Norte Sostenible

Familia de Anthony Camizán denuncia omisiones fiscales tras liberación de policía investigado

Por: Analí Valencia

La reciente decisión de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que ordenó la liberación del suboficial de la Policía Nacional del Perú Mell Gipson Sancarranco Vega, ha generado profunda indignación en la familia de Anthony Camizán Guerrero, joven universitario desaparecido desde agosto de 2022.

En declaraciones a Norte Sostenible, el hermano de la víctima, Junior Camizán, responsabilizó directamente a la fiscal a cargo del caso, Oliván Guerrero Castillo, de presuntas omisiones durante la audiencia de prisión preventiva que —según sostiene— habrían sido determinantes para que el investigado afronte el proceso en libertad.

“Todo esto ocurre como consecuencia directa de la ineficiencia de la fiscal. En su momento debió anexar y presentar ante el juez conversaciones clave entre el señor Sancarranco y la señorita Yenni Ocaña, pruebas de suma importancia que inexplicablemente no fueron incorporadas al expediente”, señaló el familiar.

Como se recuerda, la Tercera Sala Penal de Apelaciones declaró fundado el recurso presentado por la defensa de Sancarranco Vega, durante una audiencia realizada el pasado miércoles 28. El colegiado precisó que la resolución que impuso la prisión preventiva no cumplía con los estándares de motivación exigidos por la ley y la jurisprudencia constitucional, razón por la cual revocó dicha medida coercitiva. Sancarranco Vega venía siendo investigado por presuntos delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de obstaculización de la justicia en forma agravada, además de otras imputaciones relacionadas al caso de la desaparición del universitario.

Chats no sustentados ante el juez

De acuerdo con su testimonio, las conversaciones no presentadas contendrían presuntas coordinaciones en las que Sancarranco habría indicado a Ocaña cómo declarar ante la defensa legal de la familia Camizán, entre lo cual, le pedía omitir su relación sentimental y negar cualquier vínculo con Edixon Córdova Godos, principal sospechoso de la desaparición del joven.  Estos hechos se convierten para la familia en una evidente obstaculización de la justicia.

“El juez tomó conocimiento de esas capturas recién porque fue nuestra abogada quien las explicó durante la audiencia. Aun así, no fueron formalmente sustentadas por la fiscal, y esa omisión hoy ha tenido consecuencias gravísimas”, afirmó.

El hermano de Anthony expresó su preocupación por el riesgo de fuga del investigado, recordando que el principal sospechoso, pese a tener arraigo familiar y laboral, se encuentra actualmente prófugo.

“Ese es nuestro mayor miedo ahora. Ya pasó antes. No queremos que vuelva a repetirse”, advirtió.

Anuncian nuevas acciones legales

La familia confirmó que su equipo legal presentará un nuevo escrito ante el Ministerio Público solicitando nuevamente la prisión preventiva, esta vez con la incorporación formal de todas las pruebas documentales omitidas anteriormente.

Asimismo, informaron que este viernes se realizará una nueva audiencia, en la que se evaluará el pedido para que Yenni Ocaña pase de la condición de testigo a investigada por presunta obstrucción de la justicia.

“Nos encomendamos al juez. Esperamos que esta vez se actúe con objetividad y sin temor. Exigimos transparencia y justicia sin privilegios”, enfatizó el familiar.

Durante la entrevista, el hermano de Antony reiteró sus críticas al trabajo de la fiscalía de Chulucanas y pidió que se investiguen posibles conflictos de interés, aclarando que no buscan adelantar conclusiones, pero sí que se esclarezcan las decisiones adoptadas en el proceso.

“No queremos imaginar favores ni ayudas indebidas, pero las omisiones hablan por sí solas. La verdad no se puede ocultar ni postergar”, concluyó.

La familia del joven universitario Antony Camizán Guerrero cuestionó duramente el trabajo del Ministerio Público tras la liberación del suboficial Mell Gipson Sancarranco Vega, al denunciar que la fiscal a cargo del caso habría omitido presentar pruebas clave durante la audiencia de prisión preventiva, una situación que, según sostienen, debilitó el sustento legal de la medida y permitió que el investigado afronte el proceso en libertad.

29 enero, 2026