La audiencia para determinar la situación legal de Alexandro Vilela Jiménez, de 30 años, investigado por la presunta agresión contra la influencer y comunicadora piurana Karolay Saldarriaga Ruiz, fue reprogramada para este jueves 29 de octubre, a las 10 a. m. La diligencia estaba prevista para el mediodía de este miércoles 28 en uno de los juzgados de la Unidad de Flagrancia de Piura.
La postergación mantiene en expectativa a los familiares y amigos de la joven, quienes llegaron antes del mediodía a la sede judicial para exigir que el investigado no afronte el proceso en libertad. Karolay, de 29 años, permanece hospitalizada por las lesiones que sufrió, según informaron sus familiares.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el Ministerio Público, a través de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, evaluaría modificar su requerimiento de comparecencia con restricciones por uno de prisión preventiva. También se evaluaría cambiar la calificación de lesiones leves a presunta tentativa de feminicidio.
La decisión judicial será determinante para establecer si Vilela Jiménez afrontará la investigación en libertad, bajo comparecencia, o si se dicta una medida de prisión preventiva, conforme a lo que resuelva el juzgado.
Familiares piden justicia
Durante la protesta, Carlos Saldarriaga, padre de Karolay, pidió que el investigado sea enviado a prisión y cuestionó la posibilidad de que el caso se mantenga bajo una calificación que considera insuficiente frente a la gravedad de las lesiones.
“Mi hija en estos momentos se encuentra hospitalizada con un dolor fuerte de la cabeza, los ojos hinchados, las costillas adoloridas, el estómago adolorido”, manifestó.
El padre afirmó que la relación sentimental entre ambos ya había terminado y que su hija habría recibido amenazas. Según su testimonio, ella no había contado antes a la familia la magnitud de los episodios de violencia por temor a posibles represalias contra sus padres y su hermana.
La madre de la joven también cuestionó que el denunciado continúe en libertad pese a los antecedentes que le atribuye. Durante la entrevista sostuvo que el hombre tendría nueve denuncias por maltrato contra mujeres.
Entre los antecedentes consignados en la información del caso figuran denuncias por presunta violencia física y psicológica en 2019, una intervención en 2020 por una presunta agresión contra un conductor y daños a su vehículo, y una captura en 2024 vinculada a un proceso por lesiones relacionadas con violencia familiar. Estos antecedentes deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Las primas de Karolay señalaron que la joven habría experimentado conductas de control y celos durante la relación. Una de ellas afirmó haber presenciado episodios en los que el denunciado supuestamente la gritaba, la jaloneaba e intentaba impedir que se reuniera con sus amistades.
Otra familiar sostuvo que Karolay habría dejado de aceptar oportunidades laborales y reducido sus actividades por las restricciones que, según su versión, le imponía su pareja.
“Justicia, no solamente para ella, sino para todas las mujeres que sufren de violencia física y verbal. No es justo. Y no debemos normalizar que agredir a las mujeres sea normal”, expresó una de sus familiares durante la manifestación.
Defensoría exige celeridad y medidas de protección
Ante la gravedad del caso, la Defensoría del Pueblo condenó la agresión denunciada y exhortó al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con celeridad.
La institución pidió que se evalúen los antecedentes del investigado y se dicten medidas de protección urgentes para salvaguardar la vida de Karolay y la de sus familiares.
“ No más impunidad ante la violencia contra las mujeres”, señaló la Defensoría en su pronunciamiento difundido en redes sociales.
En la misma línea, el congresista Félix Chang difundió un pronunciamiento en el que expresó su solidaridad con la joven y su familia. El parlamentario pidió al Ministerio Público evaluar rigurosamente las evidencias y determinar si corresponde una calificación jurídica distinta, considerando la posible comisión del delito de tentativa de feminicidio.
Chang también remarcó que la violencia contra las mujeres no debe minimizarse y que los responsables deben recibir la sanción que corresponda conforme a ley.
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