La preocupación por una eventual emergencia asociada al fenómeno El Niño volvió a poner bajo cuestionamiento la capacidad de prevención y respuesta de las autoridades de Piura. Vecinos y representantes de organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Fiscalía de Prevención del Delito una denuncia de más de 30 páginas, respaldada por 170 firmas recogidas en dos días, en la que solicitan una intervención preventiva frente al riesgo de inundaciones durante el verano 2026-2027.
La denuncia fue presentada por la Coordinadora Ciudadana de Piura. Sus integrantes sostienen que, nueve años después de las inundaciones de 2017, la región continúa expuesta y que varias de las soluciones estructurales anunciadas para reducir el riesgo aún no se han materializado.
Mela Salazar, integrante de la organización, precisó que el objetivo no es atribuir de manera anticipada responsabilidad penal a determinadas autoridades, sino que la Fiscalía solicite información, realice inspecciones y determine si existieron eventuales omisiones en el cumplimiento de las obligaciones de prevención y gestión del riesgo de desastres.
“Nosotros lo que estamos solicitando a la Fiscalía es que efectivamente investigue, haga un requerimiento de información exhaustiva a todas las entidades: al Gobierno Regional, la Municipalidad de Piura, la ANA, Midagri”, señaló.
Un riesgo advertido por las propias entidades
El documento presentado ante el Ministerio Público toma como referencia información oficial para sustentar que el riesgo de inundaciones no constituye un escenario hipotético. Entre otros elementos, cita el Comunicado Oficial ENFEN N° 14-2026, que mantiene vigente la alerta de El Niño Costero y proyecta una magnitud entre fuerte y extraordinaria hasta el verano de 2027.
La denuncia también recoge información de la Autoridad Nacional del Agua, que ha identificado 94 puntos críticos ante inundaciones y erosión fluvial en Piura.
Los ciudadanos recuerdan además lo ocurrido el 27 de marzo de 2017, cuando el río Piura alcanzó un caudal de 3,800 metros cúbicos por segundo. Según las cifras citadas en el documento, aquel evento dejó 464,974 personas damnificadas y afectadas y más de 105,000 viviendas destruidas o afectadas en los 65 distritos de la región. Para los denunciantes, este antecedente hace particularmente relevante evaluar las medidas adoptadas desde entonces.
Uno de los puntos que solicitan inspeccionar es el puente Cáceres. La denuncia recoge un diagnóstico municipal de 2025 que calificó su estado de conservación como “malo” y recuerda que desde hace más de dos décadas existen advertencias técnicas sobre el estrechamiento de la sección hidráulica del río en ese sector.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con las soluciones estructurales planteadas para reducir el riesgo de inundaciones en Piura.
La denuncia señala que tanto el proyecto integral de drenaje pluvial para Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos como el proyecto de control de inundaciones del río Piura —valorizado en más de S/4,900 millones— recién obtuvieron viabilidad en junio y julio de este año. Por ello, ninguna de estas iniciativas cuenta todavía con obras construidas que permitan enfrentar el próximo periodo de lluvias.
A ello se suma una observación de la Contraloría General de la República. Según el documento ciudadano, el organismo de control advirtió en marzo que el Gobierno Regional de Piura no priorizó durante 2025 procesos de selección vinculados con la mitigación de riesgos por lluvias o desbordes del río y que solo ejecutó el 31,6% del presupuesto asignado a la partida 0068, destinada a la reducción de la vulnerabilidad frente a desastres.
La obra del centro de Piura, en el centro de las críticas
La denuncia también cuestiona la ejecución de las obras de pistas, veredas y drenaje pluvial en el centro histórico de Piura, proyecto que demanda alrededor de S/113 millones, pero que no estarán listas para antes que empiecen las lluvias, previstas para noviembre.
Los vecinos sostienen que los retrasos han complicado el tránsito peatonal y generado accidentes en una zona de alta actividad comercial. Gloria Hurtado, vecina del centro, señaló que una reunión sostenida con representantes del Gobierno Regional un día antes de la presentación de la denuncia no permitió alcanzar soluciones concretas.
“Fue un saludo a la bandera. Quisieron tomarnos el pelo, pero nosotros ya estamos cansados”, afirmó. También cuestionó que, pese a que se había planteado culminar las calles intervenidas el 30 de noviembre, no perciben avances suficientes para asegurar que los trabajos concluyan antes de la temporada de lluvias.
Jorge Burneo, otro de los vecinos, cuestionó directamente a la gestión del gobernador regional Luis Neyra y a la empresa contratista. Según dijo, las zanjas y los cruces provisionales instalados en las calles han generado “cientos” de accidentes.
