La Contraloría General de la República advirtió seis problemas en los trabajos de limpieza y descolmatación del río Piura que ejecuta la Autoridad Nacional del Agua (ANA) como medida de mitigación ante el Fenómeno de El Niño 2026-2027. Las observaciones corresponden a dos sectores: Ejidos-Puente Bolognesi, en la ciudad de Piura, y El Milagro-La Encantada, en Chulucanas, provincia de Morropón.
Los informes de control identificaron deficiencias que podrían retrasar los trabajos y afectar el uso adecuado del dinero público. Entre los hallazgos figuran la falta de una ficha técnica definitiva, la acumulación de material que no ha sido retirado del cauce, el riesgo de pagar dos veces por combustible y diferencias entre los vales de abastecimiento y los registros de la obra.
Piura: descolmatación avanza, pero falta retirar el material del río
El primer informe de la Contraloría, N° 13516-2026, del 17 de setiembre, revisó los trabajos en el tramo de 4.85 kilómetros entre la represa Los Ejidos y el puente Bolognesi. La intervención tiene un presupuesto referencial de S/8 millones y se desarrolla en una zona de peligro muy alto, donde unos 15,000 habitantes están expuestos.
Los trabajos comenzaron el 3 de agosto y, según el cronograma, deben terminar el 4 de noviembre. Sin embargo, el avance registrado hasta el 16 de setiembre mostraba una diferencia entre la cantidad de tierra extraída y la longitud del río intervenida.
El visor de la ANA reportaba 293,685 metros cúbicos de material extraído, equivalente al 53.95% de lo programado. No obstante, solo se había intervenido 1.67 kilómetros de los 4.85 kilómetros previstos, es decir, el 34.44%.
Una de las principales observaciones es que los trabajos de retiro del material avanzan más lento que la limpieza del cauce. Según el residente de obra, al 15 de setiembre se había retirado material del río en un 53.21%, pero la eliminación de la tierra y la maleza acumuladas apenas llegaba al 24.68%.
Esta diferencia, de más de 28 puntos porcentuales, ocasiona que parte del material extraído permanezca acumulado a lo largo del cauce.
La ANA tenía asignados 35 vehículos y equipos para estos trabajos, entre ellos cuatro tractores de orugas, seis cargadores frontales, tres excavadoras y 15 volquetes. También recibía apoyo de la Municipalidad Provincial de Piura y del Gobierno Regional, pero sus volquetes trabajaban solo en un turno.
Según funcionarios de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque-Zarumilla, no podían contratar más maquinaria ni operadores debido a las restricciones establecidas en el Decreto de Urgencia N°008-2026, que limita el gasto al uso de equipos adquiridos por la ANA mediante una norma anterior.
La Contraloría también advirtió que parte de la maquinaria estaba programada para trasladarse, desde el 24 de setiembre, al sector Cerezal-El Papayo. En esa zona se habían previsto 47 días de trabajos, hasta el 12 de noviembre. El traslado podría retrasar aún más la intervención entre Los Ejidos y el puente Bolognesi. El informe no confirma si finalmente se realizó.
Otra observación es que la intervención avanzaba sin contar con una ficha técnica definitiva aprobada, documento que establece las características y cantidades de material que se deben retirar.
La ficha referencial, elaborada el 23 de noviembre de 2025, contemplaba retirar 288,090 metros cúbicos de material. Sin embargo, el visor de la ANA registraba más de 544,000 metros cúbicos programados para el mismo tramo.
La Contraloría señaló que esta diferencia debía ser aclarada. Según los responsables de la obra, mientras se completaba la documentación trabajaban con información topográfica recogida en campo.
El tercer problema está relacionado con la compra de diésel para la maquinaria. Los equipos que trabajan en el tramo ya recibían combustible mediante un convenio con el Grupo Romero, valorizado en S/7 millones y con aproximadamente 276,000 galones.
Pese a ello, la Contraloría detectó que otra contratación de la ANA, por S/26.5 millones, también incluía combustible para la maquinaria asignada a este sector. Según los documentos revisados, la contratación directa N° 019-2026-ANA-1 contemplaba la compra de diésel para la flota de la ANA. El supervisor de la obra indicó que, desde el 21 de setiembre, las unidades comenzarían a abastecerse con el combustible adquirido por la entidad.
Para la Contraloría, esta situación genera el riesgo de duplicar gastos por combustible destinado a las mismas máquinas y podría afectar el uso adecuado de los recursos públicos.
