La vulnerabilidad de Piura ante los eventos climáticos ha quedado, una vez más, expuesta tras una lluvia de 7 litros por metro cuadrado, ocurrida el martes 3 de febrero del 2026. Mientras las ciudades modernas avanzan hacia la resiliencia y la adaptación al cambio climático, la gestión del Gobierno Regional de Piura, a cargo de Luis Neyra León, parece retroceder entre grandes aniegos y presupuestos millonarios. El caso más emblemático es el de la Avenida Sullana (Tramo II), una obra que, pese a costar ya más de 45.7 millones de soles, se inundó por completo en su última prueba frente a la naturaleza.
El proyecto, que comprende desde la Av. Andrés Avelino Cáceres hasta el asentamiento humano Los Ángeles, es ejecutado por el Consorcio Perla del Chira. Lo que comenzó con un contrato de 39.8 millones de soles en enero de 2025, ha escalado vertiginosamente en costo a través de una serie de «adicionales» que hoy cuestionan la eficiencia del expediente técnico original. En total se aprobaron tres adicionales por la suma de casi S/ 6 millones que no resolvieron el tema central: las lluvias recurrentes en Piura y las cuencas ciegas.
Los adicionales que no resolvieron el tema de fondo
La primera señal de alerta llegó el 5 de agosto de 2025. Mediante la resolución N° 233-2025, se aprobó el Adicional N° 1 por 1 millón 503 mil 724 soles. El motivo detrás de este incremento fue la omisión flagrante en el diseño inicial: era necesario instalar redes de agua y alcantarillado en las UPIS Villa Miranda y Lomas de Lanchay, trabajos que simplemente «no fueron contemplados en el expediente técnico original».
Apenas un mes después, el 8 de septiembre, el Gobierno Regional dio luz verde al Adicional N° 2, el más oneroso hasta la fecha: 4 millones 096 mil 123 soles. Esta partida, que representa más del 10% del monto contractual original, no se destinó a mejorar la capacidad de drenaje de la vía, sino a un fin estético y ornamental.
El objetivo de este segundo adicional fue «optimizar el sistema de iluminación» con la instalación de iluminación ornamental solar fotovoltaica. Expertos consultados por Norte Sostenible han sido tajantes: no se trata de trabajos esenciales que ameriten un adicional, especialmente cuando la prioridad de la ciudad debería ser la protección contra inundaciones. Además, la resolución ni siquiera especificaba qué empresa proveería dicha tecnología solar.
“No es posible que se aprueben adicionales para desagües, energía y muros de contención, pero no para lo principal, que es el drenaje pluvial. ¿Quién hace los expedientes técnicos? ¿Qué tipo de profesionales? Aquí se nota claramente puro lucro por parte de las constructoras”, cuestionó Juana Huaco, experta en gestión pública y docente de la Universidad de Piura (UDEP).
Añadió que, lo más preocupante, es que los piuranos están desprotegidos, ninguna autoridad o institución canaliza los reclamos o actúa de oficio ante tanta corrupción. “Esto tiene nombre: es corrupción, hay que decirlo. ¿Dónde está Fiscalía, Contraloría, los colegios profesionales? ¿Y la Defensoría del Pueblo?, se pregunta Huaco.
Sin embargo, la escalada de gastos no terminó ahí. Documentos recientes revelan la aprobación del Adicional N° 03 el pasado 4 de noviembre de 2025, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 356-2025. Este nuevo monto de 323 mil 592 soles fue solicitado para la construcción de muros de contención, rampas y gradas de acceso.
La justificación de este tercer adicional es, nuevamente, un error de cálculo en la etapa de planificación. Tras un replanteo topográfico, se descubrió que los niveles proyectados originalmente dejaban expuestos los cimientos del cerco perimétrico de la Universidad de Piura (UDEP). La profundidad de empotramiento era insuficiente, poniendo en riesgo la estabilidad estructural del cerco universitario.
Esta cadena de errores y «olvidos» en el expediente técnico ha llevado el costo total acumulado de la obra a los 45 millones 797 mil 595 soles. Con esto, el porcentaje de incidencia de los adicionales alcanza el 14.85%, situándose peligrosamente cerca del límite del 15% que permite la ley para este tipo de resoluciones regionales.
A pesar de esta inversión millonaria, la realidad en el terreno es desalentadora. Los vecinos de la Av. Sullana han denunciado que la obra no los protegerá; y así lo expusieron con la publicación de videos y fotos de la avenida inundada tras la lluvia del pasado 3 de febrero.
