A más de 3.000 metros de altura, en el norte de Perú, Berardo Neyra Melendrez recorre todas las semanas varios kilómetros vigilando un territorio montañoso y que es apetecible porque debajo, en el subsuelo, existen minerales preciosos. El líder comunitario cumple a diario su misión con la seguridad de que esa tierra es lo único por lo que vale la pena luchar. Allí, en los páramos andinos, nace el agua que sostiene la vida en la costa norte de Perú, una de las zonas agrícolas más importantes del país pero que también sufre de sequías extremas por el cambio climático.
Neyra Melendrez es líder del caserío de Totora, una comunidad ubicada en el distrito de Pacaipampa, en la zona altoandina de la región Piura, muy cerca de la frontera con Ecuador. Durante años fue testigo de la deforestación de este ecosistema que, año tras año, se ve amenazado por culpa de un Estado que aquí en Piura, es solo una palabra lejana. Hoy, el defensor ambiental impulsa la reforestación y protección del Área de Conservación Ambiental “Páramos andinos y bosques de neblina de Cachiaco y San Pablo”.
La suya es una lucha contra el tiempo y el cambio climático. Los páramos andinos —un ecosistema de pastizales de altura que funciona como una esponja natural— están bajo amenaza y presión constante. En los últimos 20 años, el norte del Perú ha perdido el 35% de este ecosistema que atraviesa las regiones de Piura y Cajamarca y se extiende hacia el sur del Ecuador.
La degradación avanza con la fuerza de las quemas, el sobrepastoreo, la expansión agrícola y la amenaza de proyectos mineros en cabeceras de cuenca como Río Blanco. En el norte de Perú, la pérdida de los páramos no solo constituye una estadística, sino la desaparición de la vida. Cada hectárea afectada significa menos capacidad de absorber y liberar agua lentamente. Como consecuencia, las comunidades asentadas en la parte baja enfrentan sequías más prolongadas o crecidas de agua más abruptas.
En este reportaje, Norte Sostenible expone cómo la presión sobre los páramos del norte peruano compromete la seguridad hídrica y alimentaria —en una zona donde millones de personas y la agroexportación dependen de esas fuentes— y cómo comunidades altoandinas intentan restaurar estos ecosistemas para revertir esta pérdida, revalorar los páramos y demostrar que aún hay esperanza.
El agua que se pierde en silencio
El cambio climático está alterando la disponibilidad de agua en el norte del Perú, con lluvias cada vez más irregulares, sequías más frecuentes y eventos extremos como El Niño. Precisamente, el agua que sostiene la vida en el norte de Perú nace en los páramos altoandinos. No se trata de un ecosistema remoto irrelevante. Los páramos abastecen ciudades completas, valles con cultivos de exportación y sistemas productivos que dependen del agua.
La clave, según el decano de Agronomía de la Universidad Nacional de Piura (UNP), José Remigio, está en el humus —formada por la descomposición de materia orgánica como hojas, raíces, restos animales, y por hongos y bacterias— que conserva 10 veces su peso. Los estudios indican que un gramo de humus puede guardar 10 gramos de agua y liberar progresivamente hacia las cuencas.
Sin embargo, el 35% de los páramos ubicados en Piura —alrededor de 60.000 hectáreas— se ha degradado en los últimos 20 años, según investigaciones de la Facultad de Agronomía de la UNP. La cifra equivale a una pérdida promedio de mil hectáreas por año.
Las causas de la degradación de los páramos identificadas por el Ministerio del Ambiente (Minam) son múltiples, pero destacan la agricultura intensiva y la ganadería, además de la quema de pastos antes de la temporada de lluvias. Cuando el suelo orgánico se quema o se compacta por el pisoteo del ganado, pierde su capacidad de absorber y liberar agua de manera gradual. El agua ya no se almacena, por el contrario, escurre con rapidez generando caudales irregulares, sequías más prolongadas o crecidas más violentas río abajo.
