Las comunidades costeras, afectadas por los derrames de petróleo, ahora podrán reclamar indemnizaciones incluso de manera retroactiva a partir del 2022. Tras la reciente publicación de la Ley N.º 32534 en el Diario Oficial El Peruano, que amplía el padrón de damnificados y endurece la fiscalización, los pescadores artesanales de Lobitos, en Piura, han anunciado que insistirán en el cobro de indemnizaciones justas por los daños sufridos en su litoral, luego de los derrames por parte de Petroperú ocurridos en diciembre del 2024 y julio del 2025.
La nueva norma modifica la Ley 32190 y permite, de manera excepcional, la inscripción retroactiva de afectados por derrames ocurridos desde el 1 de enero de 2022, siempre que hayan sido declarados en emergencia ambiental. Este marco legal no solo apunta a casos masivos como el de Repsol en Ventanilla, sino que abre una oportunidad para otras zonas del norte del país, como Lobitos, donde se registraron incidentes en diciembre del 2024 y julio de 2025 vinculados a pozos de Petroperú,.
La ley establece que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) será responsable de estas inscripciones, mientras que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) asumirá competencias reforzadas para supervisar el cumplimiento de las remediaciones y el registro de víctimas. Además, el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días calendario para adecuar el reglamento, el cual debe incluir protocolos de compensación transparentes.
Lobitos: “No recibimos una compensación justa”
Para los pescadores de Lobitos, esta ley representa una herramienta jurídica esencial para reabrir casos que consideraban cerrados bajo condiciones desfavorables. Al respecto, Jorge Periche, presidente del Gremio de Pescadores de Lobitos, confirmó a Norte Sostenible que la asociación ya se encuentra analizando el alcance de la norma.
“Estamos reuniéndonos acá en la mesa para decidir. Si está dentro de la posibilidad nosotros vamos a recurrir a esa ley para insistir en la compensación”, afirmó Periche, subrayando que las actas de acuerdo previas con Petroperú no son definitivas debido a su falta de claridad.
El dirigente explicó que en Lobitos se han enfrentado a una situación compleja por la ocurrencia de dos derrames distintos (diciembre 2024 y julio 2025). Según Periche, Petroperú ha intentado eludir responsabilidades alegando que los pagos realizados correspondían solo al primer evento. Al respecto, fue enfático: “Por supuesto, no hay una compensación justa. Eso es lo que vamos a buscar: ver qué posibilidad se puede hacer después de que se ha abierto ya esta ley”, dijo.
El año pasado, Petroperú les otorgó S/ 1,500 como “compensación” por el segundo derrame de petróleo; y los coaccionó a firmar una acta de renuncia de todo reclamo futuro. Es decir, les entregaron ese monto de dinero a 1,100 afectados de Lobitos a cambio de no volver a solicitar indemnización por el primer derrame.
Infraestructura en crisis y el impacto en la pesca
La insistencia en las indemnizaciones no solo responde al daño ambiental, sino a la precaria situación económica y de infraestructura que atraviesa el sector. Periche denunció que el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Lobitos presenta daños estructurales graves, como hundimientos y techos a punto de colapsar, tras oleajes anómalos de 2024. Sin embargo, a pesar de las inspecciones del Gobierno Regional y de Fondepes, las soluciones no llegan por presunta falta de presupuesto.
En cuanto a la actividad extractiva, los pescadores enfrentan una doble presión: la escasez de recursos y la presencia de redes mecanizadas que operan ilegalmente dentro de las cinco millas. No obstante, Periche destacó una leve mejoría en la aparición de especies como caballa y cabrillón gracias a la vigilancia del Sernanp en los polígonos de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau.
La nueva ley también introduce modificaciones al Decreto Legislativo 1147, obligando a los operadores de naves e instalaciones que transportan hidrocarburos a contar con mecanismos de respuesta inmediata ante fugas.
Para los pescadores artesanales del litoral peruano, que mantienen deudas millonarias pendientes de cobro y enfrentan ecosistemas donde aún persiste hasta el 60% del crudo vertido en casos pasados, la implementación de esta ley en los próximos 30 días será crucial para determinar si finalmente se logra una reparación integral que el Estado y las empresas han postergado durante años.
Foto de portada: Derrame en Lobitos. Crédito: Ronny Espinoza.
