Una nueva investigación de la Environmental Justice Foundation (EJF) revela cómo una de las pesquerías de calamar más importantes del mundo está siendo empujada hacia una crisis ecológica y social, debido a la poca transparencia y falta de control en altamar, mientras grandes flotas chinas de aguas distantes aprovechan vacíos normativos y una débil gobernanza en el Pacífico Sudeste.
La publicación del informe coincide con un momento clave para la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP‑PS), que se reunirá en Panamá a partir del 2 de marzo para discutir diversas propuestas concretas para revertir esta situación.
Una pesquería clave para las economías costeras
La pesquería de pota o calamar gigante es un pilar económico para la región y sustenta miles de medios de vida en Chile, Perú y Ecuador. En 2023 se desembarcaron 1.225.798 toneladas de calamar gigante en el Pacífico Sudeste, con Perú, China y Chile como los tres países más importantes de la pesquería durante al menos los últimos 25 años, representando juntos más del 99% de todos los desembarques declarados.
Solo en 2023, la pesquería de pota de Perú aportó 621.925 toneladas por un valor de 831 millones de dólares, con entre 2.500 y 4.500 embarcaciones artesanales –en su mayoría menores de 15 metros– dedicadas a esta especie. En Chile, una flota artesanal de alrededor de 1.800 embarcaciones desembarcó más de 105.000 toneladas de calamar gigante en 2023, y las exportaciones alcanzaron los 178 millones de dólares en 2024, un aumento del 56,2% respecto de 2023. Ecuador, por su parte, reportó 3.028 toneladas de desembarques en 2023, pese a enfrentar intrusiones reiteradas de la flota china en torno a las islas Galápagos, una zona ecológicamente sensible.
Transparencia insuficiente y abusos graves
La investigación de EJF documenta fallas crónicas de transparencia y regulación en la flota de calamar de aguas distantes de China, que operó con 528 buques poteros en el área de la OROP‑PS en 2024, el doble que en 2014 y responsable del 98,7% de toda la actividad de pesca con pota en alta mar en el Pacífico Sudeste.
Esta falta de control permite que prosperen abusos contra los derechos humanos – incluidas condiciones de trabajo forzoso, violencia física y fallecimientos de tripulantes – así como daños ambientales y prácticas de pesca destructivas, como el “aleteo” de tiburones (corte de aletas y devolución del cuerpo al mar) y el arponeo de focas.
“Esta investigación muestra cómo la falta de transparencia y rendición de cuentas a nivel regional está alimentando el daño ambiental y poniendo vidas en riesgo. La transparencia en las pesquerías industriales ya no puede ser opcional: es la base de un océano seguro y sostenible”, afirmó Steve Trent, director ejecutivo y fundador de la Environmental Justice Foundation.
Liderazgo costero en la OROP‑PS
La publicación del informe se produce justo antes de la 14.ª reunión de Comisión de la OROP‑PS, donde Ecuador y Perú, junto a otros países, han presentado un paquete sólido de medidas para mejorar la gobernanza del calamar en alta mar en una de las pesquerías más grandes del mundo. Estas propuestas –elaboradas en coordinación con organizaciones de productores como CALAMASUR– buscan establecer límites de captura basados en la ciencia, fortalecer el monitoreo y control, y cerrar vacíos que permiten que continúen prácticas abusivas.
Perú ya ha dado pasos decisivos para ordenar la actividad en sus propias Zonas Económicas Exclusivas, mientras la flota china concentra su operación en alta mar. Redujo drásticamente el uso de sus puertos por parte de flotas de alto riesgo tras exigir que los buques extranjeros de calamar instalen su sistema nacional de seguimiento (VMS) seis meses antes de ingresar, medida que llevó a que las entradas de buques chinos fueran cero en 2025.
Mientras Perú cerraba sus puertos a los buques de alto riesgo, las recaladas de naves chinas a puertos chilenos pasaron de menos de diez en 2024 a alrededor de 180 en 2025, convirtiendo a Chile en el “puerto de menor resistencia” para esta flota.
“Perú es un ejemplo de buenas prácticas que han logrado poner un freno al ingreso a las flotas de alto riesgo. Estamos frente a la oportunidad de que el país junto a otros como Ecuador y Chile puedan conformar un bloque regional en la OROP-PS y establezcan políticas que protejan al calamar, sus recursos, sus pescadores y que terminen con la violación de los derechos humanos en alta mar”, señaló un portavoz de EJF.
El rol del Perú- Un llamado a una respuesta conjunta en 2026
A pesar de concentrar entre el 40 y el 45% de las capturas de la pesquería de calamar del Pacífico Sudeste, China no ha presentado hasta ahora propuestas para mejorar la sostenibilidad de este recurso dentro de la OROP‑PS. Las moratorias unilaterales en alta mar anunciadas por China no sustituyen la adopción de medidas multilaterales vinculantes a través del proceso de consenso de la organización.
“Tras más de una década de retrasos injustificados, 2026 debe ser un año decisivo. Los países de la región no pueden permitir que se bloquee de nuevo el consenso. China debe comprometerse seriamente con las reglas multilaterales y apoyar las propuestas ya presentadas por los Estados costeros”, agregó Trent.
EJF insta a los Estados miembros de la OROP‑PS a aprovechar este momento para adoptar un paquete completo e indivisible de medidas que proteja la pesquería de calamar, defienda los derechos humanos a bordo y garantice que la demanda internacional de pota no se construya sobre la explotación y la ilegalidad.
Foto de portada: EJF
