Las polémicas obras de drenaje pluvial y movilidad urbana en el Centro Histórico de Piura continúan causando impactos negativos en los negocios locales, pero también presentan riesgos alertados recientemente por la Contraloría de la República. El origen de todo es un expediente técnico defectuoso que ha obligado al Gobierno Regional de Piura aprobar nuevos planos para redes de telecomunicaciones.
El proyecto central, dividido en dos ítems de intervención, abarca zonas críticas entre las avenidas Loreto, Málaga, Bolognesi y la ribera del río Piura. Sin embargo, en el caso de las obras del drenaje pluvial se vieron afectadas al detectarse una «inconsistencia crítica» en los documentos originales del proyecto ejecutado por la Corporación Diamante Jubers S.A.C.
La deficiencia principal radica en que el expediente técnico aprobado inicialmente no consideró las conexiones domiciliarias en el ítem de interferencias de telecomunicaciones. Esta omisión no fue un error menor; implicaba la ausencia total de planos de detalle, presupuestos específicos para estas partidas y análisis de precios unitarios para los ductos de telefonía.
Ante esta «imposibilidad técnica» de avanzar, el Gobierno Regional de Piura, mediante la Resolución N° 010-2026-GRI-DGC, se vio obligado a aprobar de urgencia tres nuevos planos (PRT-01, PRT-02 y PRT-03) el pasado 23 de enero de 2026. Estos nuevos diseños buscan integrar las redes eléctricas y de telecomunicaciones que el proyectista original no incluyó en el expediente original.
Los nuevos hallazgos de Contraloría
Mientras el Gobierno Regional intentaba parchar el expediente, la Contraloría General de la República emitió un nuevo informe tras inspecciones realizadas entre finales de 2025 y enero de 2026. El ente de control identificó tres «situaciones adversas» que ponen en riesgo la continuidad y la integridad de la obra.
La primera señal de alerta es la inadecuada implementación de señalización en las zonas de excavación. En calles como el Jr. Huánuco, se verificó que no existen cercos rígidos ni señales de advertencia suficientes, lo que deja a los trabajadores y transeúntes a merced de caídas en zanjas profundas o accidentes con maquinaria, como ya ha ocurrido.
Esa falta de seguridad contraviene directamente la Norma G.050 de Seguridad durante la Construcción y los propios estándares del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto. La Contraloría fue enfática: la ausencia de dispositivos de seguridad peatonales y vehiculares es una falta contractual que amerita penalidades de hasta 0.3 UIT por cada día de incumplimiento.
Además del peligro físico, la gestión de los residuos sólidos ha colapsado. La acumulación de escombros, material de demolición y cortes de subrasante ha invadido las vías públicas, especialmente entre el Jirón Huánuco y el Jirón Junín. Estos cúmulos de desechos no solo impiden el paso, sino que generan una «problemática social» y focos de inseguridad.
Un punto crítico revelado por el informe es la demora en la absolución de consultas. La entidad regional ha fallado en responder dudas cruciales del contratista sobre el uso de materiales, como la incorporación de fibra de polipropileno en el concreto. Esta parálisis administrativa es peligrosa porque, según la Ley de Contrataciones del Estado, da pie a que el contratista solicite ampliaciones de plazo. Cada día de retraso injustificado por falta de respuesta técnica se traduce en el pago de mayores gastos generales, lo que significa que la obra terminará costando mucho más de lo presupuestado originalmente al erario público.
Además, el riesgo de que la obra no culmine dentro del plazo contractual es real. Recordemos que la obra en el ítem de drenaje ya ha tenido una primera ampliación de plazo. El nuevo plazo de ejecución contractual se extiende hasta el 09 de mayo de 2026.
Impacto económico y social
Aunque los informes técnicos hablan de partidas y resoluciones, en las calles el impacto es humano y económico. Los comerciantes del centro de Piura enfrentan una crisis de ventas debido a la nula transitabilidad. El reporte de la Contraloría menciona explícitamente que la situación está «perjudicando a los vecinos y transeúntes de la zona intervenida».
El centro histórico, que debería ser el motor comercial de la región, se ha convertido en un laberinto de polvo y escombros sin remover. La falta de certificados de seguridad (ITSE) y la exposición de cables y tuberías han forzado a muchos negocios a operar a media marcha o, en algunos casos, a enfrentar clausuras temporales por los riesgos del entorno.
Las pérdidas económicas para los comerciantes locales son el resultado directo de una obra que se ejecuta sin el rigor técnico necesario. Al no existir una vía libre para los clientes y al presentarse condiciones de inseguridad ciudadana, el flujo económico del cercado de Piura se ha visto drásticamente reducido. Así lo han denunciado diversos emprendedores y dueños de tiendas.
El proyecto, que incluye inversiones superiores a los 68 millones de soles para el drenaje y más de 44 millones para las pistas y veredas, corre el riesgo de no concretarse. La aprobación de los nuevos planos es solo el primer paso para corregir un expediente técnico deficiente, pero queda pendiente resolver el desorden en campo y la lentitud administrativa.
En conclusión, la obra de drenaje de Piura es hoy un ejemplo de cómo una deficiente planificación técnica impacta en cadena: genera riesgos de accidentes, fomenta el desorden social y amenaza con drenar los fondos públicos mediante sobrecostos administrativos. Pero los más perjudicados siempre son los ciudadanos y dueños de negocios locales. Cabe destacar que la obra de pistas y veredas del Centro Histórico de Piura tiene un plazo de ejecución de 540 días calendario.