Este impacto llevó a que muchas comunidades decidieran involucrarse directamente en la restauración y protección de los páramos, con el único fin de devolverle la vida al ecosistema que por generaciones les dio sustento y esperanza. Pero también motivadas por heredar vida y agua a las nuevas generaciones.
Minería y cabeceras de cuenca
A estas amenazas se suma la actividad minera en zonas sensibles. El proyecto Río Blanco aparece como uno de los focos de mayor tensión en la sierra de Piura. Hace unos meses, el gerente del proyecto Francisco Ísmodes, explicó que uno de los objetivos de la empresa es construir reservorios en la sierra de Piura para almacenar agua en época de lluvia. Sin embargo, acotó que la ejecución de dicha infraestructura hídrica está condicionada a la licencia social de la población. En simple: agua a cambio de cobre.
Al respecto, el decano de la Facultad de Agronomía considera que toda actividad económica que involucra al páramo genera un peligro. Por ello, plantea declarar intangibles estos ecosistemas “para que no ingrese ninguna actividad ahí, y preservar, sobre todo, porque entre los páramos y la minería, el hombre vive más de agua”.
Con él coincide el director del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales (SERCAN), ingeniero Raúl Cevallos, quien advierte que si los páramos desaparecen, Piura se quedará definitivamente sin agua.
“Definitivamente es una amenaza, incluso cuando se afirma que no hay contaminación, de hecho que hay”
Raúl cevallos, director del sistema de conservación de áreas naturales (sercan) de piura
Aunque reconoce que existen leyes que regulan la actividad minera, es consciente de que en Perú no se cumplen. Por esta razón, demanda que hagan cumplir la normativa “para que la destrucción del páramo no ocurra, ya que lo que está en juego no es solo biodiversidad, sino el futuro hídrico de toda una región”.
La lucha silenciosa por el agua
Frente a la degradación y pérdida de biodiversidad en el norte del país, diversas organizaciones y comunidades han iniciado una carrera contrarreloj para conservar estos ecosistemas y frenar la crisis global del agua. La propuesta consiste en proteger y restaurar los páramos y bosques de neblina donde nacen las fuentes hídricas.
El proceso es paciente. Primero germinan especies nativas como aliso y queñual en viveros locales y mediante mingas comunales — donde participan más de 100 familias de Totora—, empiezan a reforestar las zonas degradadas. En paralelo, las comunidades han definido zonas donde el páramo se mantiene intacto, qué áreas de bosque deben conservarse como tales y los sectores destinados a la producción agrícola.
Frente a la tala y la deforestación, promueven la siembra de especies forestales destinadas a leña y madera en zonas permitidas, de modo que las familias no dependan de la extracción de especies nativas. Paralelamente, existe vigilancia comunal para evitar la quema de montañas y la tala indiscriminada, reforzando el control social sobre el territorio.
Para frenar el sobrepastoreo, las comunidades han restringido el ingreso de ganado a zonas de páramo y áreas en recuperación, y han implementado prácticas de rotación de pastoreo en sectores productivos.
Pero el cambio más profundo no está en las cifras, sino en la gente. Y Berardo lo sabe bien. El punto de quiebre llegó cuando decidió articular tres caseríos. “Empecé a trabajar con mi pueblo del caserío Totora, San Juan, El Palmo, que somos tres caseríos adyacentes a este corredor de los páramos —recuerda— y pudimos convencer a nuestros pobladores que el ganado ya no exista en la zona de páramo, ya no se queme, ya no se tale”.
Para Neyra Meléndrez, el páramo no es solo un ecosistema de altura, sino la garantía de abastecimiento para miles de familias de la costa y cadenas agrícolas que alimentan mercados internacionales. Sin embargo, insiste en que aún las partes bajas no tienen conciencia de dónde nace el agua que consumen a diario.
