La Fiscalía presentó una serie de elementos de convicción que comprometerían a la regidora de Veintiséis de Octubre, Patricia Aurelia Niño Febres, en el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle. Entre las principales pruebas figura el testimonio de un integrante de la presunta organización criminal que aseguró que la concejal informó en tiempo real los movimientos de la víctima minutos antes del atentado.
Durante la audiencia de prisión preventiva, el Ministerio Público sostuvo que Patricia Niño mantuvo comunicación directa con César Augusto Sánchez Cornejo, alias “La Muerte”, señalado como líder de la banda criminal Los Augusto y presunto coordinador de la ejecución del crimen ocurrido el 21 de mayo. De acuerdo con la investigación, Sánchez Cornejo permanece prófugo de la justicia.
Según declaró William Hernán Tezén Gonza, alias “Pocholas”, aquel día los implicados se encontraban reunidos en una vivienda del asentamiento Nueva Esperanza (Veintiséis de Octubre) cuando Sánchez Cornejo recibió varias llamadas telefónicas de la regidora, entre las 11.00 a.m. y 1.00 p.m. De acuerdo con su versión, “La Muerte” informó al grupo que era “la seño” o “la seño regidora”, quien se comunicaba para dar instrucciones.
El testigo afirmó que una de esas llamadas resultó determinante para la ejecución del ataque. “Está saliendo”, habría advertido Patricia Niño al informar que el alcalde abandonaba la Municipalidad de Veintiséis de Octubre a bordo de su camioneta.
Según los registros municipales, Víctor Hugo Febre abandonó las instalaciones de la comuna aproximadamente a las 13:45 horas junto a su chofer para dirigirse a almorzar.
Cinco minutos después, a las 13:50 horas, cámaras de videovigilancia captaron el momento en que una motocicleta tipo scooter, que realizaba labores de reglaje en los exteriores de la municipalidad, inició su desplazamiento tras advertir la salida de la camioneta del alcalde.
La fiscalía sostiene que, mientras se desarrollaba el seguimiento, alias “La Muerte” recibió además una llamada de Daybis Gallo Lozada, alias “Chino Papo”, quien le confirmó: “Ya salió Hugo Fe”. Tras esta comunicación, los hampones iniciaron el seguimiento definitivo a bordo de una mototaxi roja.
Minutos después, alrededor de las 2:00 de la tarde, el atentado fue ejecutado en el sector UPIS Ricardo Palma.
La investigación también recoge la declaración del interno Eric Camacho Montenegro, quien aseguró que en septiembre de 2025 fue contactado por Patricia Niño para realizar labores de seguimiento al alcalde.
Camacho relató que la regidora —quien anteriormente había sido su abogada— le mostró una fotografía de Víctor Hugo Febre y le ofreció S/200 y US$500 para que realizara el encargo.
Aunque afirmó que nunca cumplió la misión y utilizó el dinero para comprar una motocicleta, la fiscalía considera este episodio como un antecedente relevante dentro de la presunta planificación del crimen.
Su testimonio coincide con una denuncia presentada por el propio alcalde en noviembre de 2025 ante la Divincri. En aquella oportunidad, Febre reportó mensajes extorsivos en los que desconocidos le advertían que existía dinero destinado a financiar su asesinato, aunque el encargado de ejecutarlo no había cumplido con el trabajo porque “había quedado mal con el pago”.
El testimonio de la viuda
Otro de los testimonios que sustentan la tesis fiscal es el de Luzmeri Saavedra Suárez, conviviente de la víctima.
La mujer declaró que semanas antes del atentado observó a Patricia Niño frente a la cochera de la municipalidad en actitud sospechosa. Según su relato, la regidora permanecía sentada en una motocicleta con el teléfono celular en la mano, aparentemente vigilando la salida del vehículo oficial del alcalde.
Saavedra también aseguró que la concejal mantenía una constante campaña de hostigamiento contra la autoridad edil desde el inicio de la gestión municipal en 2023.
Según declaró, la confrontación incluía denuncias, pedidos de vacancia, ataques públicos y publicaciones ofensivas en redes sociales. Incluso recordó un comentario atribuido a la regidora en el que, al referirse a una excavación de una obra, habría señalado que en ese hueco “se debe enterrar” al alcalde.