La indignación vecinal crece al ver que, con cada lluvia moderada, el tramo II se inunda en puntos críticos como el sector de Avifac, cerca de la puerta de la UDEP. Para los ciudadanos, resulta incomprensible que una obra de 45 millones de soles se convierta en una piscina con una precipitación de solo 7 litros por metro cuadrado.
¿Quién ejecuta la obra?
El consorcio encargado, integrado por Bidolino EIRL y Examova Maquinarias y Servicios EIRL, no es ajeno a la gestión regional. Bidolino EIRL ejecuta actualmente, también en consorcio, otras obras cuestionadas como la Av. Don Bosco y diversos polideportivos. Esta concentración de obras en pocas manos aumenta el escrutinio sobre la calidad de las mismas.
Junto al aumento de costos, han llegado inevitablemente las ampliaciones de plazo. Lo que debía entregarse en diciembre de 2025, ahora tiene como nueva fecha el 24 de febrero de 2026. El Adicional N° 1 por las redes de agua fue el pretexto legal para conceder los primeros 75 días de prórroga.
Esta demora significa que la población de Piura enfrentará el grueso del periodo de lluvias con la obra aún en ejecución, aumentando el riesgo sanitario y los impactos sociales. Ya se han reportado casos similares en otros sectores como Tacalá, donde obras viales deficientes del GORE han provocado colapsos de alcantarillado que afectan a 17 sectores.
El impacto de la mala planificación no es solo económico. Mientras el presupuesto de la Av. Sullana se drena en adicionales de iluminación ornamental y correcciones de muros, la sierra de Piura registra miles de afectados y casas destruidas por las lluvias. La desconexión entre el gasto millonario en la ciudad y la resiliencia real del territorio es alarmante.
La Resolución N° 356-2025 que aprueba el tercer adicional también exhorta a la Gerencia de Infraestructura a cumplir con los plazos para no generar más causales de ampliación. No obstante, el historial del proyecto sugiere que el control de la entidad sobre el consorcio ha sido, en el mejor de los casos, laxo.
Expediente técnico deficiente
Desde una perspectiva técnica, el hecho de que se haya tenido que modificar el diseño para no derribar el muro de la UDEP indica que el levantamiento topográfico inicial fue deficiente. En cualquier proyecto de ingeniería serio, los niveles de las propiedades colindantes son la primera variable a considerar antes de firmar un contrato de 39 millones.
Una de las preguntas que salta de inmediato es: ¿Por qué no se detectaron estas necesidades de agua, alcantarillado, niveles topográficos e iluminación antes de la licitación? La respuesta parece hallarse en expedientes técnicos elaborados «en gabinete» y sin rigor de campo, que luego se convierten en cheques en blanco para las contratistas.
En respuesta, el Gobierno Regional de Piura, a través del especialista Kevin Velasco, señaló que la obra de la avenida Sullana solo cuenta con drenaje longitudinal, no pluvial. Es decir, la vía ha sido diseñada para que discurra el agua de lluvia por la misma pista, pero no tiene alcantarillas ni sistema subterráneo de drenaje.
Velasco añadió que los aniegos que se reportaron tras la lluvia ocurren por la existencia de cuencas ciegas,como en sector Azucenas y Jacarandá, existentes desde hace muchos años; pero que no fueron corregidos con la construcción de la nueva avenida. Precisó también que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) es la que tiene a cargo el proyecto de drenaje integral en Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos.
Piura no necesita obras que cuesten más por ser más bonitas —como pretende el adicional de luces solares— sino obras que funcionen. La Av. Sullana es hoy el monumento a una gestión que prioriza el gasto adicional sobre la seguridad hidráulica de sus ciudadanos.
El tramo I de la misma avenida, entre Sánchez Cerro y Cáceres, también sigue un camino similar de partidas adicionales aprobadas, lo que sugiere un patrón sistémico en esta vía. La fiscalización del Consejo Regional y de la Contraloría será vital para determinar si estos 45 millones están justificados o si estamos ante un nuevo caso de ineficiencia pública.
Finalmente, mientras el Gobierno Regional se prepara para entregar la obra en febrero de 2026, los vecinos ya saben qué esperar: más lluvia, más agua estancada y la amarga certeza de que sus impuestos no compraron la tranquilidad prometida. La Avenida Sullana es, por ahora, una inversión de oro para una ciudad que sigue naufragando en el barro y la lluvia.