La historia de Berardo no es la única. Es parte de una red de iniciativas que se extienden en Piura y Cajamarca, impulsadas por comunidades, organizaciones como Progreso y Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), y gobiernos locales y regionales. Esta experiencia demuestra que la seguridad hídrica global puede comenzar en territorios rurales, cuando las personas que viven en la fuente del agua se convierten en sus principales guardianes.
De corredores regionales a un pacto binacional
Su lucha, sin embargo, no queda en el ámbito local. Como Berardo, diversas comunidades y autoridades de Perú y Ecuador han buscado fortalecer mecanismos de conservación con el apoyo de organismos internacionales. La respuesta más ambiciosa ha sido la creación de un corredor andino transfronterizo de 2 millones de hectáreas entre Perú y Ecuador. El reconocimiento oficial, el pasado 12 de diciembre, marcó un antes y un después.
Ya no estamos conservando solamente 700 mil hectáreas —precisa el ingeniero Raúl Cevallos— sino 2 millones de hectáreas reconocidas por el Estado peruano y ecuatoriano en la conservación de bosques montanos y páramos.
La iniciativa comenzó hace tres años con la idea de integrar las áreas de Huancabamba —Chiclayo, Chinguela y Huancabamba— y Ayabaca —Tapal, Apulco y Totora— en un solo corredor.
El primer paso fue la creación del Área de Conservación Regional Huaringas. En paralelo, la organización Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), con financiamiento de Amazon Fund, respaldó el proceso. En el 2024, una ordenanza regional reconoció oficialmente el Corredor de Páramos del Norte y declaró la franja como intangible.
El siguiente paso fue cruzar fronteras. Con apoyo de la Cancillería y del Plan Binacional, en octubre del 2025 los presidentes de Perú y Ecuador firmaron el corredor transfronterizo Perú–Ecuador, integrando Cajamarca, Piura y Loja.
Sin embargo, crear un área de conservación no es inmediato. La normativa peruana obliga a desarrollar un proceso coordinado con el Ministerio de Cultura para determinar la existencia de IPIOS (Identificación de Pueblos Indígenas u Originarios) y, de ser el caso, activar mecanismos de consulta y consentimiento. En la práctica, esto implica un trabajo de campo exhaustivo, validaciones antropológicas y espacios de socialización en territorio.
En los páramos de Ayabaca y Huancabamba, muchas de estas comunidades mantienen prácticas ancestrales profundamente vinculadas al territorio, como el chamanismo y rituales asociados a las lagunas altoandinas. A la fecha —según precisa el director del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales (SERCAN)— se han determinado 12 pueblos originarios.
El proceso contempla incluso la realización de un referéndum para que las comunidades expresen su posición frente a la creación del área de conservación. Solo con ese respaldo el expediente puede avanzar.
Este componente intercultural no solo prolonga los plazos —la identificación y validación puede tomar hasta seis meses o más— sino que redefine el modelo de conservación. Ya no se trata únicamente de proteger ecosistemas, sino de hacerlo con legitimidad social.
En palabras de Cevallos, el desafío es equilibrar la urgencia ambiental con el respeto a la autodeterminación. La protección del páramo —insiste—, debe construirse con quienes lo habitan y lo reconocen como parte de su identidad histórica.
Así, la consulta a los pueblos indígenas no es una formalidad administrativa, sino una condición indispensable para que el corredor de conservación nazca con respaldo territorial y sostenibilidad en el tiempo. La cuarta etapa implica convencer a cada ministerio. La aprobación requiere la unanimidad del Consejo de Ministros.
Para Paul Viñas, especialista que lleva más de una década monitoreando estos ecosistemas en la sierra de Piura, los datos son la prueba concreta de cómo la conservación impacta en la vida cotidiana de miles de personas.
Una cuenca mejor conservada regula 30% más que una cuenca sometida a quemas o ganadería intensiva —precisa—, mientras que una puede llegar a almacenar mil litros de agua, la otra llega a almacenar 700 litros.
