La defensa de las cinco millas del mar peruano está de nuevo en el centro de la polémica y ha llegado a los tribunales de Sechura, donde se decidirá si este espacio se sigue protegiendo o se entrega a las embarcaciones de cerco mecanizado que impactan el fondo marino. El juez José Fernando Panta Ruiz, del Juzgado Civil de Sechura, condujo esta mañana una audiencia virtual clave para decidir el destino de la Ley 31749, una norma diseñada para proteger la biodiversidad marina y priorizar la pesca artesanal ancestral.
El recurso de amparo que se discutió hoy fue interpuesto por la Asociación Unificada de Armadores Pescadores y Comerciantes de Consumo Humano de Sechura, liderada por Carlos Purizaca Pazo. Los demandantes exigen la inaplicación de los artículos 1, 2 y 3 de la mencionada ley y su reglamento, argumentando que las restricciones impuestas dentro de las cinco millas afectan directamente su capacidad operativa y su sustento económico.
En otras palabras: se oponen al ordenamiento pesquero que reserva las primeras tres millas marinas exclusivamente para la pesca artesanal, exigiendo que embarcaciones de cerco mecanizado puedan seguir operando en esta zona. Purizaca pazo representa a un sector de pescadores con embarcaciones de cerco mecanizado (boliches), que causan graves daños al fondo marino.
Durante la audiencia de hoy, la defensa legal de los armadores pesqueros sostuvo que la normativa contraviene derechos fundamentales como la libertad de trabajo, la igualdad ante la ley y la propiedad privada. Según su tesis, se trata de una asociación de armadores formales que cuentan con permisos de pesca vigentes y embarcaciones que ahora ven limitado su acceso a zonas donde tradicionalmente han operado.
En defensa de la biodiversidad marina y la protección del mar
El abogado de la parte demandante enfatizó que la Ley 31749 colisiona con la Ley General de Pesca, la cual establece que el ordenamiento de las zonas de extracción debe basarse estrictamente en evidencias científicas y factores socioeconómicos. Alegaron que la restricción es un «capricho» que ignora ejecutorias previas de la Corte Suprema sobre la protección de derechos administrativos otorgados a los pescadores de menor escala.
Por su parte, la procuraduría del Ministerio de la Producción (PRODUCE), representada por Arasely Ríos Toribio, solicitó que la demanda sea declarada improcedente. El argumento central del Estado es que la Resolución Ministerial 055-2024, cuestionada por los pescadores, solo disponía la publicación de un proyecto de reglamento para recibir sugerencias ciudadanas, por lo que no constituía una amenaza real ni un agravio a derechos fundamentales en ese momento.
La representante de PRODUCE fue enfática al señalar que un proyecto normativo no genera efectos jurídicos definitivos y que el objetivo de dicha resolución era garantizar la transparencia y la participación ciudadana. Asimismo, aclaró que la ley no busca destruir embarcaciones ni forzar a los pescadores a salir de las cinco millas, sino recopilar y ordenar las zonas de extracción para diferenciar la pesca ancestral de la mecanizada.
Sin embargo, detrás de la terminología legal subyace un conflicto técnico: el uso del “cerco mecanizado” o boliche. Mientras los demandantes defienden su derecho a operar, diversos especialistas y gremios de pescadores ancestrales denuncian que estas artes de pesca causan graves daños al fondo marino y depredan recursos esenciales para la sostenibilidad del ecosistema.
Acciones legales contra la protección marina
Este sector de armadores de Sechura no solo apuesta por la vía judicial local, sino que también ha impulsado una acción popular en Lima para frenar los efectos de la ley. José Luis Álvarez, dirigente del Congreso de la Pesca Artesanal de Sechura y Paita, sostiene que la norma se aprobó sin consultar a los «verdaderos actores» y critica la implementación de sistemas de control como el seguimiento satelital.
En el ámbito político, los demandantes cuentan con el respaldo de congresistas como Bernardo Pazo, quien es armador pesquero, y Kelly Portalatino. Estos parlamentarios han promovido proyectos legislativos que buscan modificar la ley original para permitir el ingreso de redes de boliche y pesca de arrastre en zonas actualmente reservadas.
Frente a esta «arremetida», más de 55,000 pescadores artesanales y ancestrales de todo el país han alzado su voz en defensa de las cinco millas. En encuentros realizados en Piura y Tumbes, los dirigentes advirtieron que permitir el ingreso de maquinaria pesada a la costa generaría un «caos ecológico» y hundiría la economía de miles de familias que dependen de métodos de pesca selectivos y sostenibles.
Para los pescadores de orilla y de cordel, la Ley 31749 es un «escudo» contra el colapso de las especies costeras.
La fijación de los puntos controvertidos por parte del juez Panta Ruiz será determinante. El magistrado deberá establecer si el proceso de amparo es la vía idónea para cuestionar una resolución que, según el Estado, era solo propositiva, y si efectivamente existe una amenaza inminente al derecho al trabajo de los armadores mecanizados.
Un punto relevante discutido en la audiencia fue la vigencia actual del reglamento de la ley, el cual ya ha sido publicado con modificaciones respecto al proyecto original. La defensa del Estado sugirió que, si los demandantes consideran que el reglamento final les afecta, la vía correspondiente debería ser una acción popular y no un amparo.
Para los pescadores de orilla y de cordel, la Ley 31749 es un «escudo» contra el colapso de las especies costeras. Denuncian que actualmente ya regresan con las redes vacías debido a la operación de buques que arrasan con el fondo marino, y temen que un fallo judicial a favor de los armadores de Sechura legalice la depredación de su único sustento.
En esa línea, el resultado de este litigio marcará un precedente sobre cómo el Estado protege sus recursos naturales frente a intereses económicos particulares. Finalmente, tras escuchar los alegatos de clausura, el juez dio por concluida la audiencia y anunció que emitirá la sentencia dentro del plazo de ley. Mientras tanto, la tensión en las caletas de Piura continúa, a la espera de un fallo que decidirá si las cinco millas siguen siendo un refugio para la vida marina o se abren definitivamente a las artes dañinas de pesca.
Foto de portada: Pescador artesanal de Cabo Blanco en plena faena. Crédito: Norte Sostenible.
