El Gobierno Regional de Piura aprobó dos adicionales millonarios para la continuidad de las obras en los dos tramos que comprende la Av. Sullana, por más de S/ 3 millones. Pero lo que cuestionan expertos consultados por Norte Sostenible es que se trata de adicionales que eran previsibles o que pudieron ser evitados durante la elaboración del expediente técnico de obra.
El primer adicional, aprobado el 8 de agosto mediante resolución de la Gerencia General Regional N° 237-2025, corresponde al tramo comprendido entre la Av. Sánchez Cerro y la Av. Cáceres, por la suma de 1 millón 761 mil 679 soles. La obra es ejecutada por el consorcio formado por las empresas Construcciones y Servicios Yadimar EIRL y Constructora San Sebastián Piura SAC.
La última, sin embargo, tiene como principal accionista a Augusto Naquiche Yovera, un empresario detenido en agosto del 2023 acusado de formar parte de la presunta organización criminal “Los operadores de la reconstrucción”, liderada por el exdirector ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Robert López; y por el exalcalde de la Unión, Fernando Ipanaqué. Se los acusaba de haber direccionado obras a ciertas empresas, como la de Naquiche Yovera, a cambio de sobornos.
El presupuesto adicional responde a interferencias físicas no contempladas en el expediente técnico, pero que pudieron ser previstas, a juicio de expertos en contrataciones públicas. El Gobierno Regional de Piura argumenta que la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau les aseguró que las redes de agua y alcantarillado eran nuevas. No obstante, durante la ejecución de los trabajos se descubrió que eran obsoletas.
La duración de la ejecución de este adicional es de 90 días; y el presupuesto representa casi el 11% del monto contractual de obra. Es decir, de todas maneras habrá una ampliación de plazo en los trabajos que estaban previstos concluir a fines de octubre de este año. Ello debido a que la obra estuvo suspendida más de un mes: desde el 7 de julio hasta el 11 de agosto.
Otro adicional por falta de saneamiento básico
En el caso del tramo comprendido entre la Av. Cáceres y el asentamiento humano Los Ángeles también se aprobó un adicional, mediante la resolución de la Gerencia General Regional N° 233-2025 del 5 de agosto. El monto aprobado fue de 1 millón 503 mil 724 soles y representa casi un 4% del costo contractual de la obra.
El motivo por el cual el Gobierno Regional de Piura aprobó este adicional fue por la necesidad de instalación de redes de agua y alcantarillado en las UPIS Villa Miranda y Lomas de Lanchay, “cuyos trabajos no fueron contemplados en el expediente técnico original”.
Los trabajos en este tramo de la Av. Sullana los ejecuta el Consorcio Perla del Chira, conformado por las empresas Bidolino EIRL y Examova Maquinarias y Servicios EIRL. El costo de la obra es de S/ 40 millones. La primera empresa también ejecuta en paralelo y en consorcio otras otras del Gobierno Regional de Piura: la Av. Don Bosco, los promocionados polideportivos, pistas y veredas en Sullana y una obra que ya concluyó en el distrito de Veintiséis de Octubre.
En el caso de la obra que ejecuta Bidolino en la Av. Don Bosco lo hace en consorcio con Constructora Sánchez Cerro EIRL (30% de participación) y Constructora San Sebastián Piura SAC (40% de participación). Sin embargo, lo que resulta sospechoso, es que tanto la empresa Bidolino EIRL y Constructora Sánchez Cerro EIRL tienen al mismo representante y principal accionista: Carlos Wilfredo Cunya Canova, natural de Sullana y que en 2016 fue inhabilitado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, pero luego logró sortear el veto gracias a una medida cautelar.
Los expertos consultados por Norte Sostenible coincidieron en que Contraloría y el Ministerio Público deberían investigar la adjudicación de estas obras y la aprobación de los recientes adicionales. Pues, con varias obras en ejecución en paralelo, Piura por ahora es un caos a diario.
Foto principal. Trabajos en la Av. Sullana. Créditos: Gore Piura.