Desde el 2013, un equipo de especialistas realiza mediciones sistemáticas en páramos ubicados entre Ayabaca y Pacaipampa. “El rango que establecimos está entre 300 y 700 litros —explica Viñas—. Trescientos litros en zonas que han sido sometidas a quemas o ganadería intensiva. Entre 300 y 400 en áreas intermedias. Y hasta 700 litros en las mejor conservadas”.
La diferencia no es solo estadística. Se traduce en agua disponible en plena temporada seca. Por ejemplo, en páramos intervenidos, en julio, agosto o septiembre, los caudales bajan hasta 2 o 3 litros por segundo. Sin embargo, en los mejor conservados los caudales mínimos llegaron a 30 litros por segundo. Cuando el caudal es mínimo, el agua se prioriza para consumo humano; cuando es mayor, permite riego y otros usos productivos.
Viñas insiste en que la recuperación de los ecosistemas degradados es un proceso lento en el cual se empieza recuperando la vegetación en primer lugar. Esa vegetación amortigua el impacto directo de la lluvia, reduce la erosión y aporta nutrientes.
Almacenes naturales de agua que debemos defender
Ese “colchón” tiene base orgánica. En páramos antiguos del Perú se han encontrado entre 1,5 y 2 metros de materia orgánica acumulada. Sin embargo, según el estudio del International Climate Initiative, Unión Europea y Forest Trees and Agroforestry, en Colombia y Ecuador hay estudios de páramos antiguos en formación que llegan a 10 metros de profundidad de materia orgánica. El frío ralentiza la descomposición y genera una hojarasca que se convierte en suelo húmico. Esa capa retiene el agua y la libera gradualmente.
“Pero eso se pierde cuando se queman los pastizales. El ganado consume el pasto fresco y el pisoteo —sobre todo del ganado vacuno, que tiene la pezuña más plana y fuerte— compacta el suelo”, advierte Viñas.
El resultado es lo que viene ocurriendo. Si se tala el bosque, el suelo queda expuesto, la lluvia lava la materia orgánica, se compacta, se erosiona con el sol y el viento, y luego vienen lluvias que terminan socavando. “Es una sucesión de consecuencias”, denuncia el biólogo Viñas.
El aporte del páramo no se queda en la montaña. Este ecosistema alimenta de manera continua al río Quiroz, que luego deriva hacia el sistema de San Lorenzo. “Ese caudal termina aportando al sistema hídrico que sostiene a ciudades y valles agrícolas del norte de Perú”, añade Viñas.
Con él coincide Abel Calle, jefe de proyectos de Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), quien precisa que la estabilidad hídrica de Piura depende de esa infraestructura natural. Parte del abastecimiento proviene de la cuenca binacional Catamayo (Ecuador), mientras que el reservorio de Poechos —el más grande de la región— recibe aproximadamente 70% de agua desde Ayabaca y 30% desde Chipillico. Permitir que estos ríos mantengan un aporte constante, incluso mínimo, garantiza que no se sequen por completo y que el sistema conserve su rotación.
“Yo pido a la población local, a las empresas agroindustriales, a los gobiernos locales que se sumen a estos trabajos de conservación y protección de ecosistemas andinos. Porque invertir en naturaleza es más rentable que levantar represas de concreto”
Abel calle, jefe de proyectos de naturaleza y cultura internacional (nci)
La evidencia de la fragilidad del ecosistema también está en el terreno. Tras el incendio de 480 hectáreas en diciembre de 2016, un estudio de Naturaleza y Cultura Internacional mostró que, incluso una década después, el ecosistema no se ha recuperado completamente. Se trata de un proceso lento donde primero se recupera la vegetación.
Los especialistas que trabajan con las comunidades involucradas en la protección de los páramos coinciden en que la conservación no se impone, sino que se construye con legitimidad social, incentivos económicos y evidencia técnica.
Berardo lo resume con una frase sencilla que condensa el cambio cultural vivido en su comunidad. “Nos hemos dado cuenta que era necesario proteger nuestros páramos porque nuestras aguas son vida”, afirma.
