Por: Analí Valencia
La violencia homicida volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones en Piura al inicio de 2026. En apenas 35 días, la región ha registrado diez homicidios, una cifra que, aunque todavía no supera el pico alcanzado en 2025, evidencia una escalada acelerada de violencia, vinculada principalmente al sicariato, las disputas entre organizaciones criminales y las economías ilegales que operan en distintos puntos del departamento.
A nivel nacional, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reporta 192 homicidios entre enero y febrero. De ese total, seis asesinatos aparecen oficialmente registrados en Piura; no obstante, cuatro muertes violentas ocurridas la tarde de ayer domingo 8 de febrero y hoy lunes 9 de febrero aún no figuran en el sistema, lo que eleva la cifra real a diez homicidios en lo que va del año.
El dato más alarmante no es solo el número, sino la rapidez con la que se producen los crímenes. Mientras que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 12 asesinatos, este año Piura alcanzó diez muertes en poco más de un mes, con episodios de extrema violencia. El caso más crítico se registró este último domingo, cuando tres personas fueron asesinadas en menos de cuatro horas en las provincias de Talara y Paita, confirmando que la inseguridad avanza incluso bajo medidas excepcionales y mantiene en vilo a la población.
Violencia que se repite
La secuencia de homicidios registrada en Piura durante las primeras semanas del año no responde a hechos aislados ni fortuitos. Por el contrario, las primeras investigaciones policiales revelan un patrón recurrente: ataques selectivos, uso de sicarios y víctimas que, en su mayoría, tenían antecedentes penales o estaban vinculadas directa o indirectamente a economías ilegales.
El terror se desató apenas iniciado el año en Sullana, provincia declarada en emergencia. La noche del 5 de enero, en el distrito de Bellavista, desconocidos acribillaron a Aderly Zapata Rufino de 31 años, quien había salido del penal en diciembre tras una detención por tráfico de drogas. La víctima recibió tres disparos cuando se encontraba jugando cartas con sus amigos.
Dos días después, el 7 de enero, en el distrito de La Unión, el joven de 23 años, natural de Vice, José Fabián Bancayán Fiesta, fue emboscado por sicarios armados que se desplazaban en motocicletas. Aunque se trataba de un joven sin antecedentes conocidos, la Policía maneja la hipótesis de un presunto cobro de cupos, una práctica que ha dejado múltiples víctimas colaterales en la región. ‘’Él no era malo, era un buen chico, trabajador, no hay derecho’’, dijo entre lágrimas el padre de la víctima, mientras abrazaba su féretro.
Solo 24 horas después, el 8 de enero, sicarios asesinaron al mototaxista Jorge Luis Salcedo More (32) en la Avenida Circunvalación del A.H El Obrero, en Sullana. La Policía no descarta un posible ajuste de cuentas. La situación continuó el sábado 10 de enero en el distrito La Arena, cuando un joven de 21 años fue ultimado y otro de 18 años resultó herido en circunstancias vinculadas a disputas previas.
Hacia finales de mes, la violencia se trasladó a Paita, otra zona bajo decreto de emergencia. La madrugada del 28 de enero, en la carretera a Yacila, sicarios ejecutaron a José Candelario Navarro Fernández (42), conocido como “Chato Canducho”, quien ya había sobrevivido a un atentado en 2020. Vecinos y fuentes policiales vinculan el atentado a la banda criminal “Los Ñatos”, reforzando la hipótesis de una posible venganza dentro de organizaciones que operan en la provincia.
El mes cerró con un similar hecho en Sullana. El 30 de enero, frente al restaurante «M y M» en la concurrida avenida Champagnat, fue asesinado Wilber Seminario Castillo (30), alias «Uñas Largas». El hombre había sido previamente sentenciado por su participación como cómplice en el homicidio del policía Luis Medina Troncoso en el año 2019. Los peritos hallaron 16 casquillos de bala en la escena.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, al menos cuatro de los seis homicidios registrados oficialmente en enero estarían directamente relacionados con ajustes de cuentas, producto de la pugna entre bandas criminales por el control del territorio. Sobre el caso de José Fabián Bancayán, el general PNP Jorge Jares, jefe de la Región Policial de Piura, informó que los presuntos autores ya han sido identificados y se encuentran próximos a ser capturados, confirmando que, más allá del conteo de muertos, Piura enfrenta una violencia estructural ligada al crimen organizado que sigue desafiando al estado de emergencia.
