Por Analí Valencia
La minería ilegal se ha convertido en la principal actividad delictiva en Perú, con un impacto que trasciende el daño ambiental y amenaza la seguridad de las comunidades. En Piura, zonas como Tambogrande y la cuenca del río Quiroz evidencian cómo esta práctica criminal avanza bajo la sombra de la corrupción, la impunidad y la inacción estatal.
“El año pasado, la minería ilegal movilizó más de 10,500 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de este negocio y explica los múltiples intereses que rodean esta actividad ilícita”, señala César Ipenza, abogado ambientalista y analista en temas mineros. Según Ipenza, la actividad ilegal no solo destruye el ecosistema, sino que está vinculada a la presencia de organizaciones criminales y la participación de ciudadanos extranjeros que operan incluso con tierras alquiladas en territorio peruano.
El abogado advierte que “la minería ilegal genera violencia, contaminación y, en los casos más extremos, la muerte de personas. La impunidad se sostiene en la débil capacidad de control y supervisión del Estado”. Entre los principales problemas destaca el prolongado proceso de formalización minera que, tras 23 años, sigue sin resolverse.
“Las autoridades nacionales —el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional— han dilatado decisiones claves que afectarían positivamente a las regiones, agravando la crisis ambiental y social”. Pero no son las únicas. Las autoridades regionales, encargadas de fiscalizar la actividad minera, “carecen de los recursos, personal y herramientas para hacer cumplir la ley. Esta debilidad institucional permite que la minería ilegal opere con total impunidad”, indica Ipenza.
La corrupción es otro factor crítico. “Se observa en autoridades locales y regionales, en el sistema de justicia y la policía, e incluso en el Congreso, donde existe una bancada multipartidaria que defiende intereses de la minería informal e ilegal”, afirma el experto. Un claro ejemplo es el Registro de Mineros Informales (Reinfo), que se ha convertido en “un instrumento de impunidad” para quienes buscan evadir responsabilidades legales. “Muchos mineros usan este registro como un ‘escudo’ para evitar ser investigados, e incluso se han detectado ventas ilegales de registros por internet”, revela.
Piura, otro Pataz
De los más de 86,000 registros Reinfo emitidos, solo 20,000 permanecen vigentes, con requisitos mínimos de cumplimiento. Este escenario pone en alerta a Piura, que podría enfrentar situaciones similares a las de Pataz, donde 13 trabajadores mineros fueron asesinados. “Cada día que el Estado no actúa, los grupos criminales ganan mayor poder y control territorial”, advierte Ipenza.
Respecto a la respuesta estatal, el abogado subraya que “existe un marco legal claro que debe aplicarse. Para actividades ilegales y no formalizables, como la minería en ríos, es imprescindible destruir la maquinaria y sancionar a los responsables», indica. Asimismo, señala la importancia de que entidades como la Policía y la Unidad de Inteligencia Financiera utilicen la inteligencia para identificar a los involucrados y desarticular las redes de lavado de activos.
Pese al panorama adverso, Ipenza destaca el rol de la sociedad civil. “Los ciudadanos deben exigir transparencia y compromiso a sus autoridades y candidatos políticos, pidiéndoles que deslinden de toda vinculación con la minería ilegal. No podemos esperar que un salvador solucione este problema; es fundamental ejercer una ciudadanía activa y vigilante», añade.
Finalmente, el experto precisa que “la minería formal y responsable no es un problema. El daño lo causa la minería ilegal, que incumple normas, contamina, y genera graves consecuencias sociales como trata de personas, sicariato y contaminación de fuentes de agua, dejando pasivos ambientales que afecta a todos.”
La minería ilegal representa una amenaza que va más allá del daño ambiental: desafía la gobernabilidad, la justicia y el bienestar de las comunidades. La exigencia de una respuesta firme y coordinada es urgente para proteger el presente y futuro de Piura y del país.
