Por: Analí Valencia
La Universidad Nacional de Piura (UNP), una de las casas superiores de estudio más antiguas del norte del país, se enfrenta a un proceso electoral que definirá no solo su rector hasta el 2028, sino también el futuro de una institución pública golpeada por años de denuncias por corrupción, desidia en la gestión y abandono académico.
El próximo 8 y 9 de julio, más de 20 mil estudiantes y docentes elegirán entre dos opciones: José Ordinola Boyer, economista crítico del oficialismo, y Enrique Cáceres Florián, contador público y exdirector general de administración en la actual gestión. Ambos han planteado propuestas ambiciosas, pero ¿qué tan viables son? ¿Quién representa realmente un cambio?
El análisis de Norte Sostenible revela que tanto Ordinola como Cáceres coinciden en el diagnóstico: una universidad rezagada en infraestructura, carente de estándares mínimos de calidad académica y con una comunidad universitaria que ya no confía en sus autoridades. No obstante, difieren en el enfoque y el alcance de sus planes.
Promesas vs. realidad: ¿Qué universidad están ofreciendo?
José Ordinola, líder del movimiento Dignidad Universitaria, propone medidas como la creación de un Tribunal de Honor independiente, la reducción sistemática de tasas en el TUPA, la reactivación del servicio de buses, el fortalecimiento de la investigación y la implementación de energía solar para climatizar las aulas. Además, según enfatizó, su candidatura representa una ruptura con la política universitaria que ha gobernado la UNP los últimos años.
“Tenemos que recuperar la confianza de los estudiantes y docentes. La universidad ha sido tomada por mafias enquistadas en el poder, que reparten cargos sin meritocracia y sin transparencia. Vamos a romper ese ciclo”.
En contraparte, Enrique Cáceres Florián, pese a su cercanía directa con el oficialismo, intenta desmarcarse del desgaste que lo vincula. Él defendió su propuesta como una nueva etapa con resultados concretos.
“Soy parte de una generación que quiere hacer las cosas bien. Propongo digitalizar el 40% de los trámites universitarios en el primer año y auditar el 80% de los procesos de licitaciones. No se trata solo de criticar; se trata de modernizar”.
Pero esa promesa de modernización choca con una realidad que, para los especialistas, aún no está resuelta. “¿De qué sirve prometer publicaciones en revistas indexadas si ni siquiera hay condiciones para investigar? Un paper en Scopus demora tres años. ¿Quién va a acompañar ese proceso? ¿Con qué fondos? ¿Dónde están los laboratorios?”, cuestiona Guillermo Dulanto, docente de la Universidad de Piura (UDEP), quien también recordó que varias de las mejoras que ahora prometen ambos candidatos podrían haberse gestionado sin necesidad de esperar elecciones.
En cuanto a infraestructura, Cáceres ofrece modernizar el 40% de los pabellones y laboratorios, garantizar mantenimiento del 100% de áreas verdes, e instalar aire acondicionado en el 70% de las aulas. En cambio, Ordinola plantea soluciones sostenibles como la implementación de aire acondicionado solar y la creación de un campus digitalizado.
La mirada técnica: ¿Qué tan viables son sus propuestas?
Para Dulanto, las promesas de los candidatos deben ajustarse a la realidad concreta que vive la universidad. “Una universidad sin baños limpios, sin comedor operativo ni transporte estudiantil no puede hablar de internacionalización. Eso es gestión elemental. No estamos pidiendo milagros, sino que se hagan las cosas básicas”, sostiene.
Según Dulanto, ofrecer ética, transparencia o valores no basta: “Eso no es una propuesta, es una obligación. Lo que falta es gestión con indicadores claros y equipos comprometidos. ¿Cómo se capacitará a los docentes? ¿Cómo se exigirá cumplimiento a los funcionarios? Eso no lo dicen”.
Dulanto cuestiona también el uso de propuestas genéricas: “Ofrecer ética y transparencia es como prometer que saldrá el sol. Eso se da por descontado. Lo que se necesita es explicar cómo se implementará y con qué equipo. ¿Van a capacitar? ¿Van a sancionar? ¿Van a publicar presupuestos abiertos?”, comentó.
Por su parte, en su diagnóstico, Juana Huaco, docente de la UDEP y especialista en gestión pública, el problema de fondo es la pérdida de prestigio académico. “No estoy diciendo nada nuevo si afirmo que la UNP ha perdido prestigio. Hoy no es referente en investigación, no tiene publicaciones científicas relevantes ni docentes con alto impacto académico. Hay que reconstruirla desde cero”.
Huaco advierte que se trata de una universidad que recibe recursos del canon minero y del Tesoro Público, pero cuya ejecución presupuestal está marcada por la opacidad. “Se necesita transparencia real. Los ciudadanos deberían tener acceso libre a saber cómo y en qué se gastan los millones que recibe la UNP. La digitalización es solo una parte. Falta voluntad política”.
¿Qué están dejando fuera?
Ambos candidatos incluyen en sus planes acciones para mejorar la investigación, implementar convenios internacionales, fomentar la internacionalización y modernizar la malla curricular. Pero, según el análisis técnico de especialistas, buena parte de esas propuestas carece de una hoja de ruta clara, indicadores de medición y plazos razonables.
Los planes de gobierno también evidencian vacíos. Ninguno de los dos candidatos aborda de manera integral el tema de los derechos laborales de los trabajadores CAS ni propone políticas concretas para reducir el acoso y la violencia de género en el campus. Tampoco hay compromisos sólidos con la equidad en el acceso a posgrados ni una agenda clara de inclusión para estudiantes con discapacidad.
Entre el cambio y la continuidad: el peso de los antecedentes
Aunque Cáceres intenta distanciarse del oficialismo, su paso por la administración actual lo persigue. Además, ha sido cuestionado por su cercanía a sectores políticos que antes también formaron parte de la UNP.
El riesgo, según los expertos, es que gane quien gane, la universidad rompa con las redes que desde hace décadas manejan cargos, favores y decisiones internas. Por eso, más allá del discurso, el mayor desafío será la ejecución.
La UNP se enfrenta a una disyuntiva histórica. O elige seguir maquillando su crisis con promesas grandilocuentes, o emprende un proceso real de reconstrucción institucional, con rendición de cuentas, gestión eficiente y una comunidad universitaria vigilante.
“Lo que está en juego no es un cambio de rostro, es un cambio de lógica institucional. La UNP necesita recuperar su función pública, volver a ser un referente académico y dejar de ser botín de grupos enquistados. Y eso no depende solo del rector, sino de toda la comunidad universitaria”, concluyó Dulanto.
