La carrera política del alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid Orué, atraviesa uno de sus momentos más críticos. Una reciente condena judicial por violencia familiar en agravio de su hija, dictada en primera instancia, ha abierto un complejo escenario legal que, si bien no compromete de inmediato su permanencia en el cargo municipal, sí pone en serio riesgo sus aspiraciones de llegar al Gobierno Regional de Piura en las elecciones de 2026.
El Primer Juzgado Unipersonal de Piura condenó al burgomaestre a dos años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito doloso de agresiones contra integrantes del grupo familiar. No obstante, la sanción fue convertida en 104 jornadas de prestación de servicios comunitarios, lo que le permite, por ahora, continuar en libertad y ejercer sus funciones como alcalde.
Sin vacancia ni suspensión
Tras conocerse la sentencia, surgieron voces que plantearon la posibilidad de una vacancia o suspensión del alcalde por parte del Concejo Municipal. Sin embargo, el abogado especialista en derecho electoral y municipal, Juan Carlos Alamo, ha sido enfático: no existe sustento legal para una vacancia en este momento.
“La Ley Orgánica de Municipalidades es clara. Para que proceda una vacancia por condena judicial, esta debe ser firme y consentida. En este caso, estamos ante una sentencia de primera instancia, que aún puede ser apelada”, explicó.
La lectura de la sentencia se realizó el 26 de enero, por lo que el alcalde y su defensa cuentan con el derecho constitucional a la pluralidad de instancias. Mientras el proceso continúe en una segunda instancia, Madrid no tiene orden de captura y puede seguir desempeñándose como autoridad edil sin impedimentos legales inmediatos.
“Presentar hoy una solicitud de vacancia sería inoficioso y no tendría asidero legal”, añade Alamo.
El verdadero problema: la elección regional
Donde la situación se torna realmente crítica es en el plano electoral. Las aspiraciones de Gabriel Madrid de postular al Gobierno Regional de Piura chocan de frente con una prohibición constitucional vigente.
Según explicó el especialista Álamo, las reformas electorales aprobadas en 2020 mediante la Ley N.° 31043 incorporaron el artículo 34-A a la Constitución, el cual establece que las personas con sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso no pueden postular a cargos de elección popular.
“Mientras la sentencia esté vigente, aunque sea en primera instancia, el impedimento opera plenamente”, precisó Alamo.
El delito por el cual fue condenado el alcalde —agresiones contra integrantes del grupo familiar en perjuicio de su hija— es considerado doloso, por lo que encaja directamente en este supuesto de impedimento constitucional para los comicios de 2026.
Este marco legal impacta de lleno en los planes políticos de Madrid, quien postula al cargo regional por Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña Peralta. Incluso, el propio líder del partido, César Acuña, lo ha presentado en más de una ocasión como una de sus cartas para la región. Además, existen pintas del candidato Madrid.
Una carrera contra el reloj
Para mantener vivas sus aspiraciones, la defensa del alcalde tendría que lograr que una sala penal revoque la sentencia en segunda instancia antes de las fechas electorales clave. El cronograma no juega a su favor.
De acuerdo con la normativa electoral, un alcalde provincial que desee postular a la gobernación regional debe renunciar a su cargo a más tardar el 4 de abril de 2026, es decir, 180 días antes de la elección. Apenas cinco días después, el 9 de abril, las organizaciones políticas deben presentar sus listas definitivas de candidatos ante los organismos electorales.
“El escenario es poco alentador. Es muy improbable que el Poder Judicial resuelva una apelación en tan corto plazo, más aún considerando que febrero es periodo de vacaciones judiciales, lo que reduce considerablemente los días hábiles”, advirtió Alamo.
Silencio institucional y mensaje político
Hasta el momento, la Municipalidad Provincial de Piura no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la sentencia por violencia familiar que pesa contra su máxima autoridad.
Por su parte, Gabriel Madrid ha optado por una estrategia de silencio parcial. No se ha referido directamente al fallo judicial, pero sí ha continuado con su agenda pública. En sus redes sociales difundió un video de entrega de títulos de propiedad en el sector Los Laureles y, posteriormente, respondió a un seguidor en Facebook con un mensaje que muchos interpretan como una alusión indirecta a la situación.
“Los ataques a la familia son el refugio de quienes no tienen ideas, pero esas piedras solo nos sirven para construir cimientos más fuertes. Mientras otros pierden el tiempo en calumnias, yo no me distraigo porque mi mirada está puesta en el futuro de Piura…”, escribió.
En el corto plazo, Gabriel Madrid seguirá siendo alcalde. Pero en el mediano y largo plazo, su futuro político dependerá casi exclusivamente de lo que ocurra en el Poder Judicial. Si la sentencia se confirma, sus aspiraciones regionales quedarían prácticamente sepultadas. Si logra revertirla, aún tendría una estrecha ventana para competir. No obstante, la pregunta es, ¿estará dispuesta la población a elegir a alguien acusado de agredir física y psicológicamente a su hija?
Foto principal: La República.
