce. Regiones como Piura, Ica y Lambayeque tienen los mayores déficits de agua segura del país.
El deterioro ambiental en el Perú no es producto del azar, sino de fallas estructurales acumuladas: débil gestión del agua, informalidad urbana y rural, expansión de economías ilegales, y una gobernanza ambiental fragmentada entre niveles de gobierno.
El informe advierte que la cobertura de agua potable se ha estancado en torno al 88% en la última década, y que el 61% de la población nacional no accede a agua con cloro residual adecuado. En Piura y Pasco, esta cifra supera el 90%. Además, el tratamiento de aguas residuales sigue siendo insuficiente: 18 de las 50 empresas prestadoras del país carecen de plantas operativas, lo que provoca descargas directas a ríos y quebradas.
Deforestación y minería ilegal
La Amazonía peruana, responsable del 50% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, enfrenta una deforestación que supera las 150 mil hectáreas por año. Entre 2001 y 2024 el país perdió 3.2 millones de hectáreas de bosques. La expansión de la frontera agrícola, el cultivo ilegal de coca y la minería ilegal son los principales motores de esta pérdida.
El IPE estima que las exportaciones de oro ilegal alcanzarán los 12 mil millones de dólares en 2025, igualando por primera vez el valor del oro legal. Este fenómeno no solo destruye ecosistemas, sino que alimenta redes criminales y genera violencia en regiones como Madre de Dios, La Libertad y Puno, donde los homicidios se han duplicado en cinco años.
Uno de los hallazgos más reveladores del informe es la brecha entre la normativa ambiental y su implementación. Aunque el 78.6% de las municipalidades provinciales y distritales del país cuenta con una oficina ambiental, menos del 10% tiene un plan local de acción ambiental o una política formal vigente.
Esta deficiencia explica por qué el país solo reaprovecha el 2.7% de sus residuos sólidos y por qué el promedio nacional de áreas verdes urbanas es de apenas 1.8 metros cuadrados por habitante, muy lejos del estándar internacional de 9 m² recomendado por la OMS. Eso explica, también, porqué hay tanta ignorancia en la protección de los árboles en las ciudades calurosas como Piura. Se les extermina en vez de protegerlos.
Aunque el 78.6% de las municipalidades provinciales y distritales del país cuenta con una oficina ambiental, menos del 10% tiene un plan local de acción ambiental o una política formal vigente.
La falta de coordinación entre niveles de gobierno también se refleja en la gestión de riesgos. Apenas el 30.5% de las entidades públicas tiene un plan de prevención de desastres vigente, y en regiones como Ica o Apurímac la cobertura no supera el 20%. En consecuencia, los impactos del cambio climático (inundaciones, sequías, heladas o incendios forestales) se repiten cada año con efectos devastadores.
¿Cómo estamos enfrentando el cambio climático?
El Perú ocupa el puesto 11 en el mundo en cuanto a población expuesta a desastres naturales. Las anomalías climáticas vinculadas al Fenómeno El Niño, sumadas al retroceso de los glaciares y la degradación del suelo, colocan al país entre los más vulnerables de América Latina.
La pérdida de ecosistemas no solo reduce la capacidad de adaptación, sino que impacta directamente en la economía. Los desastres de 2017 y 2023 generaron pérdidas equivalentes al 1.5% del PBI nacional. La exposición al riesgo climático se combina con la informalidad habitacional, que afecta al 60.5% de las viviendas, aumentando el costo humano y material de cada evento.
En ese contexto, fortalecer la resiliencia territorial y la planificación preventiva se vuelve una prioridad impostergable. El IRESA 2025 llega en un momento crucial. A solo cinco años de completarse el plazo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, el Perú aún no logra traducir su riqueza natural en sostenibilidad.
El país cuenta con marcos normativos avanzados, como la Ley Marco sobre Cambio Climático, la Política Nacional del Ambiente al 2030 y la Hoja de Ruta hacia la Economía Circular, pero la brecha entre el papel y la práctica sigue siendo enorme. La sostenibilidad no es un lujo ni un discurso ambientalista; es una condición para la supervivencia económica, social y ecológica del país. Tacna y Arequipa muestran que es posible; mientras que Piura y la Amazonía demuestran que aún falta mucho por hacer.
Foto de portada generada con IA.
