Por: Analí Valencia
Durante años, Piura ha sido una región estratégica por ser motor agrícola del país, polo pesquero, eje comercial y, paradójicamente, uno de los territorios más golpeados por fenómenos climáticos y crisis hídricas. El Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental (IRESA) 2025, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), vuelve a poner esta contradicción en el centro del debate.
El IRESA es una herramienta de análisis comparativo esencial para evaluar el desempeño ambiental de las 25 regiones del país. Su objetivo no es solo determinar la posición relativa de cada territorio, sino identificar sus debilidades estructurales y sus oportunidades de mejora, lo que permite orientar recursos y políticas públicas de manera más efectiva.
Según el informe, entre 2019 y 2025 Piura avanzó del puesto 13 al 10, con un puntaje de 6.2, ubicándose a mitad de tabla a nivel nacional, justo después de Puno y Cuzco. Aunque la región muestra avances respecto a periodos anteriores, los datos revelan que gran parte de la población sigue expuesta a agua no segura, colapso de desagües, falta de rellenos sanitarios, viviendas informales y riesgos severos de inundación.
Al respecto, Gonzalo Manrique, economista senior del Instituo Peruano de Economía, advierte que la mejora de Piura en el ranking debe ser interpretada con cautela. “Indica un desempeño superior al de otras regiones, pero no implica necesariamente un rendimiento absoluto óptimo. A pesar de este progreso comparativo, la región enfrenta desafíos estructurales de gran magnitud que limitan su desarrollo sostenible”, explica para Norte Sostenible.
El agua: el punto más crítico de la región
La gestión del recurso hídrico es el principal reto de sostenibilidad para Piura. Los problemas se agudizan por una profunda deficiencia en la calidad del agua suministrada y una crisis financiera en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau (EPS Grau). Esta situación compromete la salud pública y frena el desarrollo económico y social de la región.
El núcleo del problema de gobernanza hídrica radica en un sistema de facturación ineficiente. El 62.5% del agua producida no se factura, cifra que prácticamente duplica el promedio nacional (38%). Este indicador evidencia una severa debilidad estructural en la gestión de la EPS Grau.
Según el especialista, esta situación responde principalmente a la falta de micromedición —pues no todas las viviendas cuentan con medidor— y a las conexiones ilegales que consumen agua sin pagar.
El IRESA ubica a Piura en el penúltimo lugar del país en acceso a agua segura. Solo el 6.3% de la población recibe agua con el nivel adecuado de cloro, un factor directamente relacionado con enfermedades diarreicas, especialmente en niños menores de 5 años. Cuando un niño enfrenta estos cuadros, también corre riesgo de sufrir anemia o desnutrición.
La falta de conexiones formales empuja a muchas familias a recurrir a alternativas riesgosas como cisternas o grandes envases, que, sin un manejo adecuado, pueden convertirse en focos de propagación del dengue.
“Se consolida así un círculo vicioso porque la incapacidad de EPS Grau para facturar el agua impide generar recursos para invertir en infraestructura, lo que perpetúa los colapsos de desagüe y la mala calidad del servicio, con graves consecuencias para la salud de los piuranos”
Gonzalo manrique, especialista senior del instituto peruano de economía
La sostenibilidad y resiliencia de una región densamente poblada como Piura dependen de forma crítica de su infraestructura física y su planificación territorial. La correcta gestión de residuos y la promoción de vivienda formal son pilares para garantizar un entorno saludable y reducir la vulnerabilidad de la población. En ambas áreas, Piura muestra déficits importantes.
El 61.8% de la población piurana no dispone sus residuos en rellenos sanitarios. Esta carencia constituye un problema ambiental y sanitario de primer orden, agravado porque Piura es una de las cinco regiones más pobladas del país. La gran cantidad de residuos termina en botaderos informales, contaminando suelo, agua y aire.
“La solución es construir un relleno sanitario. Piura no cuenta con uno. Es una región bastante grande y es fundamental que tenga un buen mecanismo de procesamiento de residuos sólidos para evitar la contaminación”, señaló Manrique.
Aunque algunos municipios han impulsado esfuerzos aislados de reciclaje, todavía falta un ente rector que articule y capacite a las municipalidades.
Vulnerabilidad extrema ante desastres
En 2024, el CENEPRED estimó que más de 369 mil personas en la región estaban en riesgo muy alto de inundaciones, cifra que demuestra que eventos como el Fenómeno El Niño de 2017 o el Ciclón Yaku de 2023 no han generado una reducción efectiva del riesgo.
Manrique señala que uno de los factores clave es la informalidad habitacional, pues “el 64.5% de las viviendas en la región son informales. Una vivienda informal tiene mayor probabilidad de colapsar en un terremoto o sufrir inundaciones”.
“En promedio se construyen 50 mil viviendas formales al año, pero la demanda crece en 150 mil. La diferencia recurre a viviendas informales, que siempre son más vulnerables”.
Gonzalo manrique, especialista senior del instituto peruano de economía
La falta de infraestructura resiliente y de planificación urbana ha convertido las lluvias intensas en crisis recurrentes. Esto se agrava por prácticas ineficientes de gestión del riesgo pues se construyen pistas y veredas sin reemplazar previamente las redes obsoletas de agua y alcantarillado. Los SARES —sistemas alternativos para evacuar aguas de lluvia— han demostrado ser un fracaso, pues colapsaron incluso ante lluvias menores, como las registradas el 3 y 4 de noviembre de este año.
En materia de prevención de desastres, Piura ejecutó el 87.8% de su presupuesto, ligeramente por encima del promedio nacional (87%). Sin embargo, este dato solo refleja gasto, no calidad ni impacto real. No es posible determinar si ese 88% se tradujo en una reducción efectiva de la vulnerabilidad.
En fiscalización ambiental, la región aparece como la segunda con menos denuncias de minería ilegal por cada 10,000 habitantes. Sin embargo, este dato debe tomarse con cautela: a nivel nacional se estima que solo uno de cada cinco delitos es reportado, por lo que la dimensión real del problema sería mucho mayor.
Conflictos socioambientales: un diálogo pendiente
Piura ocupa el puesto 12 a nivel nacional en conflictos socioambientales, la mayoría vinculados a la actividad minera y a las tensiones con comunidades agrícolas en Ayabaca y Huancabamba, específicamente por los proyectos Río Blanco y El Algarrobo.
“El gran reto para el Estado es crear mesas de diálogo efectivas y espacios de coordinación, que no impliquen la imposición de un proyecto. Es fundamental reconocer que tanto la minería como la agricultura, desarrolladas bajo adecuados parámetros de sostenibilidad, son actividades complementarias e importantes para el desarrollo económico regional”, señaló Manrique.
Existe una fuerte correlación entre los índices de competitividad regional (INCORE) y los de sostenibilidad ambiental (IRESA) elaborados por el IPE: las regiones más competitivas son también las más sostenibles. Esto es plenamente aplicable a Piura, donde invertir en sostenibilidad ambiental implica fortalecer su desarrollo económico y su competitividad a largo plazo.
En ese sentido, si Piura no resuelve sus problemas estructurales de agua, saneamiento y ordenamiento territorial, seguirá siendo una región vulnerable, pese a sus avances relativos frente a otras zonas del país.
“El principal reto de la región es el agua. Si no se resuelve eso, los demás indicadores seguirán mostrando la fragilidad de Piura”, concluye el especialista del Instituto Peruano de Economía.
