Seis de cada diez proyectos de inversión de los gobiernos regionales y locales de Piura se encuentran paralizados o abandonados, según la primera edición del Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS), elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
El informe señala que el 65,5% de los proyectos de inversión de los gobiernos subnacionales de Piura está en esta situación, una proporción superior al 62,1% registrado como promedio nacional.
El cálculo fue realizado en agosto de 2026 a partir de los datos abiertos de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La base utilizada había sido actualizada en junio de este año.
El IPE considera como abandonados aquellos proyectos que tienen un avance menor al 90% y no registran desembolsos durante 18 meses. En tanto, los paralizados son aquellos que no tuvieron ejecución durante seis meses.
La situación de los proyectos de inversión forma parte del segundo componente evaluado por el IRIS: Gestión Pública y Eficiencia Administrativa.
En este pilar, Piura se encuentra en el nivel de riesgo medio-alto, asociado, según el IPE, a problemas como la limitada competencia en las contrataciones públicas y la elevada proporción de inversiones paralizadas o abandonadas.
El indicador adquiere relevancia en un contexto en el que los gobiernos regionales y municipales deberán definir qué proyectos continuarán, cuáles requieren ser reformulados y cuáles deberían cerrarse.
El IPE plantea que estas decisiones deben considerar las brechas de servicios pendientes, la viabilidad técnica de las inversiones y la capacidad de las entidades para garantizar su operación y mantenimiento.
También aumentan las contrataciones directas
El informe identifica otro indicador relacionado con la gestión de los recursos públicos: el crecimiento de las contrataciones directas. En Piura, estas representaban 1,7% de las contrataciones en 2019. Para 2026, la proporción aumentó a 6,9%, por encima del promedio nacional de 4,6%.
El IPE señala que esta modalidad permite contratar sin un concurso competitivo entre proveedores, por lo que requiere una adecuada justificación y supervisión.
Pese a los problemas identificados en la gestión de las inversiones y las contrataciones, Piura se ubica entre las seis regiones con riesgo medio-bajo de integridad en el IRIS 2026.
Sin embargo, el resultado representa un deterioro respecto de 2019. El puntaje de la región pasó de 6,7 a 6,2 sobre 10. En la escala utilizada por el IPE, un menor puntaje representa un mayor riesgo. Ninguna región del país alcanza en 2026 el nivel de riesgo bajo.
El reto para las próximas autoridades
El IPE plantea que los resultados del IRIS permiten identificar algunos de los principales riesgos que deberán afrontar las nuevas autoridades regionales y municipales.
En el caso de Piura, el instituto plantea como prioridades mejorar la competencia y transparencia en las compras públicas y reforzar la supervisión de las contrataciones directas.
Respecto de los proyectos paralizados o abandonados, recomienda definir cuáles deben continuar, ser reformulados o cerrarse, de acuerdo con las necesidades de la población y la capacidad de las entidades para culminarlos y garantizar posteriormente su funcionamiento.