“Los pobladores del centro de Piura estamos enfermos, estamos estresados (…) muchas personas de la tercera edad han quedado secuestradas en su casa”, manifestó.
Los vecinos precisan que no se oponen a la ejecución del proyecto, sino a la forma en que se vienen desarrollando los trabajos.
El reclamo ciudadano coincide con una nueva modificación del cronograma de la obra de drenaje pluvial del cercado de Piura.
De acuerdo con la Resolución Gerencial Regional N° 156-2026, del 26 de agosto, el Gobierno Regional otorgó a Corporación Diamante Jubers S.A.C. una ampliación de plazo de 28 días calendario. La entidad atribuyó el retraso a la existencia de redes de agua potable y alcantarillado no previstas inicialmente, consideradas como un “vicio oculto”.
El problema provocó la paralización de actividades de cimentación entre el 13 de junio y el 10 de julio y afectó la ruta crítica del cronograma. Con la nueva ampliación, el término de la obra pasó del 21 de setiembre al 19 de octubre de 2026.
Los datos de Invierte.pe citados en el expediente muestran la dimensión del retraso: a julio, el avance físico real era de 18.49%, frente al 74.82% programado. Esto representa una brecha del 56.35%.
Pese a ello, se aprobó un presupuesto adicional de S/248,999.40, equivalente al 0.365% del monto contractual original. La obra paralela de pistas y veredas del centro histórico, en tanto, reporta a agosto un avance acumulado de 22.98%, con un atraso de 5.48% frente a lo programado.
Tanque de tormentas: otro foco de controversia
La ubicación del proyectado tanque de tormentas bajo la Plaza Tres Culturas constituye otro de los principales cuestionamientos planteados por los vecinos.
El proyecto contempla construir una estructura de aproximadamente nueve metros de profundidad para recibir las aguas pluviales del centro de la ciudad y posteriormente bombearlas hacia el río Piura. Vecinos, especialistas y colegios profesionales cuestionan desde marzo de 2025 esta ubicación, debido a las características del terreno, su proximidad al río y la presencia de una napa freática alta.
Ricardo Parra, vecino del sector, sostuvo que el drenaje pluvial es necesario, pero cuestionó la alternativa elegida para resolverlo.
“El tanque de tormentas no debe de ir. Lo dijimos desde un inicio y lo mantendremos diciendo”, señaló.
Según las cifras recogidas en la denuncia, la intervención reduciría en 65% el espacio útil del parque y afectaría parte de su arbolado.
Por ello, los denunciantes solicitaron a la Fiscalía que requiera al Gobierno Regional el expediente técnico completo, los estudios de napa freática y las alternativas de ubicación evaluadas. También plantearon una inspección conjunta con especialistas para determinar si existe suficiente sustento técnico para intervenir el espacio.
Cuestionamientos a la gestión de Luis Neyra
Las críticas ciudadanas alcanzan también al gobernador regional Luis Neyra. La Coordinadora Ciudadana cuestiona que la administración regional no haya asumido, según su percepción, un liderazgo suficiente frente al riesgo de inundaciones y que haya concentrado parte de sus esfuerzos en proyectos urbanos.
“Parece más que una gestión regional, una gestión municipal”, sostuvo Salazar.
La dirigente cuestionó que, mientras se ejecutan obras en avenidas, polideportivos y el centro histórico, continúen pendientes problemas relacionados con el río Piura, las defensas y las acciones de prevención.
Otro de los puntos de discrepancia es la descolmatación del río Piura. Según Salazar, Neyra ha sostenido que esta intervención corresponde a la Autoridad Nacional del Agua y que, por ello, el Gobierno Regional no puede disponer de su maquinaria para ejecutar esos trabajos.
Para la dirigente, sin embargo, la discusión debería centrarse en la capacidad de articulación de las autoridades ante una amenaza que compromete a toda la región.
“¿Por qué no más bien lidera esto?”, cuestionó.
Los ciudadanos también cuestionan que se continúen asignando recursos a las autoridades regionales cuando, a su juicio, los resultados de los últimos años no se condicen con las necesidades de prevención.
“Durante todos estos años han pasado por aquí cientos de millones de soles y no vemos los ciudadanos que nuestra calidad de vida mejore en algo. Seguimos más vulnerables y en peores condiciones que antes”, afirmó Salazar.
La denuncia ahora queda en manos de la Fiscalía de Prevención del Delito, que deberá evaluar el pedido ciudadano y, de considerarlo pertinente, solicitar información a las entidades involucradas y disponer las diligencias preventivas que correspondan.
