El hospital de alta complejidad prometido para Piura como una de las mayores inversiones en salud del norte del país, enfrenta hoy un escenario crítico. Aunque el contrato fue firmado, el plazo de ejecución ya comenzó y el Estado entregó un adelanto millonario a la empresa constructora, la obra aún no inicia. Documentos oficiales y testimonios de especialistas revelan una cadena de problemas que amenaza con repetir la historia de un proyecto que lleva décadas intentando concretarse: interferencias en el terreno sin resolver, retrasos previos por deudas internacionales y un déficit presupuestal de más de S/ 230 millones para este año.
Mientras tanto, el Gobierno Regional de Piura sostiene que el retraso se debe a decisiones presupuestales del gobierno central. Sin embargo, la documentación técnica del Programa Nacional de Inversiones de Salud (PRONIS) que pertenece al Ministerio de Salud, señala que la liberación del terreno, responsabilidad del gobierno regional, es una condición indispensable que aún no se cumple.
El proyecto hospitalario, valorizado en más de S/ 3,201 millones, fue adjudicado bajo la modalidad de gobierno a gobierno (fastrack) con asistencia técnica del Reino Unido. El 3 de octubre de 2025 se firmó el contrato con la empresa estatal china Sinohydro Corporation Limited, encargada del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del hospital, con un plazo de ejecución de 1080 días calendario, con término previsto para enero de 2029.
Tras la firma de una primera adenda al contrato, el Estado peruano entregó S/50 millones como adelanto el 9 de febrero de 2026, lo que permitió activar el inicio contractual de la obra al día siguiente. Es decir, el reloj ya empezó a correr desde el 10 de febrero de 2026, pero en el terreno no ocurre lo mismo.
Las interferencias que frenan el proyecto
Un documento técnico del PRONIS señala que existen retrasos críticos en el saneamiento del terreno donde se levantará el hospital, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre. Entre los obstáculos identificados figuran redes de desagüe y gas dentro del predio, postes e infraestructura existente, árboles de gran tamaño y estructuras que deben ser demolidas, además de trámites pendientes como la habilitación urbana y la actualización de coordenadas geodésicas ante registros públicos.
La responsabilidad de resolver estas interferencias recae en el Gobierno Regional de Piura, de acuerdo con la Cláusula Sexta del Convenio de Cooperación Interinstitucional N°016-2025-PRONIS.
El propio informe advierte que la demora en cumplir estos compromisos impide la entrega formal del terreno al contratista, lo que retrasa el inicio de los estudios y actividades de diseño y podría generar mayores costos y ampliaciones de plazo para el Estado.
‘’ El Gobierno Regional de Piura debe cumplir sus compromisos, cuya demora impide la entrega de terreno al Contratista, por tanto, existe demora en el inicio de los estudios y actividades de diseño, lo cual recae en el reconocimiento de eventos compensables, a consecuencia el reconocimiento de mayores costos y ampliaciones de plazo, que podría afectar de la programación financiera’’, se lee en el documento.
Pese a ello, el gobernador regional ha sostenido públicamente que la paralización no se debe a este problema, sino a una reformulación de presupuesto de los megaproyectos a nivel nacional que ha dispuesto el Ejecutivo. Ante ello, mencionó que se reunirán con el Ministerio de Salud para generar alguna solución.
“El problema es el terreno”
Dirigentes sociales y especialistas consultados por Norte Sostenible cuestionan esa versión. Durante una protesta frente al hospital Santa Rosa, el dirigente Wilder Farfán, secretario general de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores de Salud Administrativos (Fenutssa) señaló que el proyecto sigue detenido por la falta de saneamiento del terreno.
“El terreno le corresponde al gobierno regional porque tiene que entregarlo saneado para que la contratista pueda trabajar. Hay interferencias: instalaciones de agua, eléctricas, gas. Ese es el problema. No es el crédito suplementario, no es el dinero. El detalle es que él tiene que entregar el terreno y no lo ha hecho”, declaró.
Antes de enfrentar el problema de las interferencias, el hospital de alta complejidad ya había sufrido otro retraso. El Estado peruano mantenía pagos pendientes por más de S/82 millones con el consorcio británico encargado de brindar asistencia técnica al proyecto, lo que generó una advertencia diplomática y la posibilidad de suspender el acompañamiento técnico internacional.
El exasesor del Ministerio de Salud, Arnaldo Vite, confirmó que esa deuda finalmente fue cancelada. Tras el pago, se firmó una adenda al contrato para reactivar el cronograma. Sin embargo, el reinicio administrativo no se ha traducido en avances visibles.
“Dentro del nuevo cronograma estaba previsto haber iniciado el 10 de febrero. Ya ha pasado prácticamente un mes y no tenemos nada. Las interferencias que manifiesta el PRONIS son claras y son responsabilidad del gobierno regional”, advirtió Vite.
Recorte de presupuesto
A los problemas técnicos se suma una preocupación mayor: el financiamiento del proyecto para el año 2026. De acuerdo con la programación financiera del propio proyecto, se requieren S/ 314,707,595 para cumplir con los pagos programados del contratista durante este año. Sin embargo, el presupuesto asignado en el Programa Institucional Modificado (PIM) apenas alcanza los S/84 millones, lo que deja un déficit de S/ 230,707,595.
La diferencia tendría que ser cubierta mediante un crédito suplementario aprobado por el Congreso. Para los dirigentes ciudadanos, el riesgo es evidente: si el contratista se instala y no recibe los pagos programados, la obra podría paralizarse.
“La empresa se va a instalar y va a parar la obra por falta de pago si no se asigna el presupuesto. Por eso exigimos que el crédito suplementario incluya los 230 millones que faltan”, señaló Farfán.
Asimismo, el exasesor del Ministerio de Salud también advirtió que el contexto político podría dificultar aún más la solución del problema.
“Con la coyuntura política actual, todo el mundo está en campaña. El Ejecutivo ya destinó 84 millones y no creo que asigne mucho más. Hace dos años se asignaron más de 70 millones para el expediente técnico y nadie sabe qué pasó con ese dinero”, afirmó.
Para Vite, el escenario más preocupante es que el proyecto vuelva a quedar atrapado en un limbo administrativo y político.
“Podría quedar para el siguiente gobierno y ojalá que el siguiente gobierno lo continúe y no volvamos a fojas cero”, finalizó.
Foto de portada: Gobierno del Perú
