Una denuncia anónima ingresada en junio de 2025 abrió la puerta a una investigación que hoy compromete a uno de los funcionarios del Gobierno Regional Piura, liderado por Luis Neyra León. El Órgano de Control Institucional (OCI) determinó, a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N° 009-2026-OCI/5349-AOP, emitido el 17 de abril de 2026, que Eddy William Gives Mujica, jefe del Centro Regional de Planeamiento Estratégico (CEPLAR), habría cobrado remuneraciones completas del Estado mientras se encontraba realizando actividades académicas fuera de su puesto.
El caso no es aislado. El funcionario ya había sido objeto de cuestionamientos por su designación como gerente general durante la gestión de Neyra y por sus vínculos con César Reyes. Ahora, la Contraloría General de la República advierte un nuevo hecho que refuerza las alertas sobre su desempeño en el aparato público.
Viaje a Colombia fue reportado como comisión en Lima
El 26 de octubre de 2024, Gives Mujica salió del Perú con destino a Colombia. Permaneció fuera hasta el 9 de noviembre. Sin embargo, durante ese período, Gives Mujica firmó memorandos internos encargando el despacho del CEPLAR a Jean Milton Ramírez Montenegro, argumentando que se ausentaba por «comisión de servicios a la ciudad de Lima».
La Contraloría cruzó esa información con los registros de la Superintendencia Nacional de Migraciones y descubrió que la comisión reportada no coincide con el desplazamiento real.
El motivo real del viaje fue una pasantía internacional en la Universidad de Cundinamarca, para la cual contaba con licencia con goce de haber otorgada por la Universidad Nacional de Piura (UNP), donde también se desempeña como docente.
Esto implicó que el funcionario recibiera ingresos simultáneos: por un lado, su remuneración universitaria durante la licencia y, por otro, su sueldo completo en el Gobierno Regional por una comisión inexistente.
«Lo consignado por el funcionario sobre comisión de servicios a la ciudad de Lima no se ajusta a la verdad», concluye el informe de la Contraloría.
Actividades en Trujillo fueron justificadas como comisión oficial
El segundo episodio se registró entre el 26 y el 30 de mayo de 2025. Esta vez, Gives Mujica tramitó una comisión de servicios del CEPLAR hacia Huamachuco – Trujillo. Sin embargo, la Contraloría verificó que durante esos mismos días el funcionario integraba el jurado evaluador de un concurso público docente en la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA), con sede en Huamachuco.
La universidad lo designó como secretario del jurado mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 165-2025-CO-UNCA, y el propio jurado firmó los resultados finales el 30 de mayo, coincidiendo exactamente con el período de la «comisión oficial» del CEPLAR.
Para la Contraloría, estas actividades no guardan relación con las funciones del cargo público que desempeñaba. Aun así, no se registraron descuentos en sus remuneraciones durante ese periodo. Así lo confirmó la Oficina Regional de Recursos Humanos al remitir las planillas de los períodos 2024 y 2025.
Un cargo inventado
La investigación también detectó una irregularidad administrativa. En junio de 2024, Gives Mujica asignó funciones de “Coordinador en Actividades Operativas del CEPLAR” al señor Jean Milton Ramírez Montenegro, mediante memorando interno.
No obstante, dicho puesto no figura en el Manual de Organización y Funciones (MOF) vigente de la entidad, aprobado por resolución regional.
A pesar de la falta de sustento normativo, el colaborador ejerció funciones operativas: recibió encargos de despacho, gestionó comunicaciones oficiales y coordinó con otras áreas del Gobierno Regional. El organigrama oficial de la unidad solo contempla cuatro puestos: director de sistema administrativo, secretaria, chofer y trabajador de servicios.
La Contraloría calificó este hecho como una “designación irregular”, al implicar el ejercicio de funciones sin respaldo legal.
El informe ha sido remitido a la máxima autoridad del Gobierno Regional de Piura, con la recomendación de adoptar medidas para determinar responsabilidades. El documento no establece sanciones, pero advierte indicios que deben ser evaluados en el ámbito administrativo.