Volquetes circulan sin señalización
La cuarta observación corresponde a la seguridad durante los trabajos. La Contraloría constató que los volquetes de la ANA y de las entidades que apoyan la intervención circulaban por una calle sin señalización, cerca de la institución educativa N°14103 Ejidos Norte, hasta llegar al cruce con la carretera Curumuy.
Por esa misma vía transitaban peatones y otros vehículos sin restricciones, lo que exponía a la población a posibles accidentes.
Además, se comprobó que la obra cuenta con alrededor de 83 trabajadores, incluidos operadores, guardianes y vigías, pero se tiene un solo profesional encargado de la seguridad y salud ocupacional.
Chulucanas: Contraloría detecta diferencias en los registros de combustible
El segundo informe, N° 16721-2026, del 1 de octubre, revisó los trabajos en el sector El Milagro-La Encantada, en Chulucanas. La intervención comprende 2.9 kilómetros de la margen izquierda del río Piura, tiene un presupuesto referencial de S/11.8 millones y se desarrolla en una zona de peligro muy alto, donde unos 6,500 habitantes están expuestos.
Los trabajos comenzaron el 4 de setiembre y deben culminar el 21 de diciembre. Al 29 de setiembre, la ANA reportaba 52,100 metros cúbicos de material extraído, el 59.89% de los 87,000 metros cúbicos programados. Sin embargo, solo se había intervenido 640 metros de los 2.9 kilómetros previstos, equivalente al 21.90%.
La Contraloría identificó dos problemas en este sector. El primero corresponde a diferencias entre los vales de combustible y los registros diarios de la obra.
La empresa proveedora PEYSA II presentó una factura por S/205.946,40 por el suministro de 7.101,60 galones de diésel entre el 4 y el 17 de setiembre. Sin embargo, al comparar los vales con el cuaderno de ocurrencias, la comisión encontró datos que no coincidían.
Uno de los casos ocurrió el 9 de setiembre. El cuaderno de obra registraba un consumo de 12,40 galones para un tractor de orugas Caterpillar D8 durante el primer turno, mientras que el vale de combustible consignaba 124 galones. La diferencia era de 111,6 galones.
También se encontraron diferencias en los registros de la torre de iluminación, el cargador frontal y una camioneta. Por ejemplo, el 4 de setiembre se emitió un vale por 33 galones para la torre de iluminación, aunque el cuaderno de obra no registraba combustible para ese equipo durante esa jornada.
En el caso de una camioneta, el cuaderno indicaba que al cierre del turno, a la 1.00 p. m. del 9 de setiembre, tenía 216,601 kilómetros recorridos. Sin embargo, un vale emitido ese mismo día a las 9.16 a. m. ya registraba 216,615 kilómetros.
Estas diferencias generan el riesgo de pagar por combustible que no habría sido utilizado en los trabajos de descolmatación.
El segundo problema corresponde a la paralización del único cargador frontal asignado a la obra, un John Deere 644G, que presentó fallas desde el primer día.
El 4 de setiembre, la máquina dejó de funcionar por un problema de calentamiento en la transmisión. El 7 de setiembre operó de manera intermitente y el 12 volvió a detenerse, a la espera de los resultados de un análisis de laboratorio del aceite.
El 17 de setiembre se suspendió a sus operadores de ambos turnos. Posteriormente, un informe técnico del 26 de setiembre sustentó la entrega del equipo a la Autoridad Administrativa del Agua, debido a que permanecía inoperativo desde el 16 de ese mes. Durante una visita realizada el 28 de setiembre, la comisión de la Contraloría encontró el cargador frontal detenido en el patio de máquinas.
El segundo informe también actualizó el estado de las cuatro observaciones detectadas inicialmente en el tramo Ejidos-Puente Bolognesi. De estas, tres seguían pendientes de solución: la falta de maquinaria para retirar el material extraído, el riesgo de duplicar gastos por combustible y las deficiencias en las medidas de seguridad.
En los tres casos, la ANA había informado sobre las medidas adoptadas; sin embargo, las observaciones aún no habían sido corregidas dentro del plazo establecido. Por ello, la Contraloría notificó los informes al jefe de la entidad, Juan Carlos Castro Vargas, y le solicitó presentar, en un máximo de cinco días hábiles, la documentación que sustente las acciones correctivas o preventivas implementadas.
