En Piura, nueve de cada diez personas LGBTQ+ han sufrido algún tipo de discriminación y casi ocho de cada diez han sido víctimas de violencia. Así lo revela el “Estudio sobre discriminación y violencia contra las personas LGBTQ+ en Piura”, publicado por la asociación Generación Orgullo, en colaboración con el Fondo Global para Mujeres y que fue presentado el último miércoles 25 de junio del 2025. Se trata de la primera investigación de su tipo en la región norteña del país y plantea un llamado urgente a las autoridades y a la sociedad civil para erradicar estas prácticas.
El estudio, basado en una encuesta aplicada durante dos meses en 2025, recoge las voces y experiencias de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer e intersex (LGBTQ+) residentes o vinculadas a Piura. Los resultados muestran un panorama preocupante: el 90 % de las personas encuestadas reportó haber sido víctima de algún tipo de discriminación, y el 78 % afirmó haber sufrido violencia, ya sea verbal, física, psicológica o sexual.
“Estos actos no son hechos aislados, sino síntomas de un sistema que naturaliza la exclusión y que incumple su obligación de garantizar los derechos básicos”, se lee en el informe.
Entre los hallazgos más alarmantes destaca el rol de las instituciones. Varios testimonios señalaron a efectivos de la Policía Nacional y a agentes de Serenazgo como responsables de violencia y discriminación. Además, el estudio denuncia la ausencia de una Política Regional de Igualdad de Género que incluya a las personas LGBTQ+, así como la influencia de discursos religiosos fundamentalistas que obstaculizan avances normativos.
Uno de los casos emblemáticos que expone el informe es la desaparición forzada del joven Antony Camizán en 2022, cuya investigación continúa sin resultados claros. Este caso ha sido citado como un ejemplo de la impunidad con la que actúan los agresores, en una región donde el acceso a la justicia para esta población sigue siendo limitado.
“La discriminación y violencia tienen efectos devastadores en la salud mental, física y el desarrollo integral de las personas LGBTQ+. Provocan migración interna, exclusión del mercado laboral, dificultades en el acceso a la educación y servicios de salud, así como altos niveles de estrés, depresión e ideación suicida”, advierte el documento.
“No se puede hablar de democracia sin igualdad. Las personas LGBTQ+ merecen vivir con dignidad y sin miedo”, concluye el informe.
Generación Orgullo subraya que el estudio busca ser una herramienta para incidir en políticas públicas inclusivas y plantea una serie de recomendaciones, entre ellas: mejorar los sistemas estatales de recolección de datos, aplicar protocolos policiales con enfoque de derechos humanos, implementar una educación sexual integral y capacitar a funcionarios públicos en diversidad sexual y de género.
Asimismo, se insta a los partidos políticos y medios de comunicación a eliminar discursos estigmatizantes, y al Estado a garantizar una justicia reparadora que incluya reparación simbólica, legal y psicosocial para las víctimas.
A pocos meses del proceso electoral regional y nacional de 2026, el estudio propone que los derechos de las personas LGBTQ+ sean parte del debate público y de los planes de gobierno.
Foto de portada: Familiares y amigos del joven Anthony Camizán exigen justicia a las autoridades. Crédito: «Estudio sobre discriminación y violencia contra las personas LGBTQ+ en Piura”