El papel de alias “La Muerte” y alias ‘’Pocholas’’
Por otro lado, la investigación fiscal identifica a César Augusto Sánchez Cornejo, alias “La Muerte”, como el principal operador de la presunta organización criminal »Los Augusto».
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, era el nexo entre Patricia Niño y los ejecutores del atentado. También habría reclutado a diversos integrantes de la banda, como a Daybis Omar Gallo Lozada, alias «Chino Papo», a John Darwin Ponce Torres, alias «La Pájara», para que este viajara a Chimbote a recoger al sicario encargado de efectuar los disparos.
El día del crimen encabezó una reunión en Nueva Esperanza y posteriormente participó en la vigilancia de la víctima desde una mototaxi roja estacionada cerca de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre.
La fiscalía sostiene además que, durante el seguimiento al alcalde, Sánchez Cornejo recibió la confirmación de la ejecución y exclamó: “Ya causa, ya escuché los disparos”.
Dentro de la organización también era conocido con el alias de “Finanzas” debido al manejo de recursos económicos relacionados con las actividades ilícitas.
Tras el atentado, habría coordinado la fuga de los implicados hacia distintas “caletas” para evitar su captura.
El Ministerio Público también solicita 18 meses de prisión preventiva para William Hernán Tezén Gonza, alias “Pocholas”, a quien atribuye funciones logísticas dentro de la presunta organización criminal.
Según su propia declaración, permitió que varios de los implicados se reunieran en la vivienda de su conviviente, ubicada en el sector Nueva Esperanza, donde se habrían realizado las coordinaciones finales antes del atentado.
También reconoció haber acompañado a alias “La Muerte” hasta los exteriores de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre para realizar labores de vigilancia mientras esperaban la salida del alcalde.
De acuerdo con la investigación, Hernán Tezén permaneció en una mototaxi que siguió a distancia la camioneta de la autoridad edil hasta las inmediaciones del lugar donde se produjeron los disparos.
En su declaración también reconoció conocer a la regidora Patricia Niño desde 2018 (quien fue abogada de su hermano) y haber compartido tiempo en prisión con alias «La Muerte» y alias «Chino Papo», lo que refuerza la tesis de la banda criminal.
La Fiscalía sostiene además que existen registros de video y una pericia de antropología forense que lo ubican en los escenarios vinculados al crimen. Tras el atentado, permaneció oculto en viviendas de familiares hasta su captura.
La desaparición del celular
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la audiencia fue la pérdida del teléfono celular principal de la regidora.
Patricia Niño informó que extravió el equipo correspondiente a una línea terminada en 584 el 23 de mayo de 2026, apenas dos días después del asesinato.
La fiscalía considera que este hecho podría constituir un intento de ocultar evidencia relacionada con llamadas y mensajes vinculados a la planificación del atentado.
Además, cuando la policía acudió a su domicilio el 26 de mayo, encontró la vivienda desocupada. Vecinos informaron que no la habían visto en varios días.
Un posible móvil político
Para la fiscalía, el asesinato habría sido el resultado de una planificación concertada en un contexto de enfrentamiento político entre la regidora y el alcalde.
Durante la audiencia se recordó que Patricia Niño impulsó diversas acciones de fiscalización, denuncias penales y pedidos de vacancia contra Víctor Hugo Febre desde el inicio de su gestión.
A ello se suman las amenazas y extorsiones que la víctima denunció durante los meses previos al atentado.
En noviembre de 2025, el alcalde reportó mensajes en los que desconocidos afirmaban conocer sus movimientos y los de su familia. También le advertían que existía una suma de dinero destinada a acabar con su vida.
Meses después, en febrero de 2026, recibió nuevas amenazas acompañadas de fotografías de la fachada de su vivienda.
Según la tesis fiscal, estos hechos evidencian que la víctima era objeto de seguimiento permanente y que el crimen habría sido precedido por actos preparatorios.
La audiencia fue suspendida y continuará este viernes con la participación de las defensas técnicas, tras lo cual el juez deberá decidir si dicta o no los 18 meses de prisión preventiva solicitados por el Ministerio Público.
