A cuatro días de las elecciones generales del domingo 12 de abril, el país sigue sin conocer quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial. Con más del 90% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la lideresa de Fuerza Popular se mantiene en el primer lugar con 17%.
Sin embargo, la disputa por el segundo puesto es extremadamente ajustada. El izquierdista Roberto Sánchez alcanza el 11.9% (1’880,257 votos), seguido muy de cerca del ultraderechista Rafael López Aliaga con 11.9% (1’873,542 votos), una diferencia de apenas 6,715 votos. Más atrás, aunque aún en competencia, se ubica Jorge Nieto con 11.075%, de centroderecha.
Para el especialista electoral Juan Carlos Álamo, exabogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el foco ya no está únicamente en el conteo de la ONPE, sino en lo que ocurrirá con las actas observadas.
“Lo que se muestra actualmente son actas contabilizadas, pero las actas observadas siguen un proceso distinto y no forman parte del conteo final hasta que sean resueltas”, explicó.
Hasta las 4 de la tarde, se registraron 5,413 actas observadas (5.835%) y 1,029 actas pendientes (1.109%). Estas cifras representan más de un millón y medio de votos en juego, los cuales serán evaluados por los Jurados Electorales Especiales (JEE).
«Cada acta contiene 300 votos en promedio. Si hacemos la operación con 5,413 actas observadas, estamos hablando de 1,623,900 votos que se encuentran todavía en el aire, no contabilizados por las ODP», explica Álamo.
Considerando que la diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de apenas 6,715 votos; y entre López Aliaga y Nieto, la brecha asciende a 134,282, los más de un millón de votos fácilmente pueden cambiar el panorama.
¿Cuál es el procedimiento?
Una vez que las actas son derivadas a los jurados electorales especiales, ya sea por errores numéricos (cuando la suma de los votos no coincide con el total de ciudadanos que votaron), por ser ilegible o por la falta de firmas de los miembros de mesa, se activa un proceso regulado por la Resolución 1805 del JNE. Los jurados tienen un plazo de tres días para calificar y resolver cada acta desde su recepción.
Luego de ello, las organizaciones políticas que no estén conformes con la decisión pueden impugnar dentro del día calendario siguiente ante el JNE, que convocará a una audiencia pública para determinar la validez, anulación o corrección del acta.
Álamo estima que, si bien el conteo de la ONPE podría alcanzar el 100% esta semana, la resolución de las actas observadas tomará al menos dos semanas adicionales. El límite constitucional es claro: la segunda vuelta debe realizarse en junio para que el cambio de mando sea antes del 28 de julio.
¿Dónde están las actas y qué candidato favorecen?
La distribución territorial de estas actas añade complejidad al panorama. Hasta el cierre de esta edición, Lima concentra el mayor volumen, con 1,179 actas para envío al JEE. Le sigue Piura con 428, La Libertad con 389, Loreto con 397, Callao con 125, Cajamarca con 238, Huánuco con 211, Ica con 228, Junín con 171, Lambayeque con 168, Puno con 102, entre otras regiones.
Los resultados preliminares muestran dinámicas electorales diferenciadas. En Lima, Rafael López Aliaga lidera con 19.9%, seguido por Keiko Fujimori con 17.8% y Jorge Nieto con 15.1%, mientras Roberto Sánchez queda relegado con apenas 3.2%. El bolsón de actas limeño podría, en teoría, beneficiar a López Aliaga o Nieto.
En contraste, en Piura, la segunda región con más actas observadas, Fujimori alcanza un sólido 27.9%, mientras que Sánchez se ubica segundo con 11.3%, seguido por Nieto (8.7%) y López Aliaga (8.6%).
«Si hay mayor cantidad de actas en Lima, ya sabemos qué candidato tiene mayor porcentaje allí. Y así sucede con cada jurisdicción», apunta Álamo. «Las organizaciones políticas que quieran saber algo más concreto deben identificar de dónde son exactamente esas actas.»
Álamo reconoce que la acumulación de actas observadas, la mayor registrada en la historia democrática reciente del país, tiene un costo social. «Esto lleva a una desconfianza ciudadana, porque la gente pregunta: ¿por qué tantas actas no fueron bien llenadas?, ¿por qué tanto tiempo?». La falta de educación electoral, sumada a los errores de los miembros de mesa, ha derivado en un volumen inusual de actas con errores numéricos, ilegibilidad o ausencia de firmas.
El proceso seguirá su curso legal. Los jurados electorales especiales de cada región deberán trabajar acta por acta, y sus decisiones podrán ser impugnadas. Solo entonces, con todos esos votos procesados, el Perú sabrá con certeza quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial.
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