La transformación no ocurrió por decreto, sino por convencimiento. El acuerdo de retirar el ganado, frenar las quemas y reforestar con especies nativas fue posible cuando los propios comuneros entendieron que el agua que baja a la costa depende de ese suelo esponjoso que pisan cada día.
La experiencia también demuestra que la restauración es lenta, pero visible. “Ahora ya estamos con el 95% del cuidado de nuestra área de conservación”, afirma Neyra. La recuperación de fauna y la mejora en las fuentes hídricas han sido las pruebas más contundentes.
Desde el enfoque técnico, el biólogo Óscar Rodríguez, coordinador del Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE) de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS) Grau, explica que la experiencia ha evidenciado que invertir en infraestructura natural —aunque menos visible que el concreto— es esencial para garantizar el abastecimiento urbano. Sin embargo, reconoce que sin financiamiento sostenido, los esfuerzos se paralizan y terminan impactando en los ecosistemas.
Actualmente, la empresa opera cinco plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y gestiona 42 pozos subterráneos cuya disponibilidad depende directamente de la recarga hídrica en la parte alta. “Si destruimos bosques y contaminamos ríos, no habrá agua de calidad”, advierte el biólogo Óscar Rodríguez.
Por su parte, Abel Calle, de NCI, considera que la conservación funciona mejor cuando se vincula con la economía local y se incluye a la mujer en el rol de conservación. “Café, miel, tara o cuyes no son actividades accesorias; son el soporte que permite que las familias apuesten por cuidar el bosque sin sacrificar ingresos”, precisa. “La mayor participación de mujeres en juntas directivas y asociaciones ha reforzado esa sostenibilidad social. Se nota la importancia de la mujer en la economía familiar y también en la conservación”, agrega.
En este proceso de conservación de las fuentes hídricas ha sido clave el rol de las comunidades, indica Raúl Cevallos, director del Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales (SIRCAN). “Cuando las comunidades comprenden que el páramo es una “esponja de agua” que garantiza el abastecimiento de Piura y sus valles agrícolas, asumen un rol activo en su defensa. Sin esa apropiación social cualquier proyecto técnico queda en el papel”, comenta.
Cevallos sostiene que la clave ha sido articular la conservación con alternativas productivas. A través de mecanismos como los fondos de agua y proyectos de inversión pública —incluidos los orientados a proteger especies emblemáticas como el oso de anteojos y el tapir— se ha buscado que la protección del ecosistema genere beneficios concretos para las familias altoandinas.
Conservar en medio de la desconfianza y la escasez
La experiencia en los páramos del norte peruano deja tres lecciones que aplican a cualquier región donde la infraestructura natural compite con modelos extractivos de corto plazo: la conservación requiere legitimidad comunitaria, necesita alternativas económicas viables y depende de financiamiento sostenido. Sin esos tres pilares, incluso la mejor evidencia técnica y los corredores reconocidos por el Estado pueden quedarse en el papel.
Para las comunidades campesinas que habitan los páramos de Ayabaca y Huancabamba, conservar no ha sido una tarea fácil. La primera barrera ha sido la desconfianza. “Hay mucha resistencia; las comunidades son escépticas porque se han prometido muchas políticas públicas que no se ejecutaron y la minería ha hecho un trabajo de socialización que las vuelve cautas”, explica el biólogo Óscar Rodríguez, de la EPS Grau.
Por su parte, Abel Calle, de Naturaleza y Cultura Internacional (NCI), considera que la polarización ha fracturado relaciones internas y ha hecho más complejo construir consensos alrededor de la protección del agua y del territorio.
A ello se suma la falta de recursos para sostener procesos de largo plazo. “La limitante más grande es el presupuesto para poder trabajar con las comunidades—advierte—, porque la logística es bastante fuerte por los traslados”.
Las comunidades viven en zonas dispersas, a más de 3.000 metros de altitud, donde el acceso es difícil y costoso. Sin acompañamiento técnico continuo, muchas iniciativas —como cercado de áreas, vigilancia comunal o viveros de especies nativas— dependen casi exclusivamente del esfuerzo voluntario.