Cuatro muertes en menos de 24 horas
El punto más crítico de esta ola de violencia se registró el domingo 8 de febrero, una jornada que ya es recordada como un “domingo negro” para la región. En Talara, provincia petrolera también en estado de emergencia, lo que era una fiesta deportiva en el A.H. San Pedro terminó en una masacre. Sicarios dispararon ferozmente contra la tribuna de un campeonato que se celebra todos los años, quitándole la vida a Elvis Flores Bello (45) y a Jan Paul Macharé Farfán (26), un joven emprendedor especialista en drywall que recién había formado su empresa.
Testigos denunciaron que la policía tardó 45 minutos en llegar, pese a que el ataque dejó además seis heridos. Simultáneamente, en Paita, sector La Cruz, sujetos en mototaxi dispararon contra un grupo de jóvenes que se encontraban libando alcohol, matando a Anderson Sernaqué Morales de 18 años e hiriendo de gravedad a otra persona.
La situación se agravó aún más la mañana del lunes 9 de febrero, cuando la violencia volvió a golpear Sullana. Un reciclador identificado como Noé Paucar Rivera (40) fue asesinado a balazos en la intersección de la calle San Luis con la transversal Jorge Chávez, en el A.H Santa Teresita, sector Este de la provincia. El ataque ocurrió a plena luz del día, mientras la víctima realizaba sus labores habituales. Testigos indicaron que los sicarios dispararon al menos cinco veces antes de huir. Aunque fue trasladado de emergencia al Hospital II-2 de Sullana, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Las cuatro muertes vienen siendo materia de investigación.
Emergencia, operativos y una brecha persistente
El Decreto Supremo N.° 146-2025-PCM estableció el estado de emergencia por 60 días en sectores como Talara, Sullana, Catacaos, Veintiséis de Octubre y Castilla con el objetivo de frenar delitos como el sicariato, la extorsión, el tráfico de drogas y el contrabando, autorizando controles territoriales intensivos y la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los homicidios registrados muestran una brecha dolorosa entre la norma y la realidad.
El general PNP Jorge Jares, jefe de la Región Policial de Piura desde hace casi un mes, sostiene que hay avances en otros frentes. Afirma que las denuncias por extorsión se redujeron casi en 50% frente al mismo periodo del año pasado y que recientes operativos permitieron la captura de 16 personas, entre ellas bandas criminales, requisitoriados y la incautación de explosivos.
‘’La Policía viene trabajando y lo estamos demostrando con resultados”, asegura Jares, aunque reconoce limitaciones como la falta de personal y la necesidad de más tecnología y cámaras de videovigilancia.
No obstante, mientras el decreto supremo promete «restablecer el orden interno», la ciudadanía siente el abandono. En Talara, por ejemplo, tras el doble crimen del domingo, los vecinos fueron tajantes: «En Talara no sentimos el estado de emergencia, seguimos igual, no tenemos la seguridad ni el respaldo de la Policía».
A la inseguridad se suma la precariedad del sistema de salud. La hermana de Wilber Seminario, asesinado en Sullana, denunció la falta de atención médica: «Llegó con vida, pero no lo quisieron atender. Ahora ha fallecido. Mi hermano no tenía problemas con nadie, lo mataron injustamente», declaró ante los medios locales.
Con diez muertos a inicios del año, la población piurana exige que el Estado de Emergencia deje de ser un documento firmado en Lima y se convierta en una realidad que frene el derramamiento de sangre en el norte.
Foto de portada: Ministerio del Interior