El factor económico es otra limitante. Las familias altoandinas viven de la ganadería y de actividades agrícolas de subsistencia. Reducir el sobrepastoreo o dejar de quemar implica modificar prácticas productivas arraigadas durante generaciones. José Remigio, de la Facultad de Agronomía de la UNP, sugiere el fortalecimiento de capacidades para mejorar y hacer más eficiente el manejo de los recursos naturales. Sin alternativas económicas claras, la conservación compite con la necesidad inmediata de ingresos.
Existe, además, una brecha entre reconocimiento y beneficios concretos. Abel Calle relata casos de comunidades que, pese a proteger fuentes de agua, enfrentan cobros que consideran injustos. “Hay comunidades que deben 2.000 o 3.000 soles al año y no la van a pagar nunca. Me dicen: ‘Ingeniero, ¿pero cómo la vamos a pagar si no nos dan nada? No tenemos ni agua entubada, pero nos están cobrando. Solamente por habernos reconocido’”. Esa percepción debilita la legitimidad de las políticas ambientales.
Finalmente, la falta de información técnica actualizada limita la toma de decisiones comunales. “No existe suficiente medición hidrológica para ver cuánto ha variado a lo largo de estos años el caudal de los ríos que nacen de estas cuencas”, advierte el decano de Agronomía. Sin datos claros sobre cuánto se ha perdido —y cuánto se puede recuperar—, las comunidades conservan en medio de la incertidumbre.
Las propias instituciones encargadas de impulsar la conservación reconocen que operan con márgenes extremadamente estrechos. En el caso de la EPS Grau, el biólogo Óscar Rodríguez advierte que la crisis financiera ha frenado la recaudación destinada a proteger las cabeceras de cuenca.
“Este 2026 no estamos recaudando para la conservación; la recaudación se suspendió desde el año pasado”, precisa. En 2024, el aporte representaba apenas el 0,1% de la tarifa —unos 110.000 soles en total—, cuando la meta bordeaba los tres millones. “Para que el ciudadano tenga una idea, en un recibo de 20 soles, el aporte era de apenas 10 céntimos”.
Sin recursos sostenidos, proyectos clave en la microcuenca de Sancay y en la subcuenca Quiroz han quedado en suspenso, limitando la capacidad de intervenir a la escala que exige una brecha de miles de hectáreas degradadas.
En el Sistema de Conservación de Áreas Naturales (SIRCAN), la restricción presupuestal es aún más explícita. El ingeniero Raúl Cevallos admite que el financiamiento anual resulta insuficiente para monitorear, acompañar y fortalecer las áreas creadas. “Solo tenemos un presupuesto para el año de (USD 2,865)… 10.000 soles. Solo 10.000. Para un año. Para todas las actividades”, lamenta.
La cifra ideal —sostiene— debería bordear los 280 mil soles (USD 80,229). A ello se suma la falta de logística y personal para supervisar territorios de difícil acceso. En un contexto donde se priorizan obras visibles de “fierro y cemento”, la conservación de la infraestructura natural —menos tangible, pero estratégica— compite en desventaja dentro de la agenda pública.
Mientras los especialistas analizan la situación de los páramos desde la ciudad, Berardo continúa recorriendo con la mirada los pajonales húmedos. No hay aplausos. Solo viento y neblina. En cambio, allá abajo, en la costa, el agua sigue dando vida, regando mangos que viajarán a otros continentes y llenando tanques donde pocas veces se piensa en su origen.
Esa agua que hoy sigue corriendo es el resultado de decisiones tomadas a más de 3.000 metros de altura por ciudadanos como Berardo.
Fotografía de portada: cortesía ONG Progreso
Este reportaje se realizó con el apoyo del Fondo para el Periodismo de Soluciones en Latinoamérica, una iniciativa de El Colectivo 506 en alianza con la Fundación SOMOS.
